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    Sin acuerdos entre las partes, el Poder Ejecutivo laudó en la negociación salarial rural y provocó “frustraciones” en un lado y disconformidad en el otro

    “Llegamos, dijeron un montón de disparates, les respondimos que en esos términos no negociábamos, nos paramos y nos fuimos”. Así describió lo sucedido en una de las reuniones de los Consejos de Salarios del sector rural el secretario de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Rómulo Gamarra, hablando en la asamblea anual de esa gremial el 29 de noviembre pasado. En esa ocasión, el dirigente les contó a sus colegas que “las negociaciones venían trancadas”.

    “Por parte del PIT-CNT recibimos posturas intransigentes y agravios mayúsculos”, se lamentó Gamarra, que ya comenzaba a imaginarse cuál sería el desenlace de la negociación: no hubo acuerdo entre las partes y en el Grupo 22 (ganadería, agricultura en general y de secano, arroz y lechería) laudó el Poder Ejecutivo.

    A fines de diciembre, luego de constatar que los empresarios y los trabajadores no acercaban posiciones, el Ministerio de Trabajo había presentado una “propuesta de acercamiento”. Este intento de conciliar las partes tampoco funcionó, por lo que envió en vísperas de Navidad una fórmula de votación. Los trabajadores recibieron la propuesta y decidieron apoyarla, mientras que los empresarios la rechazaron e incluso plantearon la posibilidad de ni siquiera presentarse a negociar. Esa misma semana cambiaron de tesitura, y el 27 de diciembre llegaron a la última reunión del grupo con la intención de debatir. Pero al igual que en las 20 reuniones anteriores, el diálogo no prosperó y terminó por votarse la fórmula del Poder Ejecutivo.

    Se aprobó con dos votos de los delegados del gobierno y con el del único trabajador habilitado para hacerlo que estuvo presente en la negociación. Los representantes empresariales votaron en contra y catalogaron la propuesta como un “castigo” del Ejecutivo por no haberse puesto de acuerdo con la otra parte, dijeron a Campo participantes en las discusiones.

    Los nuevos laudos

    El decreto estableció un salario mínimo mensual para el peón común del sector arrocero de $ 11.000, con retroactividad a partir de julio de 2013. El sueldo deberá subir a $ 13.500 en ese mismo mes de 2014 y a $ 15.400 en 2015. Hasta ahora esos trabajadores cobraban $ 7.916, por lo que la primera suba es de 39%.

    El salario mínimo de la categoría “Peón sin especialización 2” para el resto de los subsectores será de $ 12.000 retroactivos a julio de 2013. Esa cifra aumentará a $ 14.000 en ese mes de 2014 y a $ 15.400 en 2015; de esa forma se equipararán con los sueldos del sector arrocero.

    Las gremiales que participaron en la negociación —ACA, Asociación Rural, Federación Rural, Asociación Nacional de Productores de Leche— expresaron su rechazo a estos laudos.

    Entendieron que el criterio fijado por parte del Ejecutivo para los aumentos superaron los mismos lineamientos que había establecido para las negociaciones. En un principio el gobierno insistió en que el incremento salarial no debía superar el 5% —en términos reales— para los sueldos más bajos.

    Además, los empresarios criticaron que la participación del Poder Ejecutivo en los Consejos de Salarios consituye una intervención inapropiada. Argumentaron que en otros países del mundo la negociación salarial es bipartita.

    Un “gusto amargo”

    Desde la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) también hubo “frustraciones” por los resultados de la negociación en el Grupo 22, aunque por razones diferentes. En primera instancia, por no haber conseguido el objetivo de que los empresarios paguen por el equipo que necesitan los trabajadores para desempeñar su labor, como por ejemplo, el apero.

    Debido a que fracasó un acuerdo de partes y que debió laudar el Poder Ejecutivo, solo se pueden acordar salarios, categorías y licencia sindical, y no otros aspectos relacionados con las condiciones laborales.

    De todos modos, la Unatra reconoció que los montos mínimos fijados por decreto “mitigan un poco” el no haber logrado las reivindicaciones relacionadas con la indumentaria, dijo a Campo el sindicalista Marcelo Amaya, que participó en la negociación como representante de ese gremio.

    También dijo que los empresarios rurales no “respetan la herramienta” de la negociación colectiva

    Amaya admitió que hay algunos sectores como el de la lechería, que pagan por encima del salario acordado, pero que “no están dispuestos a plasmarlo en el papel”.

    “Parte de la remuneración no figura en ningún lado”, dijo. Y agregó que este “es un régimen que por lo visto lo quieren seguir manteniendo mientras puedan”.

    Mientras que transcurría la última reunión del Grupo 22 entre varios cuartos intermedios, a pocos metros, en una de las salas de la Dirección Nacional de Trabajo, otro dirigente de la Unatra, Germán González, hacía una denuncia a la empresa Mi Granja por “no cumplir con los laudos” salariales acordados unas semanas atrás.

    El Grupo 23 (sector granjero) al que pertenece ese sindicalista y el 24 (forestación), habían llegado a un convenio sin mayor dificultad.