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La demografía uruguaya impone algunos desafíos a futuro que empiezan a analizar en algunos ámbitos del gobierno. Desde el punto de vista del sistema de jubilaciones, “no hay ninguna situación alarmante en el mediano y largo plazo, hasta 2030 o 2040”, considera el nuevo presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli.
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El jerarca planteó en diálogo con Búsqueda un análisis más abarcativo y propuso algunos ajustes vinculados al pilar de las AFAP, por ejemplo para que más compañías de seguros paguen las pólizas previsionales así como darle la opción al afiliado de que decida si sus ahorros pasan o no a un segundo subfondo en el que se invierte ese dinero. También entiende que esas administradoras paguen al BPS por el servicio de recaudación de aportes que les presta (ver recuadro).
Galli integra el Directorio de ese instituto desde 2005 y la semana pasada tomó la presidencia en lugar de Ernesto Murro, quien asumió como ministro de Trabajo y Seguridad Social con el nuevo gobierno. Ambos, vinculados al movimiento sindical, han tenido una postura contraria al pilar de ahorro individual (capitalización) en manos de las AFAP surgido en 1996.
El programa del Frente Amplio para 2015-2020 establece que desde que gobierna esa fuerza política fueron “muchos los avances concretados” en seguridad social —con mejora de las pasividades, incremento de la cantidad de cotizantes, mayor cobertura de las Asignaciones Familiares, etc.—, pero “siguen existiendo problemas estructurales y paramétricos a encarar (...)”. El envejecimiento de la población es un “proceso que se profundiza” y es “imprescindible encararlo”, comenzando con una “alteración muy gradual de las edades de retiro” y sin descartar, por ejemplo, la compatibilidad entre trabajo y jubilación, la jubilación parcial y tasas de reemplazo progresivas, se indica.
“Cada vez que uno escucha la palabra envejecimiento aparece una luminaria enorme con un signo de menos. El envejecimiento es multidimensional. No creo en los cambios de un hachazo en sistemas de este tipo que tienen tanto que ver con lo que vive la gente. Los números del BPS indican que no hay ninguna situación alarmante en el mediano y largo plazo, hasta 2030 o 2040”, afirmó Galli.
Para la Asesoría General del BPS, la mejora en la expectativa de vida tendrá una “fuerte incidencia” en las finanzas del organismo. Y aconseja que para 2055 la edad de jubilación debería subir de 60 a 67 años y/o rever el porcentaje del sueldo que se cobra en la pasividad (tasa de reemplazo), que hoy es de 45%.
“Todo esto lleva mucha discusión; la participación de todos tiene que asegurar la continuidad de los instrumentos. Son procesos graduales. Solo aumentar la edad lo dice y lo hace cualquiera. Es una medida meramente administrativa. Es resolver sin haber agotado el análisis y sin tener en cuenta la multifactorialidad”, opinó Galli.
“Se pueden tomar medidas para estimular la postergación del retiro sin hacerlo obligatorio. Hay que analizar la ley de jubilación parcial que apenas está empezando, o la compatibilidad entre trabajo y jubilación. Si se hace (el análisis) con tiempo se generan menos dificultades. Dentro de lo que se anuncia como Diálogo Social estos temas no pueden no estar”, agregó.
Las AFAP.
“El programa del gobierno es claro y me ciño a él. Eso no quiere decir que no haya aspectos a analizar en el sistema de capitalización. Me sigue preocupando el rol de las aseguradoras. Hay que analizar si alcanza la ley 19.162 (de desafiliaciones). El sistema también tiene cosas para ver y eventualmente a mejorar”, sostuvo Galli.
Cuando un afiliado a una AFAP se jubila, los ahorros acumulados en su cuenta se transforman en una póliza (de renta previsional) con la que se va cobrando mes a mes la pasividad. Actualmente solo el Banco de Seguros del Estado ofrece ese tipo de productos.
“Siempre se manejó que el trabajador iba a poder optar. Quizás haya un problema de volumen de negocio, pero en este período eso (la cantidad de afiliados que se retirarán) va a crecer. Hay que estudiar más su rol, y ahí entrás en el tema de en qué pueden o no invertir las AFAP”, dijo el jerarca.
La ley 19.162 que desde febrero de 2014 permitió salirse de una AFAP a cierto grupo de personas (de entre 40 y 50 años de edad y que se hubieran afiliado de forma voluntaria, así como a quienes tenían más de 40 años en 1996) también subdividió el fondo de ahorro previsional en dos: uno con inversiones a más plazo (de “acumulación”) y otro (de “retiro”) al que debe pasarse el dinero cuando la persona cumple 55 años, que busca mayor seguridad.
“Basta mirar cómo andan las rentabilidades: la del fondo de retiro ha sido mejor que la del fondo acumulación, que viene dando negativo. Son temas a los que hay que entrarles. O por qué no dar la libertad de que el trabajador sea consultado si quiere pasar al subfondo de retiro, algo que hoy se hace automático. O qué va a pasar con los cincuentones que no entraron en la ley”, planteó el titular del BPS.
Opina que también hay que rever otros aspectos del sistema.
La ley estableció que los trabajadores que deban ingresen a una AFAP (al superar su salario determinado tope, que hoy está en $ 39.871) pero no escogen una, son derivados a la administradora que cobre menor comisión por sus servicios. Para Galli, esto hay que modificarlo, ya que “aquello de que iba a haber competencia no se ve mucho”.
También propuso “mejorar” el monto de Asignaciones Familiares, que a su entender “está muy bajo”, incorporándolas a un “salario familiar” como forma de “hacer foco” en que se producen “muy pocos nacimientos”.