En los actos de campaña los aplausos subían en intensidad ante la propuesta de “aflojar la cincha” de los impuestos y tarifas, haciendo más eficiente el sector público. Escuchando a Luis Lacalle Pou, el clímax entre los militantes llegaba con las críticas a la gestión de los gobiernos del Frente Amplio y la promesa de, si era electo presidente, realizar auditorías “en cada lugar” del Estado. A veces acotaba que eso sería “sin una cacería de brujas”.
Hasta ahora, transcurridos casi seis meses de una administración que debió enfocarse en atender una emergencia económica y social derivada de la pandemia del Covid-19, varios nuevos jerarcas han denunciado a través de los medios de comunicación situaciones presuntamente irregulares en sus respectivos organismos. Algunos las definen como “excesos”, “desidia”, “despilfarros” de los gobiernos frentistas.
Uno de los más activos en ese sentido ha sido el ministro de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, quien en junio cuestionó a sus antecesores. “Abrimos cajas fuertes, nos encontramos sorpresas”, como algunas armas de fuego que quedaron de la época del ex Banco de Crédito, donde esa secretaría de Estado tiene su sede. “Abrimos depósitos, nos encontramos con sorpresas”, como pañales, leche en polvo y una “interminable lista de alimentos” vencidos. Y agregó: “Por ahora no encontramos maniobras sino mucha desidia, falta de control”.
En el Mides, donde en mayo se puso a funcionar una unidad interna de auditoría, hay varias investigaciones en curso.
Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), su director, Isaac Alfie, dijo en Búsqueda en mayo que se encontró con que había “programas por algunos millones de pesos donde claramente el producto no se entiende, era una cáscara vacía, una fachada de cartón detrás de la cual no hay nada. En algunos casos, la sensación es que la gente tenía una idea y conseguían fondos no se sabe cómo, pero la idea no integraba un proyecto global” (Nº 2.073). También habló de “muchos contratos” innecesarios en la OPP que, aseguró, ordenó rescindir.
Días atrás, en Canal 12, Alfie denunció que el año pasado se hicieron en la OPP dos “fiestas” —con un costo de $ 600.000—, y se refirió a una “cantidad de ediciones, de libros y demás” que “están guardados” y “ni siquiera fueron repartidos”. En ese caso el gasto fue de “algunas centenas de miles de pesos”. Por eso, dijo, el próximo proyecto de Presupuesto apuntará a cortar con “gastos superfluos, que aunque parezca mentira” cuando se suman “son decenas y decenas de millones de dólares”.
Esta semana una de las denuncias refirió al descuido de la Casa Anaya —un monumento histórico nacional en la Ciudad Vieja— y su uso como depósito para aparatos y mobiliario viejos, además de libros recibidos de donaciones que no fueron distribuidos. “Encontramos mucha basura tecnológica, desorden” y un estado “ruinoso” del inmueble, que se convirtió en “un gran galpón”, dijo en rueda de prensa el martes 18 el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Canal 4 y otros medios difundieron fotos que exponen el deterioro de ese patrimonio arquitectónico.
Aunque no del todo nuevo —algunas irregularidades habían sido denunciadas por las anteriores autoridades del Ministerio de Ganadería—, también resonó la situación en torno al Fondo de Fomento de la Granja. El lunes 17 en el programa La hora del campo de Radio Rural, el director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, se refirió a un desfalco por más de $ 30 millones cometido por un funcionario que llegó a comprar a cuenta del fondo un jacuzzi que le fue entregado en su domicilio. “Ni un quiosco funciona como estaba funcionando el Fondo de la Granja”, aseguró.
Si bien varias de esas y otras situaciones están siendo investigadas por las nuevas autoridades, las actuaciones que lleva adelante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) —el organismo competente, más allá de las propias áreas de auditoría que tienen algunos ministerios— van por otro carril y se encuentran todavía en proceso. Las que están más avanzadas son, por ejemplo, alguna que indaga aspectos de la gestión de los institutos de Empleo y Formación Profesional (Inefop) —otras tres vienen más lentas— y de Cooperativismo (Inacoop).
En un año de discusión presupuestal y de las elecciones departamentales, en el oficialismo calibran cuál puede ser el mejor momento para dar a conocer los resultados de las primeras auditorías. También en la oposición frenteamplista hay expectativa por saber qué arrojarán esas investigaciones y el uso político que tendrán.
Ayer miércoles, en la Torre Ejecutiva, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló con Lacalle Pou de avanzar con las auditorías. “Pensamos que hubo manejo desprolijo de los recursos del Estado y que hay que auditar bien para estar seguros de cómo se manejaron”, declaró el senador a la salida en una corta rueda de prensa.
“Confidencial”
Uno de los cometidos de la AIN es “encabezar el sistema de control” y auditoría interna gubernamental en referencia al manejo económico-financiero en las distintas reparticiones públicas y paraestatales, para así mejorar la gestión y la rendición de cuentas. Es una oficina del MEF que trabaja con discreción. De hecho, Pablo Morelli, el nuevo auditor interno de la nación, no ha tenido apariciones en los medios desde que asumió su cargo. “La AIN es un organismo técnico y preferimos no hacer comentarios sobre el trabajo que se está realizando”, respondió por escrito en junio ante una consulta de Búsqueda para conocer los planes de su gestión e indicó que los contactos deben canalizarse a través de la oficina de Comunicación Institucional del Ministerio de Economía (MEF). Búsqueda cumplió con esa formalidad pero la solicitud de entrevista tuvo una respuesta negativa; salvo por circunstancias puntuales, tampoco han salido en los medios los directores de las otras unidades ejecutoras del MEF (DGI, Aduanas, Casinos del Estado, Loterías y Quinielas, etcétera).
Un pedido de acceso a la información pública cursado por Búsqueda no logró datos concretos acerca de las actuaciones que está ejecutando la AIN, pero sí alguna definición sobre cómo trabajará a futuro: se la va a “reforzar” en recursos y también en cometidos.
La respuesta fue notificada el lunes 17 a través de una resolución firmada por la ministra Azucena Arbeleche. Allí se indica que la AIN, en junio de 2019, unificó en un solo texto la clasificación de información de carácter reservada y confidencial; bajo ese criterio es que el MEF señaló que aquella “relativa a las reparticiones y programas donde se están efectuando auditorías se clasifica como reservada, a la fecha no está desclasificada y, por tanto, no es posible proporcionarla”. Eso porque, conforme a la invocada resolución de la AIN, entra en tal categoría la información relacionada con el “Plan Anual de Auditoría, el Programa y los Papeles de Trabajo de cada Auditoría, por el plazo que la ley determina”.
En la solicitud de acceso a la información se preguntó por los “criterios adoptados para seleccionar” las dependencias o programas que empezaron a ser auditados después del 1º de marzo de 2020. La respuesta del MEF fue que la “confección del Plan de Auditorías a ejecutar, se realiza conforme a la metodología reseñada en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, que están alineadas con las “mejores prácticas para el ejercicio de la profesión. En las mismas, se consideran factores críticos como, por ejemplo, y entre otros: el interés del jerarca, el volumen de recursos o el impacto en la opinión pública”. En concreto, no se especificó en qué organismos está actuando la AIN.
En la solicitud se preguntó también por la fase en que está cada actuación y se pidió acceder a los informes de las que ya estuvieran terminadas. “En cuanto al detalle o etapa de cada auditoría en curso, es información clasificada como reservada tal cual establece la resolución” de la AIN. Tal clasificación se mantiene “hasta tanto la resolución que lo aprueba sea notificada al jerarca del organismo auditado y quede firme. Asimismo, se establece que quedará reservado el informe o la parte del mismo que haya sido clasificado con dicho carácter”, explicó el MEF en su respuesta.
Ante la pregunta sobre la fecha prevista para la difusión pública de estos informes, la respuesta del ministerio remitió a un link en la página en Internet de la AIN con las actuaciones de 2019, que fueron publicadas de manera compendiada en un único informe en febrero pasado. Y agregó: “Asimismo, es prudente remarcar que esta nueva administración dará cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de difusión y publicidad de las actuaciones realizadas, respetando el marco jurídico y con las debidas garantías por lo cual, en el mismo sitio web, se dará la debida publicidad (…) cuando corresponda”.
Más recursos
“Con qué recursos humanos (cantidad y perfiles profesionales) cuenta el área de la AIN dedicados a estas actuaciones”, fue otra de las consultas canalizadas al amparo de la ley de acceso a la información pública. Son un total de 138 funcionarios presupuestados que integran el organismo, de los cuales 32 trabajan en la División Sector Público: un coordinador, una subcoordinadora, ocho supervisores, 21 auditores y una secretaria. Respecto al perfil de ese equipo, la respuesta fue genérica: “legal, contable e informático”.
El pedido de acceso interrogó también si está en los planes de la administración de Lacalle Pou fortalecer el presupuesto de esta unidad ejecutora del MEF. “Atendiendo a que se trata de un cometido y función de relevancia en este nuevo período de gobierno, se apunta a reforzar la AIN en general y la referida división en particular, en lo que hace a recursos humanos, materiales, económicos e incluso a nivel de los cometidos definidos por al ley para contralor de las entidades estatales y capacitación. Es cuanto tenemos para informar”.
