En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El Senado aprobó esta semana un proyecto de ley que modifica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), vigente desde noviembre de 2017, y establece la prisión preventiva obligatoria para los delitos graves. A su vez, elimina el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes. La votación del proyecto sirvió como escenario para discutir la política de seguridad del gobierno y hubo una coincidencia entre algunos legisladores del oficialismo y la oposición: las reformas al CPP no mejorarán el combate al crimen.
, regenerado3
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El proyecto fue aprobado en general por todos los partidos (ahora pasó a Diputados), pero cuando se votó artículo por artículo, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Casa Grande no acompañaron los cambios sobre la prisión preventiva y la libertad anticipada.
Rafael Paternain, del sector Casa Grande, que suplantó a Constanza Moreira, dijo que la prisión preventiva se usa en un “sentido abusivo”. Afirmó que esta medida y la que limita la libertad anticipada buscan utilizar la cárcel “como mecanismo incapacitante”. Agregó que se busca castigar a los sectores “más vulnerables”. “El texto no va a solucionar los problemas en política criminal”, afirmó. La socialista Daisy Tourné coincidió con que seguir “engordando” las cárceles “no es el camino”.
Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) sostuvo que los cambios “apuntan a que el sistema funcione mejor y de manera más razonable”. Dijo que “se pretende que a ciertos imputados que cometen delitos de gravedad o son reincidentes, se les aplique el cumplimiento efectivo de la pena”.
La oposición aprovechó la instancia para cuestionar la política de seguridad del gobierno. Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo que la estrategia para combatir el delito “fracasó”. Puso como ejemplo la cantidad de robos a cajeros automáticos que ya son un “escándalo” y que en otro país habría provocado la renuncia del ministro. Agregó que el proyecto mejora el funcionamiento del nuevo código, pero no soluciona los problemas de seguridad.
En tanto, Javier García (Partido Nacional) denunció que el Ministerio del Interior está “manipulando las cifras” sobre delitos, en especial las rapiñas.
A su vez, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), afirmó que el problema de la seguridad es un “fracaso” de “todo el Frente Amplio”. Señaló una “improvisación constante” y afirmó que en las cárceles se “violan los derechos humanos”.
Pedro Bordaberry (Partido Colorado) dijo que Eduardo Bonomi ha realizado la “peor gestión de la historia”, y también aseguró que el ministerio manipula las cifras de delitos.