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De la mano de la “herencia” fiscal —un déficit alto—, el futuro gobierno recibirá una deuda que, comparada con el Producto Bruto Interno (PBI), se incrementó en los últimos años, si bien sus plazos, tasas y monedas le quitan presión. Las autoridades electas creen necesario tomar medidas rápidamente —de “shock”, dijeron durante la campaña electoral—, mientras que las salientes entienden que no existe una “urgencia” para actuar.
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Los datos más recientes sobre estas variables financieras, divulgados esta semana por el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCU), exponen la situación fiscal a noviembre y la de la deuda pública a setiembre.
Las cuentas públicas registraron un resultado negativo de unos US$ 2.313 millones en los 12 meses a noviembre, lo que en relación con el PBI significa 4,8%. Esa cifra es sin computar los ingresos extraordinarios que crea el dinero de los afiliados a las AFAP que volvieron al Banco de Previsión Social, al amparo de la ley de “cincuentones”. El desequilibrio fiscal anual a octubre era de 4,5% del Producto.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reiteró en El País del 26 de diciembre la idea de que no hay apuro para corregir el desequilibrio en las finanzas públicas. “Uruguay puede tomarse tiempo, tranquilo y sereno, para seguir combatiendo el déficit fiscal como lo está haciendo, insistiendo en el crecimiento y la inversión. Hay buenos indicios de que las cosas van a ir mejorando de a poco, sobre todo este año que viene, y disminuyendo y mejorando la calidad del gasto simultáneamente, solo que la aguja se mueve lenta”.
Agregó: “El tema fiscal se analiza con un sentido de urgencia y gravedad —y por favor quiero que me entiendan bien— que no tiene correspondencia con la realidad. He oído cosas como ‘este es el peor resultado fiscal en 30 años’, pero ese análisis es de una superficialidad total. Hace 30 años Uruguay tenía debilidades de todo tipo en materia macroeconómica y así nos fue cuando vivimos la gran crisis de principio de siglo. ¿Qué sentido tiene comparar el resultado fiscal de hoy con el de hace 30 años? Ningún sentido, porque son países distintos de los que estamos hablando”.
Sobre las intenciones de las autoridades electas de recortar US$ 900 millones anuales en gastos como forma de ajuste, Astori dijo que es “totalmente improbable, salvo que se cometan errores que no deberían ser cometidos. Hay que aceptar que Uruguay tiene que tener una trayectoria más tranquila hacia un mejor resultado fiscal, pero Uruguay no está en una situación de urgencia”.
Para el jerarca, las calificadoras de riesgo seguirán siendo tolerantes y dando tiempo al gobierno para actuar.
Algunos analistas privados son menos optimistas. Javier de Haedo repitió el 26 de diciembre en Radio Sarandí que en 2020 Uruguay “va a perder el grado inversor”, una categoría que indica un bajo riesgo de impago y que le permite al gobierno acceder a financiamiento más barato. Para ese economista —exjerarca de la administración blanca de los noventa— el déficit fiscal al final del mandato de Luis Lacalle Pou será similar al actual.
Deuda y pagos
Según las cifras informadas por el BCU el 30 de diciembre, el sector público redujo su endeudamiento bruto durante el tercer trimestre a US$ 36.723 millones (64,6% del PBI). Si se descuentan los activos de reserva, la deuda —neta— bajó a US$ 18.468 millones (32,5% del Producto).
Además de esos pagos correspondientes al capital, el sector público enfrenta obligaciones por US$ 19.209 millones en concepto de intereses. La suma de ambos rubros —el servicio de la deuda— arroja un total de US$ 55.932 millones. Eso equivale a 98,4% del PBI.
El calendario de vencimientos concentra justo en el inicio del próximo año los mayores pagos: casi US$ 2.200 millones en el primer trimestre, otros US$ 1.964 millones en abril-junio, US$ 1.673 millones en julio-setiembre y US$ 1.319 millones en octubre-diciembre, lo que suma unos US$ 7.200 millones. Para el 2021 ya está comprometido un servicio de deuda por casi US$ 4.000 millones.
