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Entre el material que tiene para examinar el Tribunal de Cuentas en torno al puerto de Montevideo hay más de 2.000 folios que corresponden a los recursos presentados por Montecon para impugnar los decretos 114 y 115, con los que el Poder Ejecutivo está instrumentando el contrato celebrado con Katoen Natie. Esas normas establecieron un nuevo régimen de gestión de la terminal de contenedores y modificaciones al reglamento general de atraque de buques.
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Entre mayo y agosto el expediente electrónico fue y vino entre la Prosecretaría de la Presidencia, el Ministerio de Transporte (MTOP) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) a fin de recabar información para dictaminar sobre los actos recurridos. Según surge del expediente electrónico, ni los servicios jurídicos del MTOP ni el Área Jurídico Notarial de la ANP tienen “antecedentes” respecto de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo.
Los servicios jurídicos del MTOP informaron que no habían “tomado intervención” en las actuaciones. El Área Jurídico Notarial de la ANP indicó lo mismo y sugirió que el “asesoramiento” fuera “solicitado a quienes hayan participado en la elaboración” de los decretos.
La falta de participación de los servicios jurídicos de la ANP y del MTOP también formó parte del escrito de la denuncia penal que, el miércoles 29, realizó la bancada de senadores del Frente Amplio ante la Fiscalía.