Ser o no ser

Esa reflexión, probablemente poco académica, me asaltó cuando unía diversos hechos ocurridos en los últimos meses en el Poder Judicial. Estos, por cierto, distantes y ajenos para la mayoría de los ciudadanos, cuya atención está absorbida desde hace tiempo por el sainete de Pluna y el tiroteo empresarial-partidario-gubernamental-económico en ese terreno. Es comprensible porque en ese asunto, su desarrollo y personajes de primera línea son ideales tanto para el argumento de un culebrón ambientado en un país bananero, como para una tragicomedia política.

Los ministros sorteados fueron comprensiblemente recusados por la contraparte. Pero los magistrados la desconocieron y decidieron asumir esa transitoria función pese a que, sin duda alguna, les comprenden las generales de la ley: si el fallo amparara la inconstitucionalidad ellos también recibirían los aumentos y sus retroactividades. También es obvio que si desestiman la inconstitucionalidad, todos sus colegas no cobrarán el aumento, una circunstancia que seguramente puede pesar en su ánimo.

Se trató de una muy mala señal para el ciudadano atento, aunque más tarde, una maniobra de los legisladores del gobierno desactivó ese trámite de inconstitucionalidad al derogar estratégicamente las leyes que lo motivaron. En todo caso, el fallo que emitirán sólo podrá amparar el aumento hasta fines de este año, aunque nadie sabe de dónde saldrán los recursos.

La semana pasada el gremio de los funcionarios judiciales manifestó ruidosamente ante la sede del máximo organismo judicial, luego de que una sentencia del Tribunal de Apelaciones Civil de séptimo turno le resultó favorable en un reclamo salarial que globalmente implica una erogación de alrededor de $ 100 millones.

Esa sentencia confirmó una anterior del juez de primera instancia Alejandro Recarey y estableció el derecho de los funcionarios al “enganche” salarial que se había votado durante el anterior gobierno a través del artículo 389 de la Ley de Presupuesto. Pero la Suprema Corte de Justicia lo desconoció y derivó en que los funcionarios impulsaran el juicio que termina por darles la razón. La Corte lo desestimó con diversos argumentos de sus servicios técnicos. En realidad —me confiaron algunos jerarcas al oído— se debió a que no había recursos para pagarlo y a que “los jueces son jueces y los funcionarios, funcionarios”. Hijos y entenados.

Si la Corte persiste en su negativa a pagar el “enganche” salarial deberá presentar un recurso de casación contra la sentencia del tribunal que solo puede ser resuelto por el máximo órgano judicial como fallo definitivo. Como probablemente sus integrantes se abstendrán —lo que es harto razonable— una vez más habrá que sortear la integración de la Corte entre ministros de los tribunales civiles para que decidan quién tiene razón: ellos mismos o los funcionarios.

Una vez más, juez y parte ante un vacío legal que rompe los ojos.

A unos metros de distancia de donde, entre escandalosos petardos, observaba la manifestación judicial en el Pasaje de los Derechos Humanos, Raúl Vázquez, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, expresaba algo que reiteró a algunos periodistas y que es sensato: “Es inmoral e inaceptable que nuestro empleador sea quien resuelva una eventual casación; fue la propia Corte la que se opuso al enganche (con el salario de los jueces) y nos empujó a este juicio”. Destacó, enérgico, que “es una conquista que nos quisieron arrebatar pero de ninguna manera lo van a lograr”.

Vázquez opinó que la Corte no debería plantear la casación y que si lo hace, los funcionarios tomarán medidas gremiales de peso como, por ejemplo, paros y ocupaciones.

En el diario “El País”, un ministro de la corporación a quien no se identifica opinó que los funcionarios quieren ganar un juicio “haciendo paro” y advirtió que la casación “forma parte de las reglas de juego” de cualquier proceso judicial.

Quienes supongan —como ese anónimo ministro— que las medidas gremiales son irregulares están equivocados. Los funcionarios no quieren ganar haciendo paros. Tienen pleno derecho a las medidas gremiales, de la misma forma que la Corte lo tiene para plantear la casación o declarar al servicio como esencial. Cómo se soluciona el problema es harina de otro costal y como el resto de estas cuestiones, la única forma de evitarlas, o al menos minimizarlas, parece estar en que se decida de una vez por todas la independencia presupuestal del Poder Judicial. De esa forma, mediante acuerdos entre las partes y sin la intervención perversa de los otros dos poderes del Estado, podrían resolverse esas cuestiones.

Sin embargo, por más derecho que los funcionarios tengan, no parece razonable que la solución al intríngulis sea a través de eventuales paros y ocupaciones de edificios judiciales. Esas medidas frustran la expectativa y la esperanza de miles de litigantes en las diversas materias, muchos de ellos igual o más angustiados que los funcionarios judiciales. Llegan a los tribunales con la esperanza de encontrar una respuesta a sus aspiraciones y reclamos y pueden encontrarse con un muro.

Una clara demostración de lo anterior es el paro de los actuarios, quienes, salvo cuestiones de urgencia, no tramitan la mayoría de los expedientes judiciales y mantienen de rehenes a los ciudadanos que han depositado su confianza en la Justicia.

Como en Hamlet, la cuestión es ser o no ser, aunque para recurrir a lugares comunes, no se puede estar en la misa y en la procesión, ni chiflar y comer gofio.