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Por ser una compañía con más de 80 años en actividad, que emplea a 1.200 trabajadores y vende unos dos millones de boletos por semana, el concurso de la transportista Copsa fue uno de los más sonados de 2014, junto con el de la industria pesquera Fripur. Pero hubo al menos otras 54 gestiones concursales que colocan las cifras de empresas apremiadas por sus pasivos muy cerca de las del año anterior.
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Así surge de estadísticas de la Liga de Defensa Comercial que, de todos modos, son preliminares: aún faltan verificar los registros de cinco días de 2014 en los que hubo paro de los funcionarios judiciales y podría sumarse alguna solicitud del interior del país que no fue informada directamente por el Juzgado actuante.
La cifra preliminar de 56 concursos tramitados durante 2014 se compone de 40 “voluntarios” y 16 “necesarios”; sobresaliendo por su cantidad los gestionados por empresas de la construcción. En 2013 los concursos habían sido 63 en total.
La figura del concurso sustituyó al antiguo régimen de concordato habilitando un mecanismo más moderno de resolución de los problemas financieros de las firmas. La ley 18.387 que lo puso en vigor desde abril de 2009 establece que la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia para enfrentar sus obligaciones de pago. Tal declaración le impide a los acreedores promover procedimientos judiciales para el cobro.
El concurso puede ser solicitado por la propia empresa en dificultades (“voluntario”). Se le impone la obligación de pedirlo dentro de los 30 días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia. También cualquier acreedor puede gestionar el concurso.
La ley prevé la posibilidad de que la firma en problemas presente una propuesta de convenio que puede incluir esperas, quitas, cesión de bienes y reorganización de la sociedad, etcétera. Agotada esa instancia de negociación con los acreedores, corresponde a un juez adoptar un camino para liquidación y el pago a los mismos: la venta en bloque de la empresa en funcionamiento o, en última instancia, la enajenación en partes de la unidad productiva.