Hay pocas mujeres trabajando en el lugar, pero ella dice que se siente bien y segura. Trabaja junto a su pareja y entre los clasificadores irregulares las zonas se respetan. El área es grande pero hay quienes reclaman que ya no hay espacio para los nuevos.
La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) ha mantenido conversaciones con los clasificadores de la cantera (Usina 8), que no pertenecen al sindicato. Son unos 100 los que frecuentan la usina. Unas decenas se encuentran en la parte de atrás y buscan entre montañas bajas de basura al ras del piso. Los demás ingresan directamente por la entrada oficial de la pavimentada Felipe Cardoso con anuencia de funcionarios de la Intendencia que reciben una compensación por dejarlos pasar, según dijeron a Búsqueda varias fuentes. Suben en vehículos y cargan comida para chanchos y materiales de reciclaje varios.
“En la usina hay un grupo de trabajadores en negro. La intendencia lo sabe y los acepta”, dijo a Búsqueda Juan Carlos Silva, presidente de la Ucrus.
En la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) están preocupados por la presencia de clasificadores irregulares que pasan sus días sumergidos en la basura de la usina y estiman que la situación empeorará con el tiempo, comentó a Búsqueda su secretario general, Facundo Cladera. La inquietud radica en el peligro que supone para los empleados municipales manejar la maquinaria pesada con esos individuos alrededor, dijo el dirigente sindical.
Para cumplir con las actividades de Felipe Cardoso la Intendencia emplea dos máquinas compactadoras de 30 toneladas cada una, seis topadoras de oruga, una retroexcavadora de 20 toneladas, dos palas cargadoras, cinco camiones de carga, una moto niveladora y otros equipos de carga. El área de limpieza de la IMM supera los 1.000 trabajadores, a los que se suman los empleados que trabajan en las empresas de recolección privadas.
Cladera sostuvo que uno de los inconvenientes es que la Policía no quiere entrar para expulsar a los recicladores porque ese trabajo, en medio de una montaña “gigante” de basura, es complejo y poco grato. Además agregó que cuando los funcionarios logran echar a los recicladores, estos toman medidas contra los empelados municipales. “Dos por tres amenazan a algún compañero”, apuntó.
Negocio.
Todas las medidas que ha adoptado el gobierno de Montevideo para reducir el trabajo informal de los recicladores, como prohibir la circulación de carros tirados por caballos en la Ciudad Vieja y el municipio B durante la administración de Ana Olivera, repercuten en un incremento de esos trabajadores en Felipe Cardoso. “La situación se está poniendo fea”, describió Cladera, y manifestó su preocupación por el crecimiento del asentamiento que funciona a solo unas cuadras de la usina.
El gobierno actual promovió una comisión interinstitucional para resolver el problema. Su intención es que esté compuesta por la IMM, los ministerios de Desarrollo Social, del Interior, de Economía y de Trabajo y las autoridades del Municipio E. La idea de instalar un organismo interinstitucional es para tener un panorama más detallado de lo que supone el “negocio de la basura”, un rubro informal en el que los clasificadores son solo un pequeño eslabón, describió Curutchet.
La propuesta impulsada por el gobierno departamental todavía no se ha concretado y el problema se mantiene. De hecho, las administraciones anteriores han tratado de resolverlo sin haber logrado mayores resultados.
Marisol Mallo, asesora en Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, opinó este martes que los recicladores necesitan una “alternativa” y la solución implica una búsqueda que aún hay que encarar “a nivel social y económico”. Lo dijo durante la Jornada de la Cooperación Española sobre gestión de residuos sólidos en ciudades turísticas de Iberoamérica.
Mallo informó que en el país hay 260 puestos de trabajo en las nuevas plantas que recuperan 300 toneladas al mes de material. Las plantas inauguradas en 2013 y puestas en funcionamiento en 2014 en Montevideo emplean a 128 personas.
La Intendencia estima que son unas 3.188 personas, 2.027 hogares y unos 750 carros los que se dedican a esa actividad. Según la Dinama, hay unos 4.000 clasificadores en Montevideo pero la Ucrus cuestiona esos números, reclama un censo nuevo y estima que en total son unos 9.000. Según el gremio, Martínez ya les anticipó en una reunión tras asumir la Intendencia que “no hay rubros”.
“Los clasificadores sufrieron la represión de (la ex intendenta) Ana Olivera y las políticas que implementó fueron de exclusión. Vulneraron nuestros derechos. Fuimos doblemente estafados, nos reprimieron, nos excluyeron y sacaron de Ciudad Vieja y del municipio B y nos quitaron los carros. Además, le entregaron la riqueza de todos los comercios (decreto 34.205) a grandes empresas que se dedican a levantar residuos, que están ahora adelante de la cadena”, protestó Silva
Algunos clasificadores creen que el nuevo sistema permitió que “los ricos se enriquecieran más”, ya que ahora solo camiones y vehículos habilitados pueden recoger en algunas zonas de Montevideo. En algunas áreas los clasificadores no pueden trabajar porque fueron excluidas por la Intendencia y en otras porque se meten en problemas cada vez que van. En Pocitos las protectoras de animales y la policía les cuestiona la presencia, pide documentación y les exige retirarse, como mínimo, si no les quitan el caballo. En Carrasco son los guardias privados los que se encargan de llamar a la policía y las protectoras.
“Reciclando damos una solución social”, dijo Silva. “Pero no hay políticas que apoyen”.
El nuevo sistema de residuos con exclusión de carros del municipio B prevé multas para las empresas que les den a los carros sus desechos. Es necesario contar con un vehículo y abrir una empresa unipersonal. Del universo de los clasificadores “muy pocos” pueden hacerlo, dijo Silva. Él es uno de ellos: se reunió con varios compañeros y a préstamos compraron un vehículo chino que pagarán en cuotas. No les exoneran ni la patente ni el seguro, por lo que Silva concluye que “no hay ayuda” pese al esfuerzo por regularizar su situación. Además se han encontrado con una “injusticia” porque hay “amigos” de funcionarios de la IMM que tienen copada y fija la recolección en los mejores lugares y de las grandes empresas, y a Silva y sus socios se les hace muy difícil encontrar a quienes quieran su servicio. Piden ayuda para comenzar pero no la encuentran.
“A último momento cuando estaba terminando el período de gobierno de Olivera se anunció con bombos y platillos que se habían reconvertido unos 50 clasificadores pero fue por plazos cortos. De las mujeres en fábricas de pasta terminaron trabajando dos, y de los trabajadores de la construcción quedó uno solo. Nos dieron trabajo para tres y seis meses”, reclamó Silva.
El dirigente opina que “son cuestionables todas las políticas públicas del reciclado, inclusive las del Mides”, que “ayudan” pero no resuelven el problema “de fondo”.
Trabajo.
El intento de expulsar a los recicladores de Felipe Cardoso implica una presencia importante de policías y eso genera un conflicto que es inevitable. Si les prohíben el ingreso, el diálogo se corta, explicó Curutchet.
De todas formas, la IMM ya definió algunas líneas de trabajo. Primero apuntará a persuadir a los recicladores de que abandonen el predio. “Hoy estamos en ese marco de retiro voluntario”, comentó el jerarca.
El paso siguiente es prohibir definitivamente su entrada y garantizar que no haya individuos extraños junto a los funcionarios de limpieza.
“Va a llegar un momento en el que el retiro va a ser coactivo” pero el gobierno está “convencido de que eso hay que hacerlo sí o sí”, aseguró.
La necesidad de expulsar a los recicladores se hizo más evidente cuando en setiembre de este año se incendió la usina de Felipe Cardoso.
Curuchet dice que está en agenda coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo para elaborar un plan para que puedan incorporarse al mercado formal de trabajo. Sin embargo, reconoció que resolver el problema llevará su tiempo.
“La realidad es que hoy es prácticamente imposible generar un acuerdo integral que permita una salida inmediata en términos de corto y mediano plazo de los clasificadores en lo que es su actividad normal, no solamente dentro del sitio de disposición final de residuos sino en todas las áreas del departamento de Montevideo”, dijo Curutchet.
Por eso el nuevo director del Servicio de Disposición Final de Residuos de la IMM, Raúl Blengio, avanza en esa dirección. Ya tomó medidas y estableció a los recicladores reglas de juego claras: el gobierno ha fijado un protocolo de actuación que deberán seguir para que no haya un entorpecimiento en el desempeño de las tareas de los trabajadores municipales.
“Hay acuerdos sobre dónde pueden estar, cuánto tiempo y sobre qué camiones pueden trabajar en la clasificación. Pero siempre hay algún desalineado. Siempre aparece algún clasificador nuevo, o alguna desavenencia que lleva a que a veces las cosas no estén con el control adecuado. Igual ha mejorado mucho la situación. No es lo mismo cuando llegamos que ahora. Y la clara disposición de la autoridad, en este caso de Blengio, en el sitio de disposición final ha marcado una línea de trabajo que compartimos”, dijo Curutchet.
El secretario general de Adeom, Facundo Cladera, dijo que en la administración anterior ya se había establecido un protocolo para que los trabajadores cumplan sus funciones de modo seguro junto a los recicladores. Sin embargo, dijo que llegado el momento las autoridades exigían más rapidez para que se cumpla el servicio y por ese motivo las líneas de trabajo fueron dejadas de lado.
El gobierno departamental decidió instalar dos plantas de clasificadores, pero todavía no está del todo definido el lugar donde serán instaladas ni las características que tendrán.
En las plantas los clasificadores cobran el salario mínimo nacional ($10.000) y suman compensaciones por productividad que no suelen superar los $5.000. En la calle el ingreso depende de la zona de recorrido y de las horas que trabajen pero pueden llegar a obtener entre $18.000 y $20.000 por mes, además de comida y ropa para la familia.
“Los clasificadores siguen siendo estafados”, se quejó Silva. “La solución es muy precaria para muy pocos y ahora usan el argumento de que no hay dinero”.
