Sicarios,  jueces y moralidad humana

Algo de historia: a mediados de 1980 fui a Rivera porque me habían informado que con facilidad se contrataban sicarios uruguayos o brasileños. Transcurridos diez días me reuní en un campo de Livramento con dos hombres, un uruguayo y un brasileño. Como si se tratara de una fiesta, el uruguayo aseguró: “Amasijamos o matamos a los que quieras, depende de la guita”. No eran los únicos. Lo constaté después en un barrio marginal de Montevideo, menos marginal que hoy. El estilo y el precio eran similares: U$S 350 por cada “asunto”. Eran casos aislados y todos o casi todos referían a intereses económicos, conflictos familiares o revanchas personales.

Los antecedentes de amenazas a jueces han sido aislados. Hace unos quince años se hizo pública una que recibió el juez penal William Corujo, hoy ministro de un Tribunal.  Poco antes había ocurrido lo mismo con el juez Gervasio Guillot, quien me pidió reserva porque “no hay que darles pelota”.

Pero la cosa cambió. La primera advertencia surgió en 2009. El actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, entonces juez del Crimen Organizado, reveló palabras de un delincuente: “Lo que hay que hacer es limpiar a uno porque marcás la cancha; para los otros basta una sola llamada telefónica”. En 2011 insistió en que existían indicios de que algunos delincuentes de la droga planificaban “enchastrar” a jueces y fiscales. Señaló a un narcotraficante que “sigue mandando desde la cárcel”. ¿Qué acciones se tomaron ante esas advertencias? Ninguna.

Lo de Ohanian saltó porque la Policía registró una conversación con el objetivo de evitar o minimizar el peso de la ley y se filtró.

El pasado 23 de junio, durante una reunión entre policías, jueces penales y los ministros de la Corte Jorge Ruibal, Jorge Larrieux y Ricardo Pérez Manrique, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, advirtió: jueces, fiscales y policías se encuentran en un “alto nivel de riesgo”. Tampoco se dispuso ninguna medida. Ni siquiera controles más severos en las sedes judiciales que, desde siempre, son tierra de nadie.

El “caso Ohanian” agita un problema de compleja solución. Un juez me dice que si le pusieran custodia, para evitarla pediría que lo sacaran de la materia penal. Otro ironiza preguntando si la custodia iría con ellos al cine, al fútbol, a la feria, cuando llevan a sus hijos a estudiar e incluso si alguno va “a un telo”. El más drástico dijo rechazar la protección porque “el riesgo es parte de mi trabajo y lo asumo”.

Desde el Ministerio del Interior se ha advertido que el aumento de los homicidios en Uruguay se debe a “ajustes de cuenta” y que la mayoría se relaciona con el narcotráfico.

Alguna decisión debe tomarse antes de que, como alertó Díaz, alguien decida “marcar la cancha” matando a un juez o a un fiscal. Son blancos fáciles. La cuestión es cómo instrumentarlo porque conspiran varias circunstancias. La principal es, como vimos, la resistencia de algunos magistrados y el escepticismo de otros que creen que hay un “alarmismo injustificado”. Pensar en custodias permanentes para todos parece imposible. Autos blindados en general, una utopía. Y aun cuando fuera posible, ¿cómo los protegen fuera del horario laboral y en las vacaciones?

En el caso de tomar medidas se debe incluir a todos los “operadores del sistema penal”. A todos. Los de Montevideo y los del interior. No se puede discriminar. ¿Existe alguna forma de garantizar la seguridad de 116 jueces y 73 fiscales titulares que desempeñan esa función en todo el país?

No existen garantías contra narcos o delincuentes desesperados. En otros países abundan los ejemplos. El mayor ocurrió en  Italia en 1992. El juez antimafia Giovani Falcone, su esposa y otra jueza fueron asesinados con mil kilos de explosivos mientras su auto circulaba por una carretera. De nada sirvieron sus tres guardaespaldas. También fueron asesinados.

El temor es inherente al ser humano.

Pero una joven jueza del interior me recordó que Falcone solía repetir una frase del ex presidente estadounidense John F. Kennedy que ella tiene como principio rector y que debe ser de todos los magistrados: “Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. Ésta es la base de toda la moralidad humana”. Esa es.