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El vicepresidente Raúl Sendic está en el centro de la tormenta generada en torno a las pérdidas millonarias que tuvo la petrolera estatal Ancap durante la anterior administración. Luego del trabajo de una Comisión Investigadora en el Parlamento, que para el oficialismo no demostró la existencia de irregularidades, pero para la oposición reveló varios hechos con apariencia ilícita, las actividades de Ancap pasaron a ser investigadas por la Justicia de Crimen Organizado.
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Mientras el expediente comienza a moverse y la Justicia se prepara para empezar a citar a los involucrados, el vicepresidente decidió tomar la iniciativa y concurrir al juzgado a presentar documentación para defender la legalidad de las decisiones adoptadas mientras él estuvo al frente de Ancap.
El martes 15 la defensa de Sendic —a cargo de los abogados Ignacio Durán y Gúmer Pérez— presentó en el juzgado un escrito de unas 120 páginas con documentos y testimonios que defienden lo actuado por Sendic.
El vicepresidente ya había presentado en julio un escrito para ponerse a disposición de la Justicia. A partir de ese momento la defensa obtuvo acceso a las actuaciones del juzgado. “Una vez que tomamos conocimiento de las denuncias y de los hechos que se le imputan, obviamente él quiso dar un paso adelante y en una actitud proactiva dar su visión de los hechos, que es la única visión de los hechos, objetivamente”, dijo Durán a Búsqueda.
“Antes de que comenzaran con el proceso de citaciones quería que la jueza y la fiscal tengan las dos caras de la moneda, contado desde el lado del denunciado, que dista muchísimo de lo que dice la oposición”, añadió.
El abogado sostuvo que desde que el Senado evaluó, tras la Investigadora, que no hubo hechos ilícitos, y “aún así se siguió adelante con la denuncia, hubo una campaña mediática muy grande que lo desprestigia”. Por eso, “una vez que toma conocimiento de las denuncias, y cuando vemos que la realidad está contada de forma bastante parcial, que se omite información, que se tergiversan hechos, él quiso tomar la iniciativa y darle al juzgado los elementos, con el debido respaldo testimonial, de por qué consideramos que los hechos distan bastante de lo que denuncia la oposición”.
Durán dijo que Sendic “está muy tranquilo” porque tiene “argumentos sólidos”. “Podrá atacarse lo que es una gestión, un modelo de conducción, pero de ahí a pensar que hay ilícitos hay un gran trecho”, afirmó.
En el escrito se abordan siete “puntos fuertes” de las denuncias, explicó. Entre ellos, la contratación de la agencia de publicidad La Diez, la construcción de la planta de cal en Treinta y Tres, y las operaciones de Alur.
Muchas de las decisiones se tomaron con el respaldo del área de Servicios Jurídicos de Ancap, sostiene Sendic en el escrito. “Cada decisión que se tomó tenía un respaldo atrás o un consenso, no hubo actuaciones arbitrarias”, afirmó.
“Tenemos el debido respaldo probatorio de que en actuaciones que se le reprochan por haber actuado de forma ilegal o favoreciendo a determinada persona en una licitación, todo tiene una explicación y está fundamentado en un respaldo documental o testimonial”, añadió.
Aseguró que “no se actuó a la ligera ni para favorecer a nadie ni por amiguismos de turno”. “Podrán reprocharle si moralmente se debió hacer un nuevo llamado a licitación, si no debió hacerse tal o cual cosa, pero tiene el debido respaldo de que se actuó conforme a la norma”, agregó.
“Obviamente como político que es, está dispuesto a recibir críticas sobre si la gestión estuvo bien o no, incluso en el escrito hace una suerte de mea culpa sobre la gestión, pero marca claramente que siempre actuó conforme a derecho”, dijo Durán.
Por otra parte, el abogado sostuvo que si bien Sendic resolvía como máximo jerarca del ente, “muchas de las decisiones venían del Poder Ejecutivo y los lineamientos económicos, y de los modelos de conducción que le imponía el Ministerio de Industria y en algún caso Economía”.
Para la defensa del vicepresidente “obviamente hay una campaña en su contra, que tiene un tinte político. No tiene dos lecturas”.
La oposición, aseguró, “comete dos errores que obviamente son mal intencionados”. De forma “tendenciosa” habla de U$S 800 millones de déficit “como si hubiese habido una caja fuerte y que esta gente sacaba todos los días un poquito”. Ese déficit “tiene un contexto económico, y hay que saber con certeza lo que son las paramétricas de los combustibles, el traslado de los salarios, la mano de obra, las diferencias de tipo de cambio; todo tiene una explicación razonable para esos U$S 800 millones”, dijo Durán.
Además, de “forma solapada” la oposición “hace una denuncia genérica y dice que denuncia hechos cuando es muy claro que a nivel penal las responsabilidades son individuales y atrás de cada hecho obviamente está la decisión de un jerarca o miembro del directorio”, afirmó el abogado.
El expediente en Crimen Organizado se formó a partir de las denuncias presentadas en abril por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular.
La semana pasada el equipo técnico que apoya a la Justicia en la investigación —integrado por funcionarios del Banco Central, del Instituto Técnico Forense, de la Secretaría Antilavado de Activos y de la Dirección General Impositiva— finalizó su primer informe sobre los hechos denunciados.
Según informaron a Búsqueda fuentes en conocimiento de la investigación, el informe encontró varios hechos con indicios de irregularidades (Búsqueda Nº 1.892). A partir de los resultados del informe, la jueza Beatriz Larrieu y la fiscal María de los Ángeles Camiño planean comenzar a la brevedad a citar a los funcionarios y jerarcas que participaron en las operaciones denunciadas.