Sentencias claras y seductoras

Junto a Enrique Véscovi —como él, un peso pesado del Derecho Procesal—, esperaban en un Juzgado civil la sentencia de un juicio en el que defendían intereses opuestos. Los notificaron y se sentaron en la antesala a leer el fallo. Al terminar cruzaron sus miradas. Con un dejo irónico Véscovi le preguntó: “¡No entendí nada! ¿Ganaste vos o gané yo?”. Tarigo le respondió: “¡Ninguno de los dos, perdió la claridad de la Justicia!”.

Son frecuentes las sentencias con un lenguaje confuso e intrincado, plagadas de latinazgos o desbordantes de citas de doctrina (en general antigua) para demostrar idoneidad. Sin embargo, le erran a lo central: la solución jurídica que luego deben encarrillar los tribunales.

Esas carencias y las gramaticales se arrastran desde la enseñanza primaria y secundaria. Lo señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, docente  universitaria y del Centro de Estudios Judiciales (CEJU) en una entrevista con Búsqueda (Nº 1903).

Ni la arrogancia ni la petulancia son nuevas. El periodista y jurista argentino Luis Cané (Luis Cóndor Malmierca Cané) sostenía que “para administrar justicia de verdad y con buena fe, mejor que letraduría buen linaje hay que tener”. ‘Letraduría’ es un vocablo infrecuente pero calza como anillo al dedo. Define a un dicho vano e inútil proferido con alguna presunción.  

Una redacción debe comunicar. Para el caso, con la lupa sobre lo jurídico, comunicar con certeza y claridad. Lo ignoran los presumidos que utilizan una sintaxis oscura y en su penumbra y con el “recorto y pego” ocultan limitaciones. Desconocen la forma adecuada de combinar las palabras y los grupos para expresar significados. Las nuevas generaciones colocan al sistema al borde del abismo.  Lo remarcó Búsqueda en el editorial “Un verdadero drama” (Nº.1904). Ni hablar de encontrar innovaciones jurídicas. 

En 2013 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, advirtió que “se suponía que el abogado sabía hablar y escribir” y que “ahora no se escribe tan bien, ni se tiene poder de síntesis. No hay una adecuada comprensión lectora”. El nivel de muchos estudiantes de Derecho es —remarcó sin anestesia— “impresentable”. 

Algunos tienen pluma fina, como por ejemplo los mencionados Martínez y Chediak. Sin dejar de citar jurisprudencia o doctrina se nota en ellos como en otros la preocupación por la claridad y asoma su sólida formación cultural.

El lenguaje jurídico debe ser accesible para fomentar su divulgación y legitimar el sistema. Escribir con claridad es una cuestión de respeto y consideración con los justiciables y el ciudadano en general.

“La claridad de los textos es un deber para el jurista”, afirmó Santiago Muñoz Machado, miembro de la Real Academia Española (RAE) y de la de Ciencias Morales y Políticas. Es el director del “Libro de estilo de la Justicia” editado por la RAE y Espasa, que se presentó el 25 de enero en Madrid.

Se trata de una obra de 450 páginas, imprescindible en la biblioteca de cualquier jurista y en centros de formación de jueces como el CEJU, que tiene casi el mismo número de profesores que de alumnos.

Esa orientación debería asumirse como materia obligatoria en esa escuela para jueces del Poder Judicial. Los aspirantes llegan a ese “posgrado” con lagos más grandes que el Titicaca. Docentes y directivos dicen que sus carencias jurídicas quedan demostradas en las pruebas de ingreso, pero le añaden horrores gramaticales y conceptuales.

En la presentación de ese libro de estilo, el presidente del Tribunal Supremo Español y del Consejo del Poder Judicial de España, Carlos Lesmes, destacó la relación entre la expresión jurídica, la democracia y la necesaria participación ciudadana. El poder público “debe manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la sociedad; un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático”, señaló.

Para Lesmes la precisión conceptual es más necesaria en derecho que en ningún otro campo debido a las “exigencias de la seguridad jurídica”, algo de lo que Uruguay se jacta.

Ese magistrado sostiene que se requiere una “expresión conceptual precisa para desterrar la arbitrariedad y la confusión”. Facilitarles la comprensión de las normas a quienes tienen la obligación de cumplirlas.

Entre quienes allí estábamos sobrevoló una advertencia de Muñoz Machado: “No se puede obligar a un ciudadano a que cumpla una ley que no entiende. Los jueces en sus sentencias y otros escritos, el legislador y la administración en sus resoluciones, están obligados a la claridad del lenguaje. Es un derecho de los ciudadanos”. Claro que sí.

Lesmes recordó que “varios organismos internacionales han señalado que una resolución administrativa que no esté motivada con un lenguaje razonable no puede ser válida”. Es razonable.

Lo bueno es utilizar un lenguaje llano con palabras y conceptos accesibles, buena sintaxis y construcción adecuada. Sin descuidar el derecho, naturalmente, que debe ser lo central.

Como complemento difícilmente se encuentre algo mejor que “La seducción de las palabras”  de Alex Grijelmo. Tan seductoras como una sentencia bien escrita. Y si no usan el libro para eso, al menos se van a entretener y sorprender.