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En el primer año de la actual administración, la mejora en la gestión pública no ocupó un lugar central y tampoco parece tener un lugar destacado en la agenda para el 2026, entre tantas prioridades
En las últimas semanas, los ciudadanos hemos tenido un baño de realidad informativa en torno a nuestro Estado y, en particular, a los trabajadores públicos.
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Aunque el régimen está vigente desde hace años, en medio de un debate político acerca del monto de las multas de tránsito hizo ruido el hecho de que los funcionarios de Montevideo y otras intendencias cobren un porcentaje de las sanciones aplicadas a los infractores.
Por su lado, Búsqueda informó de casos de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM) que, hace varios años y también recientemente, recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados por distintas situaciones.
Por concepto de “ayuda económica”, la IM pagó a funcionarios montos de $ 100.000 y hasta $ 480.000 en 2024. Según informó El País, hay nombres que se repiten, como el de una exdirectiva de Adeom —el sindicato de los municipales—, y en “muchos casos” los beneficiados reciben, además, varias otras partidas.
A su vez, el mismo diario realizó un relevamiento en 38 organismos públicos y listó una serie de beneficios que perciben los funcionarios, desde prestaciones por alimentación, salud y nacimientos hasta exoneraciones de patente, contribución inmobiliaria, partidas para almuerzo y psicólogo. Muchos de esos beneficios son compensaciones que a lo largo de los años fueron negociadas por los gremios y convalidadas por las autoridades de turno, que después no tienen marcha atrás.
Según algunos estudios, los salarios públicos promedio son relativamente altos para quienes cumplen las tareas más básicas al compararlos con el sector privado, pero ni la paga ni la posibilidad de hacer carrera resulta atractiva para los puestos que requieren más preparación. Sin embargo, las compensaciones y otras partidas, muchas veces concedidas al barrer, han distorsionado la estructura de remuneraciones dentro del sector público.
Después de un extenso análisis para definir las ocupaciones e identificar qué tareas involucra cada una —algo que, en la situación actual, no está claro en muchos casos—, el anterior gobierno aprobó una nueva carrera administrativa que no quiso poner en aplicación por decisión política. Las actuales autoridades, en tanto, entienden que esos cambios no tuvieron una suficiente negociación con los gremios estatales y no la han implementado, aunque aseguran que se proponen hacer algo con todo esto.
En el período pasado también se instruyó a que los distintos incisos hicieran reestructuras organizativas, pero los progresos fueron en general incompletos.
En el primer año de la actual administración, la mejora en la gestión pública no ocupó un lugar central y tampoco parece tener un lugar destacado en la agenda para el 2026, entre tantas prioridades.
Desde la perspectiva del contribuyente, con recientes ajustes técnicos al Fondo Nacional de Salud y las modificaciones impositivas introducidas en el Presupuesto, se eleva la carga sobre algunos sectores de la población. Como otras veces ocurrió en el pasado, el esfuerzo para sostener el costo Estado recae sobre el sector productivo privado y en la población en general. En estos temas, debería ser hora de empezar a poner la casa en orden.
