por Kid Gragea
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn nuestra inclaudicable carrera en procura de la medalla de oro en la competencia olímpica de Persecución Mediática (todavía hay que competir y correr mucho para superar a nuestros colegas de otros medios) hoy seguimos develando interesantes episodios de lo que don Gabriel habría intitulado Quince años de impunidad.
Hemos tenido que descartar muchos casos, ya que el limitado espacio del que disponemos no nos permite relatarlos todos, pero hemos hecho una selección que esperamos resulte de vuestro agrado.
Omitiremos los recientemente descubiertos del Hospital Policial, así como los recordados colchones que compraba Raulito con su tarjeta corporativa (y los surtidos de supermercado, los casimires de Panamá y el Rolex y la laptop del Duty Free, y andá llevando) porque ya están muy conversados.
Hoy miraremos en otras direcciones, en algunos episodios ocurridos entre los años 2006 y 2018, que merecen ser destacados.
En al año 2007, el edil suplente del Frente Amplio de Rivera, don Braulio Elavi Vado, sustrajo y vendió en su provecho tres cuadros que adornaban su despacho en la Junta Departamental, y con el producido de la venta le instaló un quiosco a su amante Yirley Lasen Sual, (a) la Beba, en un barrio de la ciudad, bastante alejado de la zona en la que él vivía. Todo marchaba sobre ruedas, hasta que la esposa del edil estaba de visita en casa de una prima y acudió al quiosco de la Beba para jugar a la quiniela. Mientras hacía su apuesta, a la Beba le entró una llamada en su celular, y la esposa pudo comprobar que la Beba estaba hablando con su marido (el de ella), al que nombraba por su nombre, le decía “mi amor”, y le preguntaba por su trabajo en la Junta. El escándalo llegó al legislativo departamental, pero entonces no se obtuvieron los votos para crear una comisión investigadora. Todo parece indicar que ahora se replanteará el caso, con posibilidades de que se realice asimismo una denuncia policial.
En el año 2009, el diputado suplente del FA por el departamento de Colonia, Heriberto Elinco Ruptible, llevó a su primo Gregorio a la terminal de Buquebus del puerto disfrazado con el uniforme de azafato de las naves que realizan los viajes a Buenos Aires. Mediante influencias con empleados de la terminal, logró infiltrar a su pariente en una de las que estaban por zarpar, y el primo Gregorio viajó así sin pagar pasaje a Buenos Aires, donde realizó varias compras de vestimenta en tiendas de la vecina orilla, las que intentó pasar sin declarar a su regreso a Colonia. El contrabando fue detectado y la mercadería quedó en depósito en la Aduana de Colonia, pero una vez más, utilizando sus influencias, el legislador logró que el asunto se archivara por “falta de pruebas”. El tema se ha reflotado ahora, y todo hace indicar que se llevará a cabo una denuncia policial, solicitando la reapertura del caso.
En el año 2011, la edila suplente del FA en la Junta Departamental de Cerro Largo, Margarita Latram Posa, organizó una asociación para delinquir en contacto con un grupo de delincuentes de Río Grande del Sur. Mediante conexiones especiales en la Aduana de Río Branco, la susodicha logró crear una cadena de contrabando de alimentos, que vendían en su beneficio en locales clandestinos, a precios imbatibles. El sistema estuvo operativo hasta bien entrado el año 2013, cuando en un control de frontera se detuvo a los operadores del sistema, los que declararon que su jefa no era otra que la edila Margarita. Las investigaciones nunca lograron comprobar la vinculación entre la legisladora departamental y el grupo delictivo y todo quedó en la nada. Ahora han aparecido unas grabaciones que la vinculan directamente con el grupo de contrabandistas y se aguardan las gestiones que la llevarán ante la Justicia.
En el año 2016, el asesor en materia fiscal de la Mesa Política del FA, Lic. Arnaldo D. Laeva Sión logró fabricar un carnet que lo acreditaba como inspector principal de la DGI, con el cual visitó a numerosos empresarios, a quienes les inspeccionaba los libros, encontrando enormes irregularidades que él les informaba que denunciaría ante las autoridades recaudatorias. A renglón seguido, don Arnaldo les proponía un arreglo, consistente en que le pagaran a él un 10% del monto que deberían pagarle a la DGI, multas y recargos incluidos, para archivar el caso. Casi todas las víctimas del inspector trucho aceptaron el chantaje, pero dos de ellos, que habían permanecido en silencio hasta ahora, han decidido hacer la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se haga justicia y lo metan en cana al delincuente.
La Mesa Política está circulando un documento, que recoge firmas de los integrantes de esta, en la que se expresa que “nuevamente estamos ante un nuevo caso de persecución mediática, un atropello de la derecha, la cual incansablemente no cesa de buscar culpas allí donde no las hay, por lo que no solo rechazamos las injustas y falsas acusaciones que se formulan, expresando nuestra absoluta y total solidaridad con los compañeros Braulio, Heriberto, Margarita y Arnaldo, quienes estamos seguros que jamás han cometido irregularidad alguna”.
¿Esperaban otra cosa?