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    Salud Pública quiere que la marihuana medicinal sea vendida con la misma receta que se exige para “estupefacientes y anfetaminas”

    En la Secretaría Nacional de Drogas discrepan con esa idea

    Hace un año el gobierno de José Mujica presentaba, en una sala de la Torre Ejecutiva abarrotada de prensa nacional y extranjera, la reglamentación de la ley para consumir, producir y vender marihuana estatal. Desde entonces 2.000 personas se han registrado como autocultivadores de la droga, y otros cientos esperan comenzar su producción en los poco más de 15 clubes en formación. Pero la aplicación de la norma está lejos de completarse, y comienza a enfrentar sus primeros obstáculos.

    Es que mientras las organizaciones sociales que impulsaron la legalización del comercio de marihuana denuncian que la Policía persigue a los usuarios en algunos departamentos, en el Poder Ejecutivo la implementación de la ley genera nuevas discusiones.

    En los próximos días el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), la Junta Nacional de Drogas (JND) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunirán para definir aspectos de dos puntos clave de la ley: la venta de marihuana en farmacias y el uso medicinal de esa droga. En la mesa de discusión aparecerán visiones enfrentadas de cómo debe dirigirse el mercado regulado, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    El decreto reglamentario del uso medicinal de la marihuana establece la obligatoriedad de presentar receta firmada por un profesional, aunque no especifica su tipo. Algunos jerarcas del MSP consideran que debe venderse con receta naranja, la misma que se exige para comercializar “estupefacientes y anfetaminas”, de acuerdo con la ley que rige la venta de medicamentos.

    Otro punto que será discutido por las autoridades en los próximos días es el porcentaje de THC (tetrahidrocannabinol), componente psicoactivo de la droga, que tendrá la marihuana que se venderá en farmacias con fines recreacionales.

    Tanto la ley como el decreto reglamentario señalan que el contenido de THC de la droga que se venderá en farmacias debe ser superior a 1% de su volumen. El gobierno había resuelto que se ofrecerían tres variedades y que el nivel máximo sería 15%. Sin embargo, en el MSP plantearon volver a discutir ese porcentaje y, si es posible, disminuirlo.

    En la Secretaría Nacional de Drogas discrepan con la idea de exigir receta naranja para marihuana medicinal y también con la de volver a discutir los porcentajes de THC, dijeron los informantes.

    Choques policiales.

    El miércoles 13, organizaciones de usuarios de marihuana, científicos y organizaciones sociales se reunieron con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. En el encuentro se transmitió la intención gubernamental de “mantener un diálogo” con la “sociedad civil”, y se discutió sobre los problemas que algunos consumidores están teniendo con policías.

    “Los choques con la policía siguen dándose. Nosotros estamos haciendo las denuncias al 0800 5000, donde cuentan como un expediente formal, y le hemos presentado casos al Ministerio del Interior. No es lo ideal, pero es lo que hay mientras no haya un protocolo”, dijo a Búsqueda Julio Rey, de la Federación de Cannabicultores del Uruguay.

    La organización ha recibido denuncias de allanamientos en Fray Bentos en las que se sacaron fotos de cosechas registradas. En Carmelo se requisaron flores de un cultivador, que luego debieron ser devueltas a su dueño. Y en Rivera se producen detenciones por estar fumando marihuana en espacios públicos.

    La ley 19.172 habilita la posesión de hasta 40 gramos de la droga y habilita su consumo en espacios públicos. Además creó tres vías excluyentes entre sí de acceso a la sustancia. Los usuarios (uruguayos y mayores de 18 años) pueden comprarla en farmacias (hasta 10 gramos semanales), cultivarla en su hogar (hasta seis plantas) o ser miembros de un club de membresía (entre 15 y 45 socios). Es obligatorio el registro en el Ircca. Los datos tienen carácter de “dato sensible” y está decretada su confidencialidad.

    “La policía tiene mucho que mejorar. En muchos puntos del país hay un desfase entre el Ministerio del Interior y sus funcionarios. Hay casos de abuso, se muestran las órdenes al rato… Esto tiene que ver con la prepotencia y la violencia de la policía, allanando casas, violando procedimientos y en muchos casos de personas registradas”, declaró Martín Collazo, de Proderechos.

    Las organizaciones entienden que puede haber un subregistro de consumidores y estudian la posibilidad de realizar una campaña informativa en conjunto para subrayar la importancia del registro. Pero esto sería solo una vez que comience la venta en farmacias. También intentan concretar una reunión con autoridades del Ministerio del Interior y de la Fiscalía de Corte para discutir los casos.

    “A la gente le va cayendo la ficha de que si se registran se quedan tranquilos. Aunque hay una preocupación sobre los datos, sobre si en el trabajo lo van a saber o no. Pero la gente se está registrando”, agregó Rey.

    “Solo las últimas veces la Justicia le preguntó al Ircca si las personas estaban registradas, porque el MI no puede levantar el secreto del registro. Solo un juez. Cada vez que los usuarios consultan nosotros insistimos en que es importante el registro, pero también estamos viendo que hay personas mayores que lo cuestionan”, dijo Collazo.