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    sábado 22 de junio de 2024

    Seis propuestas para el nuevo gobierno (6): desarrollo sostenible

    Nº 2276 - 16 al 22 de Mayo de 2024

    Uruguay puede fácilmente verse como un país exitoso en materia de desarrollo sostenible, dados su notable transición energética y su relativo bajo nivel de pobreza. Pero la realidad es menos verde (o menos rosada) de lo que parece. Y algunas de nuestras debilidades en materia ambiental y social están sorprendentemente conectadas.

    Empezando por el lado positivo, alrededor de 95% de la electricidad uruguaya proviene de fuentes renovables, lo que nos pone entre los 15 mejores de la clase en el mundo. Este resultado no es nuevo, dado que a comienzos del siglo las represas hidroeléctricas nos permitían llegar al 100%. Pero desde entonces el consumo de electricidad del Uruguay se duplicó y la parte de las fuentes renovables decayó con fuerza. La apertura efectiva del sector a la generación privada con base en biomasa, viento y sol, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, permitió revertir la tendencia y darle credibilidad a la idea del “Uruguay natural”.

    En cuanto a la sostenibilidad social, la fracción de la población uruguaya que vive por debajo de la línea nacional de pobreza decayó fuertemente en las últimas dos décadas, en especial durante los períodos en que gobernó el Frente Amplio. En la actualidad, es alrededor del 10%, o apenas 0,1% si se utiliza la línea de pobreza extrema del Banco Mundial. De nuevo, este resultado nos coloca entre los 35 mejores a escala mundial, junto con los países más desarrollados. Puesto que ningún otro país de América Latina pertenece a este grupo, casi podríamos creer, una vez más, que “como el Uruguay no hay”.

    Sin embargo, el ascenso de la electricidad de origen renovable y la caída de la tasa de pobreza son solo una parte de la historia.

    En materia ambiental, nuestro consumo de petróleo más que se duplicó en lo que va del siglo, y con él nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado fino. Los gases de efecto invernadero son la causa del cambio climático en el globo, mientras que el material particulado fino está asociado con una mayor severidad de las enfermedades pulmonares locales. Estas emisiones afectan “no solo” la salud del planeta y la de nuestra población: de maneras no necesariamente justificadas, también frenan nuestro acceso a mercados de exportación y a tasas de interés más ventajosas.

    En materia social, al mismo tiempo que caía la tasa de pobreza aumentaba la desigualdad territorial, sobre todo en Montevideo. A lo largo del último medio siglo, la población de mayores recursos se ha ido concentrando sobre la costa y la ciudad se ha ido “corriendo” hacia el este. Los grupos más desfavorecidos, en cambio, se quedaron en el norte y en el oeste de la ciudad. Y los barrios de esas zonas son los que tienen, cada vez más, los peores indicadores sociales, desde la deserción escolar hasta la tasa de homicidios. De forma creciente, Montevideo se ha vuelto dos ciudades en una.

    Estos problemas, ambiental y social, no tienen soluciones mágicas. A lo largo y ancho del mundo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha mostrado ser más difícil de lo esperado. Y en todos lados avanza la “gentrificación” de los barrios más vivibles y con ella la secesión de los más ricos.

    Pero a esos problemas, comunes a casi todos los países, el Uruguay agrega uno propio: la refinería de petróleo de Ancap en el barrio La Teja.

    Cada año la refinería emite alrededor del 8% de los gases de efecto invernadero que produce Uruguay. El volumen de sus emisiones es amplificado por la quema de los gases residuales a través de la llamarada de su chimenea, un método industrial anticuado que genera volúmenes muy importantes de metano y de material particulado fino. Y para producir combustibles a un costo 11% mayor que si los importáramos ya refinados.

    Los barrios que rodean la refinería se ven directamente afectados por sus emisiones. La Intendencia de Montevideo opera sensores para medir la calidad del aire en ocho puntos de la ciudad. En La Teja, el porcentaje de días en que el material particulado fino excede los estándares internacionales de salud es el doble que en Tres Cruces o en la Ciudad Vieja, dos áreas con una alta intensidad de tránsito vehicular. Y es al menos 10 veces mayor que en los demás barrios de la capital.

    No es sorprendente, entonces, que la parte más deprimida de la ciudad sea la que rodea a la refinería. De los 44 barrios para los cuales hay datos, los tres en los que la vivienda vale menos son La Teja, Cerro y Nuevo París. En cualquiera de ellos, el metro cuadrado construido cuesta en promedio alrededor de US$ 1.000, comparado con US$ 2.000 en La Comercial, US$ 3.000 en Parque Batlle y US$ 4.000 en la bahía de Buceo. Dicho de otro modo, no hay peor lugar para vivir en toda la ciudad.

    Producir derivados de petróleo en el territorio nacional puede haber sido una buena idea hace un siglo, pero hoy en día no es un prerrequisito para prosperar. Países con una población comparable a la nuestra, pero con un mayor nivel de desarrollo, no tienen refinerías. No hay ninguna en Estonia, y la única que existía en Nueva Zelandia fue cerrada, de manera definitiva, en 2022. Además, tener refinerías de petróleo en medio urbano es más propio de países de escaso desarrollo, o con un Estado omiso, que de países avanzados en lo social. Claramente, no las hay en Londres, Madrid, París o Roma.

    La propuesta de esta nota es, por lo tanto, cerrar la refinería. Ello no significa querer cambiar el estatuto o los cometidos de Ancap. Tampoco implica eliminar su monopolio legal: si nadie más puede refinar o importar combustibles, el monopolio se mantiene. De lo que se trata es de tener un ente más moderno, a cargo no de un proceso industrial contaminante, sino de la seguridad energética desde el punto de vista estratégico y de la gestión de la importación de combustibles, incluyendo las compras en el futuro.

    Nada de esto necesita las 62 hectáreas que Ancap ocupa hoy en la bahía de Montevideo. Para garantizar la seguridad energética del país, alcanza con almacenar las reservas necesarias de combustible importado cerca de la boya petrolera, lejos de cualquier centro poblado.

    La propuesta de esta nota incluye, por lo tanto, utilizar esas 62 hectáreas para un gran proyecto de desarrollo urbano que revitalice el oeste de la ciudad, aprovechando el activo extraordinario que es la bahía de Montevideo. El proyecto debería integrar a los barrios de La Teja, Cerro y Nuevo París. Y podría conectarlos en minutos al Centro y a la Ciudad Vieja, con sus mejores oportunidades de empleo y su mayor abundancia de servicios, mediante un servicio de vaporettos, como en Venecia.

    Un cálculo muy grueso sugiere que el valor inmobiliario de esas 62 hectáreas podría estar por encima de los US$ 1.000 millones, lo que debería ser más que suficiente para financiar los costos de transición que implique el cierre de la refinería. Y esto es sin contar el aumento de valor de la propiedad que tendrían los barrios alrededor de ella y, por lo tanto, la ganancia de capital de la que se beneficiarían algunos de los habitantes más pobres de Montevideo.

    En 1999, Mariano Arana, que quiso a la ciudad como pocos y que probablemente hizo por ella más que nadie, decía: “Montevideo debe recuperar plenamente su bahía, la gran oportunidad dejada de lado. La bahía, que es asiento del puerto y de otras localizaciones de difícil traslado. Pero no hay por qué pensar que dentro de 50 años tengan que seguir allí, como las instalaciones de Ancap. Y ese potencial tiene que ver con aspectos residenciales, tiene que ver con la circulación, tiene que ver con el aprovechamiento de las zonas de esparcimiento para el futuro de la ciudad”.

    En suma: la propuesta de esta nota permitiría reducir en gran cantidad las emisiones de gases de efecto invernadero del Uruguay, posicionándonos mejor para acceder a mercados de exportación y a oportunidades de financiamiento. De paso, la propuesta nos ahorraría el sobrecosto que implica producir derivados de petróleo en el país en vez de importarlos. Y, sobre todo, haría que la visión de Mariano Arana para Montevideo se vuelva realidad, transformándola en una ciudad a la vez más vivible y menos desigual.

    *El autor trabajó como investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), fue economista principal del Banco Mundial para Vietnam y se desempeñó como economista jefe para Asia del Sur y para América Latina de ese organismo multilateral. Entre sus escritos se cuenta El país de los vivos: un enfoque económico.