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El Poder Ejecutivo decidió fortalecer los mecanismos de control de ingresos al Estado tras constatar que algunos gobiernos departamentales incorporaron personal que había sido destituido como funcionarios públicos por diversas irregularidades. La idea, incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas, tiene el aval del oficialismo y la oposición en el Parlamento.
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La idea del gobierno es establecer por ley que todo organismo del Estado antes de contratar o designar a una persona debe consultar al Registro de Vínculo con el Estado de la ONSC para saber si no tiene impedimentos para asumir el cargo. Según el artículo, se deberá constatar si no existen antecedentes “respecto de la existencia de destituciones como consecuencia de sumarios administrativos e inhabilitaciones judicialmente dispuestas para ejercer cargos públicos, así como constancia de vínculos vigentes con otros organismos”.
El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, explicó el alcance de la medida el jueves 19 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. “Lamentablemente, en los últimos días hemos podido constatar, sobre todo en los gobiernos departamentales, la incorporación de personas que no podrían haber ingresado como funcionarios si se hubiera consultado el Registro de Vínculos con el Estado, porque se trataba de personas con incapacidades jurídicas”, dijo.
Scavarelli aseguró que el gobierno busca asegurar que todo organismo que contrate personal tenga conocimiento de los “antecedentes sumariales, inhabilitaciones y vínculos laborales vigentes con el Estado”.
La idea del gobierno es establecer por ley que todo organismo del Estado antes de contratar o designar a una persona debe consultar al Registro de Vínculo con el Estado de la ONSC para saber si no tiene impedimentos para asumir el cargo.
“¿Qué se espera de esta propuesta?”, se preguntó el jerarca. “Que sin lesionar la autonomía respectiva de cada organismo, tenga presente todos los antecedentes con el Estado que puedan inhibir la decisión de contratación o designación, y que no los ignore en caso de existir”.
El director recordó que en el proyecto de Rendición de Cuentas del año pasado propuso, sin éxito, que se estableciera una norma por la que no podían ser contratadas nuevamente como funcionarios aquellas personas que hubieran cometido un delito. A la vez, quienes hayan sido destituidos por causales de ineptitud u omisión, sí podían volver a concursar para ingresar al Estado una vez que hayan pasado diez años de la sanción. Esa idea no fue apoyada por el Parlamento.
Para Scavarelli, es necesario que haya claridad en cuanto a qué se puede hacer y qué no. “Los primeros datos nos muestran que en algunos lugares —sobre todo, en gobiernos departamentales—, por no consultar, algunas personas que están en idéntica situación de inhibición con relación a otras pueden usufructuar el cargo de funcionario público”, afirmó.
La norma debe establecer si el exfuncionario puede ser o no una de las 400.000 personas que se presentan a cargos públicos, añadió. La solución que encontraron es que se obligue a realizar la consulta al registro especial de la ONSC.
Desde la oposición y el oficialismo respaldaron el planteo. Sin embargo, el diputado Germán Cardoso (Partido Colorado) sostuvo que debe aclararse a quién le corresponde realizar la consulta, si al jerarca de la unidad, al director o al responsable de recursos humanos.
Scavarelli coincidió con el planteo: “En el volumen de la actuación, podríamos terminar haciendo responsable a un intendente o a un ministro, a quien le llega una información procesada, que no siempre tiene la concentración como para estar en el detalle”.
Destituciones.
Scavarelli también explicó otra modificación propuesta en la Rendición de Cuentas referida a las sanciones que reciben los funcionarios públicos. El cambio implicaría que en un caso de destitución al involucrado se le otorgaría una última vista al expediente en un plazo de diez días para que se defienda.
Según el jerarca, se trata de dar “mayores garantías” al funcionario.
El diputado Conrado Rodríguez (Partido Colorado) dijo que está bien darle esta nueva vista al funcionario, pero advirtió sobre la “discrecionalidad” con la que pueden contar los jerarcas al momento de sancionar y de plantear una destitución.
Según el informe de la ONSC presentado en la Rendición de Cuentas, en 2017 se destituyó a 394 personas. De ellas, 390 eran funcionarios públicos y las otras cuatro no.
Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil presentado en la Rendición de Cuentas, en 2017 se destituyó a 394 personas. De ellas, 390 eran funcionarios públicos y las otras cuatro no.
Más de la mitad de esas destituciones se produjeron en el Ministerio del Interior (215). La mayoría se dieron por problemas de mala conducta, dijeron fuentes del ministerio. Sobre los funcionarios policiales rige un sistema particular de sanciones: las destituciones no pasan por la venia del Senado, el organismo que tiene la última palabra cuando se debe desvincular a un funcionario público.
El segundo organismo que figura con más destituciones es la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) con 30 casos, seguido por OSE (23), la Intendencia de Canelones (20) y la Administración Nacional de Educación Pública (16).
Hoy, el 16,5% de la población ocupada trabaja en el Estado (271.960 personas). “El promedio del porcentaje de empleo en el sector público en los países miembros de la OCDE era de 21,35% de la población ocupada”, comentó Scavarelli.
Entre 2016 y 2017 se incrementaron en 3.707 los vínculos laborales con el Estado. De esa cifra, 3.088 fueron contrataciones del área educación y salud.
