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La relación entre el gobierno del Frente Amplio y el empresariado entró en un terreno de fricción. Un frente quedó abierto por el pedido de que colaboren en la lucha contra la inflación, lo que molestó a los industriales por entender que la rentabilidad de las fábricas ya se encuentra muy comprometida y que no se ataca el “fondo” del problema para la contención de los precios. Otro es la inminente aprobación en el Senado de la ley sobre la responsabilidad penal del empleador en acciones laborales, que llevará a 24 de las principales cámaras empresariales a discutir una postura común.
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Con la inflación de 12 meses en casi 10% a febrero, el ministro de Economía, Mario Bergara, anunció el martes 11 que el Poder Ejecutivo propondrá en los próximos días al Parlamento una rebaja del IVA a algunas tarifas públicas, así como a las frutas y verduras frescas. También se prevé actuar sobre la cuota de las mutualistas para que el ajuste que corresponde hacer a mitad de año impacte menos en el índice de Precios al Consumo (IPC).
Otro frente de acción en el combate a la inflación anunciado implica gestiones con el sector empresarial para que baje o congele ciertos precios al público. En estos días hubo contactos de funcionarios del Ministerio de Economía con representantes del supermercadismo y de los almaceneros. Los agentes comerciales entienden que son tomadores de precios y que es necesario discutir estos temas en una “mesa multisectorial” junto a los industriales y otros proveedores, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
El Consejo Directivo de la Cámara de Industrias (CIU) analizó el asunto ayer miércoles 12 en un clima de “mucho malestar” y “preocupación”, contó un asistente a la sesión.
Consultado por Búsqueda, el presidente de esa gremial, Javier Carrau, dijo que las medidas anunciadas por Bergara son “un parche, soluciones parciales” que no van “al fondo del asunto” sino que se están “maquillando los problemas para que la inflación no llegue a 10%”. Afirmó que el gasto público es una de las “variables más importantes” que inciden sobre el alza de los precios, y agregó que el mismo “no se redujo sino que aumentó” en los últimos años.
Para Carrau, un acuerdo de precios como el que plantea el gobierno hace recaer “el esfuerzo” sobre las industrias y no en los supermercados. “Todos saben cómo es el tema”, comentó.
Bergara admitió al anunciar el paquete de medidas que se busca impactar sobre la medición del IPC sin incidir de forma “estructural” en la inflación. Y señaló que la tasa anual seguirá lejos de los niveles esperados por el gobierno por varios meses.
El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales, José Lorenzo López, dijo a Búsqueda que las acciones anunciadas por el gobierno “están destinadas a controlar el instrumento de medición, que es el IPC, pero no son medidas de carácter estructural que determinen una política antiinflacionaria”.
Responsabilidad penal.
Lograr un principio de acuerdo para que se vote el proyecto que prevé castigos penales a los empleadores por incumplimiento de las medidas de seguridad y de salud en el trabajo llevó horas de negociación en la interna frentista, en la que también jugaron “fuerte” dirigentes del sindicato de la construcción, dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias. La discusión entre diputados y senadores del oficialismo pasaba por evitar una posible declaración de inconstitucionalidad de la norma, que tras idas y vueltas el Senado prevé aprobar el martes 18 sin introducirle cambios a lo que votó Diputados.
La oposición y los empresarios cuestionan la iniciativa.
En la sesión de ayer del Consejo de la CIU hubo expresiones de malestar porque senadores que pocos días atrás les habían transmitido que no votarían el texto tal como se aprobó en Diputados, luego “cambiaron el discurso” por razones “políticas”, comentaron las fuentes.
Los presidentes de 24 cámaras empresariales se reunirán el próximo lunes 17 para fijar posición sobre el asunto. (Más información en páginas 12, 23, 24 y 31)
