Salir de la “esquina oscura” favorece a Uruguay

—¿Los problemas fiscales en las naciones desarrolladas son tan graves como parecen y las cuentas públicas de los países latinoamericanos están tan sanas como se piensa?

América Latina no es la excepción. En algunos países la política de gasto ha sido muy moderada, por ejemplo en México. Otros han tomado caminos menos ortodoxos.

—En ese contexto también es que surgen presiones de ciertos países y organismos para que otros entreguen información tributaria que les permita combatir la evasión.

—No es que alguien esté en contra del intercambio de información. El tema es que con algunos se puede ir tranquilamente y firmar, pero hay otros frente a los cuales muchos gobiernos dicen: “mire, yo encantado, pero...”. Hay un tema de garantías de los derechos humanos de los contribuyentes, que implica que yo para firmar me debo cerciorar de que la información no va a ser usada con fines políticos, no va a ser diseminada indebidamente, que se le va a dar por lo menos el mismo nivel de secrecía y confidencialidad que en mi propio país. Esto empieza a generar visiones muy críticas de los distintos sistemas.

Esta complejidad y presiones de algunos gobiernos y organismos como la OCDE, son un síntoma más de la fragilidad económica estructural de los países.

—¿Qué importancia le asigna al tratado de intercambio de información y para evitar la doble tributación firmado en abril por los gobiernos de Uruguay y Argentina?

—Es muy importante y favorable para Uruguay, porque en la evaluación por sus pares no terminaba de pasar la prueba por una razón: cualquier administración puede levantar la mano y decir: “ese país no me está dando información que es muy importante por el nivel de inversión”. Y ese argumento lo usó Argentina.

Estar en la zona de mala calificación, en la esquina oscura, afectaba la imagen de Uruguay y la captación de inversiones; una vez que mejore su estatus las operaciones comerciales serán mucho menos vigiladas.

Lo importante es que los dos países hagan el mejor uso de la información. Me queda claro que así va a ser en el caso de las autoridades de Uruguay; no conozco a las argentinas y no puedo abrir opinión al respecto.

—En Uruguay la DGI indaga cada vez más sobre los gastos que realizan las personas. ¿Se trata de una tendencia internacional? ¿Dónde está el límite entre la fiscalización de impuestos y el derecho a la intimidad?

—Hay que pagar impuestos, sin ninguna duda, y no es posible seguir escondidos detrás de una piedra. ¡Qué bueno que hay transparencia! Sí, pero mucho cuidado con los derechos humanos de los contribuyentes. Mucho cuidado, porque es muy fácil que los pasemos por arriba.

En muchos países latinoamericanos, el derecho al secreto fiscal y a la confidencialidad es un tema de supervivencia y seguridad personal.

Y el Estado no puede decir que no es su problema, cuando debe velar por la seguridad de sus ciudadanos.

Sí contribuir, sí transparencia, pero tiene que haber un límite. Eso del Gran Hermano que todo lo ve... no tiene por qué saberlo todo.