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Por más que queden apenas 22 días para que se termine el año, la sesión de hoy jueves de la comisión “especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia” de la Cámara de Representantes será la séptima de todo 2022. Ese cuerpo, integrado por miembros de todos los partidos con representación en Diputados, tiene como objeto estudiar la renovación de la ley de financiamiento político y aguarda por la espera de un acuerdo entre oficialismo y oposición que aún no se ha concretado.
La comisión tiene a estudio un proyecto de ley del Frente Amplio presentado durante la legislatura pasada que no pudo ser aprobado por diferencias con el entonces diputado oficialista Darío Pérez, quien ha retornado al Partido Nacional. La bancada opositora espera que hoy la coalición de gobierno proporcione una redacción alternativa a su proyecto, dado que en la última sesión del 3 de noviembre el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez propuso que el cuerpo se volviera a reunir “a fin de presentar un proyecto alternativo sobre el que comenzar a trabajar”, dice el acta del Parlamento.
Pero varios legisladores de la coalición consultados por Búsqueda afirmaron que Rodríguez no les presentó aún una alternativa e incluso algunos confesaron que el nacionalista les comunicó que pediría más plazo para presentar un texto nuevo con modificaciones a la iniciativa del Frente Amplio. Por su parte, el diputado cabildante Martín Sodano dijo que no tuvo comunicación alguna de sus compañeros de la coalición: “No recibí ninguna propuesta, ni a nombre de la coalición ni del Partido Nacional, por ninguno de los canales de comunicación”. La cámara ya votó una extensión del trabajo de la comisión hasta marzo del año que viene.
En el Frente Amplio no fueron notificados de que esa nueva redacción no llegaría hoy jueves y todavía tienen “expectativas” de poder llegar a un acuerdo. “Seguramente sea la última reunión del año. El compromiso es que se presente en la sesión de mañana (por hoy) y estamos a la expectativa de que se cumpla esta promesa. De lo contrario, habrá una dificultad con los objetivos asumidos y eso nos preocupa, porque tenemos la voluntad, y el proyecto hace muchísimo tiempo que está a estudio y no quisiéramos que una demora pueda llevar a atrasarlo, porque a la luz de los acontecimientos es cada vez más importante”, sostuvo el diputado frenteamplista Carlos Varela, integrante de la comisión.
La voluntad del Frente Amplio era que el proyecto, con los acuerdos necesarios, se votara este año, para que pudiera ser aprobado en la Cámara de Senadores a principios del año que viene y su tratamiento se mezclara lo menos posible con la campaña electoral, que empezará a “contaminar” la discusión, algo que suponían que ocurrirá el año que viene.
Algunos legisladores frenteamplistas consideran que si el Partido Nacional no cumple con su “promesa”, la oposición deberá llevar su proyecto al plenario y hacerle pagar el “costo político” a la coalición de no votar una iniciativa legal que favorezca la “transparencia”.
El martes 29 de noviembre, durante un debate organizado por la Escuela de Periodismo de Búsqueda, el senador frentista Alejandro Sánchez advirtió por las demoras en las tratativas del proyecto. “En el período pasado no pudimos acordar, acordamos crear una comisión, pero todavía no hemos avanzado y en cualquier momento estamos en campaña de nuevo. Deberíamos haber avanzado”, dijo.
Entre blancos y colorados hay críticas al proyecto de ley originario del Frente Amplio, que fueron plasmadas en un documento modalidad “semáforo” elaborado a mitad de año, con el que fue analizada la iniciativa legisladora de la oposición. En ese documento había siete artículos rojos, de los que blancos y colorados se manifestaron en contra; otros 20 amarillos, que marcaban que si bien generaban rechazo podían negociarse, y uno solo de color verde, en el que el oficialismo estaba de acuerdo con la propuesta. Ese documento fue entregado a Varela por Rodríguez y el diputado colorado Conrado Rodríguez.
Pero la discusión sobre una iniciativa de financiamiento también produce algunos reclamos en la interna nacionalista. El senador Jorge Gandini dijo a Búsqueda que, a la par de la actualización de esta norma, habría que votar otra referente a la financiación que realizan los sindicatos, ya que muchos de ellos financiaron la campaña a favor del referéndum de la ley de urgente consideración, y ese tema debe regularizarse.
En el debate, Gandini sostuvo que la ley vigente es “bastante exigente y rigurosa” y “sobre todo” si se combina con las declaraciones juradas que las personas políticamente expuestas deben presentar con asiduidad. El senador dijo que el proyecto que quería aprobar el Frente Amplio se trancó por “otra cosa”: los “minutos de televisión gratis” para los partidos; “no la transparencia, sino el poder, y varios interpretamos eso y no la dejamos avanzar”.
Si bien ha estado presente en la comisión, Cabildo Abierto hasta el momento no ha participado activamente en la discusión sobre el proyecto, argumentando que no tratará el tema hasta que se resuelva su integración en la Corte Electoral, lo que aún no se ha resuelto por falta de un acuerdo parlamentario entre oficialismo y oposición. En medio de las negociaciones por la renovación de este organismo, el Frente Amplio le propuso a la coalición aprobar una fórmula que contemplaba la integración de Cabildo Abierto allí a cambio de un acuerdo para aprobar una nueva ley de financiamiento, pero no contó con la aprobación del Partido Colorado, que reclama la futura suplencia del presidente de la Corte Electoral, José Arocena.
