En 2018 y en 2019 las multas fueron 209 y 511, respectivamente, en tanto los apercibimientos fueron 579 en el primero de esos años y 420 en el segundo, muestran las informaciones oficiales.
Pesca, agrícola y forestal
En el caso de algunas unidades ejecutoras que tienen potestades fiscalizadoras y sancionadoras, como las direcciones de Recursos Acuáticos (Dinara), generales de Servicios Agrícolas (DGSA) y Forestal (DGF), se redujo o prácticamente se mantuvo la cantidad de multas y apercibimientos.
En el período de seis años que comprende la información proveída (2018 a 2023), la Dinara aplicó una sola multa y ningún apercibimiento, pese a tener entre sus funciones el control de la pesca industrial y artesanal, así como la fiscalización de los permisos para pescar, entre otras tantas disposiciones legales.
Esa unidad ejecutora es la responsable de “regular y promover la utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura mediante una pesca responsable y un procesamiento que satisfaga las normas higiénico sanitarias y de calidad”, a fin de lograr el máximo provecho posible de los recursos acuáticos disponibles.
Debe “ejercer el control del cumplimiento de todas las actividades vinculadas con la pesca y la acuicultura”, de conformidad con la ley 19.175, de 2013.
La DGF aplicó 34 multas anuales en 2020 y 2021, luego fijó 24 en 2022 y bajó a 19 en 2023, mientras que los apercibimientos fueron 6 en 2020, 14 en 2021, nueve en 2022 y solo dos en 2023, según los datos del MGAP.
Unas de las infracciones más notorias que compete controlar y sancionar es la vinculada con el corte de bosque nativo, el cumplimiento de los planes presentados por las empresas forestales que acceden a exoneraciones impositivas y la prevención de incendios forestales, entre otras.
En la DGSA la cantidad de funcionarios para “todas las áreas de fiscalización” disminuyó “de nueve a cuatro”, entre 2019 y 2023, indican.
Los datos muestran que las multas aplicadas por esa unidad ejecutora registraron la siguiente evolución: 11 en 2018, 61 en 2019, 54 en 2020, 33 en 2021, 41 en 2022 y 50 en 2023; en tanto que los apercibimientos en ese período (2018-2023) fueron: 18, 40, 22, 32, 18 y 24.
Desde 2019, cuando comenzó el sistema de Gestión y Monitoreo de Aplicaciones de productos fitosanitarios hasta 2023, el área de cultivos monitoreada por la DGSA tuvo la siguiente variación: 170.120 hectáreas en 2019, 254.684 hectáreas en 2020, 578.565 hectáreas en 2021, 1.231.526 hectáreas en 2022 y 878.711 hectáreas en 2023. Esa baja en la extensión de cultivos fiscalizada el año pasado se debió a la “gran” sequía que afectó a la producción agrícola, argumentó Servicios Agrícolas.
Dentro del MGAP la repartición con mayor cantidad de multas y apercibimientos concretados es la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), que cumple el rol de ser la policía sanitaria en cuanto a la fiscalización y controles correspondientes en los establecimientos pecuarios, en los corrales de engorde de ganado, en los frigoríficos, en barreras sanitarias en fronteras, entre otros puntos.
En la web del MGAP se presenta como la unidad ejecutora responsable de proteger y mejorar la salud animal, preservando su bienestar, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal, contribuyendo a la salud pública y el desarrollo sustentable.
“La relevancia de esta misión se enmarca en la condición de Uruguay como país agroexportador de alimentos, base de su economía, con presencia en más de 139 mercados en el mundo”, destaca.
Servicios Ganaderos representa la mitad o algo más del total de multas que aplica cada año esta secretaría de Estado. Igualmente, en la actual administración hubo un descenso en las sanciones determinadas, que pasaron de 279 en 2020 a 427 en 2021, años en los que hubo un impacto mayor de la pandemia Covid; y en los años siguientes disminuyeron las multas de 159 en 2022 y a 158 en 2023, en este último año se registró el golpe de la sequía extrema en el agro local.
Ante el efecto negativo que produjo el fenómeno del déficit hídrico en la producción rural, el MGAP dispuso una serie de medidas de asistencia a los productores, en el marco de la declaración de emergencia agropecuaria, lo que habría incidido en una menor tarea fiscalizadora, que se refleja en la cantidad de sanciones.
En concreto, los aprecibimientos realizados por Servicios Ganaderos fueron de 78 y 146 en 2018 y 2019, respectivamente, mientras que en la actual administración se registró una notoria caída en ese tipo de amonestaciones, que tuvieron la siguiente variación: 129 en 2020, 146 en 2021, 85 en 2022 y 42 el año pasado, conforme con los datos del MGAP.
Recurso de revocación
Ante la consulta de Agro de Búsqueda en relación a los controles y sanciones aplicadas por las diferentes unidades ejecutoras, la Asociación de Funcionarios del MGAP (Afgap) acusó a la actual administración de tener “la intención de desmantelar” la estructura de la secretaría de Estado y debilitar las funciones de inspección y de control.
En línea con sus argumentaciones, Afgap indicó que el martes 13 de marzo presentó ante la Presidencia de la República un recurso de revocación contra el decreto 311/23 del 24 de octubre de 2023, que aprueba el proyecto de reformulación de la estructura organizativa y de puestos de trabajo del MGAP.
“Como primer agravio corresponde precisar la afectación directa de los fines y competencias del Ministerio” como “ente regulador de temas de interés nacional y políticas públicas fundamentales para el desarrollo sostenible” de Uruguay, lo que, “sí nos afecta como trabajadores de una cartera de Estado que sin herramientas de fiscalización se vacía de contenido, así como nuestra comprometida tarea, y en definitiva nuestro rol como servidores públicos”, planteó el sindicato entre los fundamentos del recurso.
Advirtió que con la aplicación del decreto en cuestión “desaparece el rol fiscalizador y de contralor del MGAP en general, y en particular en varias unidades ejecutoras, no cumpliendo con los cometidos que por ley tiene el inciso para garantizar el estatus sanitario y fitosanitario, preservar los recursos naturales para el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero del país, inocuidad de los alimentos, así como proteger la salud de la población”.
En la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en el organigrama presentado por la actual administración, “se evidencia la eliminación de departamentos fundamentales para el buen funcionamiento de Dinara, como el departamento jurídico y el departamento Estado rector del puerto”, al que compete acciones destinadas a “prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, sostuvo.
También alertó que “se ve eliminado el control de la pesca artesanal, sector del que viven cientos de familias y cuyo producto llega directamente a la población, quedando sin ningún tipo de control”.
Y consideró que “el área industrial, se ve disminuido a un solo departamento, la Auditoría e Inspección de Plantas y Buques, lo que hace imposible garantizar, ni realizar un adecuado control sanitario, pudiendo perjudicar la apertura y mantener los mercados internacionales, por la imposibilidad de cumplir los requisitos de los países de destino”.
Afgap cuestionó también el “traspaso de competencias de las tareas inspectivas de Dicose, de Servicios Ganaderos a la Dirección General de Secretaría.
“No se controla nada”, porque hay “cada vez menos funcionarios” en distintas barreras sanitarias del país, “apenas un funcionario en el puesto de control en el puente de Fray Bentos”, dijo la presidente de ese sindicato, Carolina Arcuri, a modo de ejemplo sobre el tema en cuestión.
Además, aludió al perfil de algunas autoridades del MGAP que son productores o empresarios del agro y en ciertos casos exdirectivos de gremiales rurales, en el entendido de haber una posible complicidad a la hora de fiscalizar y sancionar.
Sobre la mayor cantidad de multas y apercibimientos por parte de la Dirección General de Servicios Ganaderos, en comparación con otras unidades ejecutoras, Arcuri argumentó que eso se debe a la obligación de respetar los compromisos internacionales establecidos con otros países para mantener abiertos los mercados de exportación, principalmente para carnes, lácteos y granos.
