“¡Hablemos!”, dijo el psiquiatra Horacio Porciúncula. Durante décadas se pensó que hablar de los suicidios no era correcto porque podía agravar el problema. Sin embargo, callar no sirvió de nada. Mueren más personas por suicidio en Uruguay (709 casos en 2016) que por accidentes de tránsito (446 en ese año) u homicidios (fueron 265). Sin embargo, “de suicidios no se habla porque hay un falso concepto de que si se habla, aumenta, ¡pero sin hablar, continúa aumentando! Así que animémonos a hablar de lo que nos está pasando”, insistió Porciúncula, que fue director del Vilardebó, coordinador en el Hospital Pereira Rossell, estuvo a la cabeza de Salud Mental en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y ahora es asesor en el Ministerio de Salud Pública (MSP).
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En 2016 hubo casi dos suicidios por día, y se superó el pico histórico que se registró durante la crisis de 2002 (690 casos), según datos de la División Epidemiología del MSP, que aún no completó el análisis de 2017. Para analizar tendencias, las autoridades miran las tasas de suicidio, que corresponde a la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Desde el año 2013 en adelante en Uruguay hay una tendencia ascendente en la tasa de suicidios, que comienza en 16,13 ese año y llega a 20,37 en 2016. Cada año más y más casos. Entre 2003 y 2013 la tasa de suicidios en Uruguay se había mantenido con variaciones de unos pocos puntos porcentuales con subidas y bajadas que no cambiaban drásticamente el panorama.
“Se relevan los que llegan al sistema de salud con la ficha de registro obligatorio de IAE (conocida a la interna como FRO-IAE) y estamos en proceso de profundizar la implementación y fiscalización de la ficha”, explicó Dogmanas.
La llegada a la puerta de emergencia de una persona por intento de autoeliminación genera “tensión”, porque el personal de la salud está acostumbrado a “salvar vidas” y no está preparado para enfrentarse a una persona que “no quiere vivir”, dijo a Búsqueda la psicóloga Gabriela Novoa, integrante del Área de Formación Continua, Desarrollo e Investigación de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE. Por eso se trabaja en su capacitación, explicó.
“El intento de autoeliminación es una forma de pedir ayuda, de apostar a la vida”, dijo Novoa. “No tiene por qué ser por alguna enfermedad” sino que puede estar vinculado a un momento de “impulsividad”, aclaró. Cuando llega un caso a una institución de salud se lo debe tomar como una oportunidad para brindarle apoyo y evitar un nuevo intento o incluso que llegue luego a consumar el suicidio. Es una “falsa creencia” y un mito decir que “el que se quiere suicidar no avisa”, aseguró.
El suicidio es un hecho consumado, pero la oportunidad para bajar las cifras está en evitar a tiempo que ocurra. Los especialistas calculan entre 10 y 20 casos de intentos de autoeliminación (IAE) por cada suicidio.
“Cada intento de autoeliminación determina el riesgo de un futuro suicidio”, dijo a Búsqueda Ariel Montalbán, responsable del Área Programática Salud Mental del MSP.
La única línea de ayuda para la prevención de suicidio estuvo hasta marzo a cargo de la ONG Último Recurso, que cerró porque no pudo solventar los gastos. Luego ASSE anunció que abriría una línea transitoria (0800-8483) con la participación del Ministerio del Interior y el aval del MSP para funcionar hasta el 30 de junio.
Dogmanas informó que esta línea de ayuda apunta a ser única y para todo el país. “Estamos recabando información y buscando las formas de implementación para llegar antes del 1 de julio. Los privados no están obligados a entrar a la línea, pero sí deben atender (los casos) en puerta después de que llamen. La línea es de ASSE, no del ministerio”, aclaró.
“Tardan”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se propone lograr un descenso en los suicidios del 10% para el 2020. El objetivo es “desafiante porque en todos lados no solo no baja sino que sube”, dijo Montalbán.
Desde 2011 el MSP estableció el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Luego se aprobó un decreto para dar seguimiento durante los primeros seis meses a las personas con IAE (Nº 305/2011), se implementó un registro y se dispuso la notificación obligatoria a la autoridad sanitaria de los IAE. También se estableció la designación de un técnico referente o un dispositivo grupal en cada institución para atender los casos “sin tiempo de espera” y se incluyeron las prestaciones en salud mental para personas con IAE y sus familiares. Por último, en mayo de 2017, se aprobó el “protocolo de atención y seguimiento” para personas con IAE en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se propone lograr un descenso en los suicidios del 10% para el 2020.
Si existen todas estas líneas de trabajo, ¿por qué la tasa de suicidios aumenta sin cesar desde 2013? Atacar el problema únicamente desde el área de la salud no basta, y hasta ahora los esfuerzos realizados desde otros sectores no son suficientes, coincidieron fuentes consultadas.
“Como política de Estado estamos débiles, está todo puesto en el sistema de salud”, cuestionó Novoa. Hace falta una “comunidad implicada” en el tema y trabajar desde diferentes sectores “sobre la vida, no sobre la muerte”, opinó. Los países que lograron bajar sus cifras lo hicieron atacando muchos frentes a la vez.
Para Montalbán hay temas por fuera de lo estrictamente sanitario que inciden y requieren mayor atención: “La violencia intrafamiliar, el consumo, el acceso a las armas de fuego y el bullying son los asuntos más complejos para tratar este tema”. En ese sentido, “el acceso a los métodos letales como los psicofármacos y las armas es un grave problema”, aseguró.
El 34,8% de los suicidios consumados en adultos mayores entre 2012 y 2015 fueron con arma de fuego y el 47% por ahorcamiento, según un análisis del Grupo de Prevención y Comprensión de Conducta Suicida con datos del Ministerio del Interior. Lograr que las personas tengan menos acceso a armas de fuego puede resultar una medida efectiva, de hecho, a escala internacional ha mostrado buenos resultados. Este es uno de los ejemplos de abordajes que exceden al sector de la salud. En ese punto se trabaja actualmente con el Ministerio del Interior. Hacen falta planes dirigidos a “grupos de riesgo”, como las víctimas de violencia doméstica y los policías, y “no al barrer”, afirmó Montalbán. Además, se necesita “más información” para llevarlos a cabo.
El 34,8% de los suicidios consumados en adultos mayores entre 2012 y 2015 fueron con arma de fuego y el 47% por ahorcamiento.
Por otra parte, en la Comisión Honoraria de Prevención contra el Suicidio participan los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Interior y la academia. Desde la salud pública opinan que hace falta tomar más medidas en las diferentes áreas del gobierno. En el caso de la educación “debería implementarse en el área curricular” y no “tratar los temas como hemos hecho, con cosas puntuales, talleres específicos”, explicó Dogmanas. Por eso ahora están en la búsqueda de “una estrategia a largo plazo”, informó.
Además, la comisión honoraria planea “comenzar a hacer programas de habilidad social”, que aún no existen en Uruguay, indicó. Se trata de estrategias para que especialmente los más jóvenes puedan desarrollar habilidades emocionales, educarlos en resolución de conflictos y trabajar la impulsividad, porque son temas que “pueden verse reflejados en conductas suicidas”, explicó.
Para Novoa a la comisión le hace falta más “poder político” y necesita mayor capacidad de acción ante cifras tan altas como las uruguayas.
Además, incluso desde adentro del sector salud, hay varios temas pendientes. Trabajar en el suicidio es una de las 15 prioridades para el MSP. En el papel pueden estar las cosas claras, pero “las medidas tardan su tiempo en implementarse”, consideró Dogmanas. Desde 2015 el MSP fiscaliza el registro de suicidios, pero recién en estos primeros meses de 2018 comenzó a fiscalizar el plan de prestaciones en los que prestadores de salud, públicos y privados, deben notificar sus cumplimientos.
La nueva Ley de Salud Mental (Nº 19.529) se ha reglamentado en parte y el MSP trabaja con el Poder Ejecutivo para avanzar. La segunda parte que falta aplicar podría ayudar a abordar el problema de los IAE y el suicidio, opinaron los especialistas desde el MSP.
“La Ley de Salud Mental prevé un equipo básico en cada nivel de atención. Los equipos van a estar en todos los niveles. Los psicólogos no tienen que estar solamente en los equipos especializados, tienen que estar al lado del médico para tratar los problemas psicosociales del paciente, en la puerta de emergencia y en las policlínicas. Hoy no están. Esta ley impacta claramente en los intentos de autoeliminación y los suicidios, porque la ley comprende la intersectorialidad, algo que todavía no está, y hace hincapié en promoción y prevención, tal como lo pide la OMS”, explicó Montalbán.
“Nosotros confiamos en nuestro abordaje pero no conozco nada que lo haya revertido a corto plazo”, dijo a Búsqueda Marilen Bettini, integrante del equipo de trabajo de prevención de suicidio y psicóloga de área en la Red de Atención Primaria de ASSE.
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