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Hasta hace unos días fui vicepresidente de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata (CHPP). Renuncié. Casi nadie conoce la CHPP, por eso, cuando se habla de ella, siempre hay que presentarla. La CHPP fue creada en el año 1948 por ley para la protección de las personas con enfermedad mental y sus familias. Es una figura pública no estatal que se rige por el derecho privado y funcionan en su órbita el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica (Centro Martínez Visca) y el Registro del Retardo Mental y Otros Impedimentos. También tiene un convenio con ASSE para gestionar contratos de personal que se desempeña en los servicios de salud mental de ASSE, por lo que la CHPP recibe un 6% del monto de los fondos que gestiona de ese convenio. Los miembros que la integramos lo hacemos en forma totalmente honoraria. La institución tiene los controles de la Auditoría Interna de la Nación, Tribunal de Cuentas y otra auditoría privada, sin observación alguna.
¿Por qué renuncié?, por la injerencia indebida del Poder Ejecutivo en las decisiones legítimas de la CHPP que termina con la remoción de los tres integrantes de la comunidad por negarnos a suspender una decisión de envío al seguro de paro de algunos funcionarios, tomada por la situación de pandemia. Esa decisión involucraba a 21 funcionarios en un total de 68: cinco funcionarios al seguro de paro “completo” y seguro de paro parcial, con “medio horario”; a 16 técnicos, el 13 % de las horas técnicas totales. Las razones: buena administración y justicia, esto último porque, mientras había técnicos trabajando normalmente, otros recibían el sueldo completo desde sus casas. A esto hay que agregar un elemento adicional, el ahorro para la institución que se encuentra en situación financiera difícil, por razones externas que, de ser necesario, podríamos explicar detalladamente.
La decisión de suspender servicios que se tomó, frente a la situación de pandemia, está en armonía a las recomendaciones de las autoridades nacionales, tomando como referencia, en principio, a la enseñanza (servicios similares en tanto circulan y permanecen grupos de personas en lugares reducidos).
Se determinó que, por sus características, algunos servicios funcionaran con normalidad (programa de trabajo con 72 usuarios y programa de vivienda con 19 usuarios) y otros con asistencia a distancia. El Registro del Retardo Mental se mantuvo cerrado hasta que la última evaluación realizada el 6 de mayo por esta comisión determinó su reapertura con un régimen de trabajo especial.
Todas las actividades contaban con monitoreo permanente.
Siempre se manejó el seguro de paro como una medida transitoria y se dijo en más de una oportunidad que, a pesar de los cambios organizacionales, no iban a estar en juego las fuentes laborales.
Estas aclaraciones las hago por los trascendidos de “fuentes” del MSP, aparecidas en prensa y declaraciones de la FFSP, que no tienen la seriedad ni el rigor técnico necesario para evaluar la situación, cuando no, directamente caen en falsedades. En el comunicado de la FFSP, por ejemplo, se colocan los intereses de los trabajadores por delante de los intereses de los usuarios y sus familias, hacen referencia a salarios de $U 200.000 que no existen y una supuesta atención a pacientes con patologías agudas, lo que también es absolutamente falso.
En cuanto a la afirmación que realiza la FFSP en su comunicado, respecto a que los trabajadores del Centro Martínez Visca han sostenido la atención, en todo caso, no han hecho más que lo que hacemos todos los trabajadores de la salud, estar en la primera línea con distintas funciones. Nuestro trabajo tiene un componente que tiene que ver con relegar, al menos en alguna medida, aspectos personales.
Otro dato, ni el MSP ni el gremio realizaron propuestas técnicamente fundadas, es decir, no recibimos ningún dato clínico que alertara sobre descompensaciones, agravamiento de los cuadros clínicos, que fundamentaran la normalización de las actividades.
Por otra parte, sabemos que hay otra institución que realiza el mismo trabajo que el Centro Martínez Visca que también tomó la medida de seguro de paro para el 50% de sus técnicos y ni el MSP ni la FFSP dijeron nada al respecto. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Otra muestra de que no existe un criterio técnico por parte del MSP.
¡Pero que el viejo árbol no oculte el bosque! El Centro Martínez Visca, dependiente de la CHPP, tiene como objetivo la inclusión social de las personas con enfermedad mental, a través de procesos de recuperación que promueven la autodeterminación y la construcción de ciudadanía, así como la inclusión sociocomunitaria, laboral y la autonomía en la vivienda. Lineamientos que están contenidos, por ejemplo, en el Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud.
El proyecto de desarrollo institucional está pensado para que, en el mediano plazo, se pueda implementar un modelo orientado a la excelencia, pensando en una cultura de mejora continua, buenas prácticas y de calidad, con un enfoque técnico actualizado. Entregamos al ministro de Salud Pública los documentos correspondientes.
Estos desarrollos están alineados con la nueva ley de salud mental. Esa misma ley fue votada por el Sr. Subsecretario Lic. José Satdjian en la legislatura pasada, pero que ahora la califica como “voluntarista” y que “no se puede aplicar”.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es la posición del gobierno respecto de la nueva ley de salud mental? Todos los gobernantes de hoy, que fueron legisladores la legislatura pasada, dieron su voto favorable a esta ley, ¿pensarán igual que el Sr. Subsecretario Satdjián?
La discusión debe darse sobre ideas, ideas de modelos de organización y de hechos contrastables. El fundamento de nuestras reivindicaciones es a partir de la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y a la mejor evidencia disponible. Eso es lo que la ley le encomienda a la CHPP. El mundo va hacia este tipo de organización, por los resultados que se obtienen. La demostración de estas afirmaciones, por ejemplo, es que 72 personas con esquizofrenia tengan inserción laboral plena, gracias al trabajo de la mayoría de los funcionarios del Centro Martínez Visca comprometidos con este proyecto.
La salud mental debe ser política de Estado y la ley de salud mental, su guía. Queda claro que el MSP con esta decisión de relevar a los miembros de la comunidad (dos de ellos integrantes de la organización de familiares de personas con enfermedad mental Caminantes) no apunta en esa dirección.
Un último dato, durante la etapa de consulta a las organizaciones sociales, durante la redacción de ley de Salud Mental, en el MSP, participaron organizaciones de usuarios, de familiares, gremiales, la universidad y sociedades científicas. Aunque fue invitada en más de una ocasión, una sola organización social no participó de esas discusiones: la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Si verdaderamente están interesados en defender los derechos de las personas con enfermedad mental, sin dejar por el camino obviamente, reivindicaciones salariales y condiciones laborales, están a tiempo de sumarse.
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