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En nombre de los llamados Derechos Humanos los integrantes de las Fuerzas Armadas hemos sido víctimas, y todavía lo somos, de injusticias cometidas en el dominio del Poder Judicial, de arbitrariedades por parte de decisiones administrativas y de una demonización oficial, calumniosa y sin descanso.
Al amparo de esos mismos criterios invocados para perseguir y humillar a integrantes de la familia militar, tenemos la piadosa actitud del Estado uruguayo y particularmente del Señor Presidente de la República en relación a la situación de los presos irregulares que el gobierno
de Estados Unidos mantiene en la base militar de Guantánamo. El caso de esos probables o supuestos talibanes o integrantes de la red terrorista Al- Qaeda despertó hasta tal punto la sensibilidad humanitaria de nuestro gobierno, que en un acto de misericordia consideró que a esas personas además de liberarlas había que darles generosa hospitalidad en nuestro
territorio, plenas garantías y seguridad.
Sería muy importante que los sentimientos, para con los detenidos en una guerra terrorista que Uruguay apenas miró por televisión, se aplicaran también, entre otros, al caso de los tres integrantes del Ejército Nacional detenidos ilegalmente en Chile, por un supuesto delito cometido en Uruguay. A estos camaradas el anterior gobierno les impuso una extradición ilegal, que jurídicamente no correspondía. Para poder enviar a estos oficiales por la fuerza a Chile se debieron violar unas cuantas normas constitucionales y legales. Por más que se ha reclamado al respecto, la respuesta ha sido el silencio, el ocultamiento, la indiferencia.
Ese cuadro no es el único donde el humanitarismo que le despertó al gobierno los supuestos talibanes y el respeto a la libertad que tanto se invoca en los foros internacionales, está ausente respecto del trato que en su país reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Tenemos, por ejemplo, a varios miembros de las Fuerzas Armadas en calidad de detenidos políticos aquí en Uruguay; muchos de ellos, por haber traído en un supuesto segundo vuelo al ex guerrillero Juan C. Mechoso, cuyo cuerpo apareciera en un barril en Buenos Aires, habiendo sido ejecutado en dicha ciudad. El encarcelamiento de estos Oficiales, por decir lo menos, es un atropello a su libertad.
Este hecho, así como los que hemos venido denunciando en notas anteriores, nos va dando la pauta de la injusticia a la cual hemos sido sometidos y de qué manera persecutoria y arbitraria han sido juzgados los Oficiales de nuestras Fuerzas Armadas.
Esos, nuestros presos políticos, no son jóvenes y esperanzados como los supuestos talibanes a los que se recibirá con los brazos abiertos, sino que se trata de personas ya de muy avanzada edad, todos abuelos, algunos octogenarios y sin ningún componente de peligrosidad que justifique la privación de libertad. No hay argumentos fundados ni legítimos para mantener cruelmente en ese martirio y hacerlo, encima, en nombre de los
Derechos Humanos.
Finalmente debemos significar que en la jurisprudencia de nuestro país no existen los delitos de lesa humanidad sino a partir del 2006, fundándose en la irretroactividad de la ley penal y el reconocimiento del Tratado de Roma, que no admite la aplicación de nuevas figuras penales a hechos que en el momento de su ocurrencia no eran delito.
El máximo organismo de la Justicia —la Suprema Corte— así lo ha sostenido y expresado públicamente.
Todos los supuestos delitos imputados a los militares presos habrían sido cometidos anteriormente al 2006. Por lo tanto es urgente disponer al menos la prisión domiciliaria.
El pueblo uruguayo lo entendió, en sendos plebiscito y referéndum respectivamente, que estos servidores públicos no habían hecho otra cosa que cumplir con su deber.
Queremos decir, para que se entienda claro, que si hay sensibilidad en serio por las situaciones donde se compromete el sentido humanitario, entonces se debe terminar ya mismo, también, esta situación. Por eso instamos al Señor Presidente y al Gobierno todo a un gesto de humanidad hacia sus compatriotas y que se aplique en primera instancia el instrumento de la prisión domiciliaria, y posteriormente una Ley de pacificación nacional que ponga las cosas en su sitio. La caridad bien entendida siempre debe empezar por casa.
