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    Se encamina liquidación de Citrícola e inversores hacen sondeos

    Mientras la cosecha avanza, los acreedores de Citrícola Salteña se van alineando detrás de la propuesta de liquidación de la empresa, a la vez que aparecen algunos posibles compradores. Ese panorama quita presión al gobierno, al menos a corto plazo, ante lo que podía haber sido un problema social y económico en particular para Salto en momentos de pandemia del Covid-19.

    El martes 2 la Liga de Defensa Comercial (Lideco) —el síndico designado para la disolución de esa agroindustria salteña— presentó un plan de liquidación, tal como se lo encargó la Justicia de concursos a mediados de mayo.

    La propuesta prevé que se continúe con la zafra “siempre y cuando” no se aumenten los pasivos concursales. El director gerente de la Lideco, Bernardo Quesada, explicó a Búsqueda que ello está sujeto a que se cumplan una serie de condiciones. Por ejemplo, que el Fondo Citrícola desembolse el resto del dinero aprobado en abril (más de $ 80 millones); que el Banco República (BROU) libere los fondos asociados a un contrato que tiene con la peruana Camposol; que la UTE y el Banco de Previsión Social autoricen pagar los gastos de esta cosecha y no reclamen por las deudas anteriores (y que, además, ese último organismo libere una prenda que recae sobre un volumen de fruta fresca para que pueda venderse); además de que los proveedores de insumos sigan financiando a la empresa como hasta ahora. Asimismo, el plan prevé, como establece la ley concursal, que se procurará la venta “en bloque” de Citrícola, es decir, en funcionamiento. Para encaminar eso también sería necesario llegar a acuerdos con los principales acreedores que tienen hipotecas y prendas en garantía de sus créditos.

    Quesada dijo que la Lideco ya conversó con los mayores acreedores y afirmó que si bien expresaron “voluntad” de acompañar un plan de liquidación ordenado cada uno está gestionando sus decisiones formalmente. Agregó que en los próximos meses habrá que acordar cómo distribuir el dinero que se consiga con la venta, de aprobarse el plan por parte de la Justicia.

    Lo propuesto por el síndico “está en línea con lo que se impulsaba desde el BROU”, dijo a Búsqueda su presidente, Salvador Ferrer. Estimó que también contempla la expectativa que tenían otros actores públicos, bancos privados acreedores y obligacionistas. La intención del banco estatal es que se defienda “el valor de la unidad productiva para el mejor resultado posible de la venta o liquidación, y la mejor defensa de todos los acreedores”.

    El titular del BROU expresó satisfacción de que la cosecha “está funcionando bien porque eso también da tranquilidad a los trabajadores”.

    En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, destacó la importancia de que la liquidación “no termine en una suerte de venta en partes”. Consultado por Búsqueda, añadió: “Vamos a acompañar y tratar que los 1.100 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos no se pierdan”.

    Desde la Lideco se indicó que la idea es dar un plazo de dos o tres meses para que los interesados analicen los activos y el negocio en general, por lo que la licitación para la venta en bloque de Citrícola no sería “antes de octubre”.

    Quesada reconoció que se han acercado interesados, pero acotó que “en este momento” están enfocados en “hacer la zafra”. Luego, si el plan de liquidación no encuentra objeciones, se habrá de hacer un pliego y dossier de la firma para difundir y comenzar a recibir ofertas.

    Otras fuentes consultadas señalaron que hay interesados del exterior.

    Conservar valor.

    La semana pasada la empresa recusó la sentencia de liquidación de la Justicia concursal (Búsqueda Nº 2.073). Pero esa gestión fue rechazada el martes 2, por lo que pasará al Tribunal de Apelaciones, informó El Observador ayer, miércoles 3.

    Junto a ese recurso presentado por el abogado de Citrícola Salteña, Ricardo Olivera García, se anexó al expediente judicial un estudio de viabilidad económico-financiera encargado por la empresa a la consultora Exante.

    El análisis, fechado el 26 de mayo, concluye que razonablemente Citrícola “debería lograr de un modo sistemático flujos de fondos operativos positivos en los próximos años. En tal caso, la empresa no debería requerir financiamientos adicionales y podría, paulatinamente, reducir el nivel de endeudamiento actual”.

    Infiere que en función de las hipótesis utilizadas para proyectar los flujos de fondos “resulta viable el mantenimiento de la operación de la empresa siempre que la misma llegue a un acuerdo con las distintas clases de acreedores” del proceso concursal.

    Agrega que si bien “excede el alcance” del estudio “estimar el valor neto de realización de las garantías aportadas por la empresa y sus accionistas en un escenario de liquidación” parece “razonable concluir que los activos de la compañía conservarán mejor su valor en un escenario de continuidad del negocio” que en uno de “liquidación rápida”.

    La actividad del grupo Caputto se desarrolla a través de dos sociedades: Citrícola Salteña —dedicada a la producción de frutas cítricas, su venta en plaza y en el exterior— y Nolir, que realiza la industrialización de citrus y tomate para elaborar y vender jugos cítricos y pulpa concentrada de tomate.

    Gestiona unas 3.200 hectáreas productivas de quintas propias, arrendadas o de terceros, sobre las que tiene más de 1,7 millones de plantas (árboles de naranjas, mandarinas, limones y pomelos).

    Indica que la empresa tiene un alto porcentaje de plantaciones jóvenes de mandarinas, cuya máxima producción se alcanzaría en los próximos años.

    Para la cosecha de este año, que arrancó en abril, las proyecciones son positivas, con una producción de 48.000 toneladas. Ese volumen crecería “sustancialmente” en 2021 a unas 75.000 toneladas, y luego llegaría, gradualmente, a unas 99.000 en 2030.

    Sobre la situación financiera, Exante plantea que a la fecha de declaración del concurso, en febrero de 2019, el endeudamiento del grupo era de US$ 53,9 millones y a mayo pasado había bajado a US$ 49,5 millones.

    El mayor acreedor con garantías es el BROU con US$ 19 millones. Con los titulares de las obligaciones negociables la deuda era —a mayo— de US$ 9,2 millones.

    El estudio considera que la empresa mantiene el financiamiento anual del Fondo Citrícola hasta el 2023 inclusive y se “supone” que, en caso de que no se le brinde apoyo por esa vía, igual se podría acceder a un financiamiento “equivalente en el mercado” por las garantías con las que cuenta. “Este financiamiento de corto plazo resulta clave en estos años de estrés financiero, ya que permite iniciar la cosecha anual y cubrir las necesidades de fondos transitorias hasta que la empresa completa la zafra anual y cobra las exportaciones anuales”.