Sindicatos de profesionales de UTE y Antel unen fuerzas para hacer oír sus reclamos y afrontar el “ataque” del gobierno “progresista”

Si bien son trabajadores, como poseen un título universitario y en algunos casos tienen personal a cargo, son ignorados por los sindicatos, aseguran. A su vez, las altas jerarquías los acusan de no ser representativos.

Esos fueron los motivos que impulsaron a los profesionales y a los jefes de cargos medios a formar sus propios sindicatos, y que ahora los llevaron a juntar “fuerzas” para poder negociar sus condiciones laborales y reclamar sus derechos con los directorios de sus empresas.

Uno de los objetivos que esos gremios tienen en común es el de discutir la cláusula de exclusividad que prohíbe a los profesionales prestar servicios fuera de las empresas donde trabajan. “El Estado te está esclavizando por un sueldo que no está bueno y vos no podés buscarte un extra afuera porque hay un conflicto de interés”, critica la dirigente del Cipa, Ana Rosengurtt.

Otro de los reclamos que plantean es el de participar en la discusión de las reestructuras de funcionarios en las empresas, y “supervisar” los procesos de concursos cuando involucren a los puestos gerenciales, que son los que les competen.

A su vez, apuestan a tener su propia representación en los Consejos de Salarios, ya que según la legislación actual es la única manera que tienen de negociar en ese ámbito. El artículo 12 de la ley 10.449 establece que “queda prohibida la representación de los trabajadores, por trabajadores que desempeñan cargos de dirección en un establecimiento comercial o industrial”.

“¿Entonces qué queda? Constituirte en un gremio independiente, que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) lo llama sindicato de cuadros. Eso es totalmente legal, transparente. No es que seamos clasistas. Es así”, argumentó Rosengurtt. “Queremos representarnos a nosotros mismos”, añadió Carlos Piana, secretario de Cipa.

La perspectiva para avanzar en esa dirección es complicada, sostienen. “Con el progresismo en general, ninguno de los tres gobiernos nos reconoció como sindicato, nos habilitó para poder hablar, ni firmó convenio, ni nada”, criticó Rosengurtt.

De no tener suerte en el Ministerio de Trabajo y en el Parlamento, donde los gremios esperan conseguir apoyo para que se los reconozca y escuche, el CIPA y Aprom presentarán una denuncia ante organismos internacionales. La OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte de la lista de instituciones a las que planean recurrir en caso de que persista la “indiferencia” por parte de las autoridades.

“¿Por qué los profesionales y el cuerpo gerencial no pueden dar una opinión de cómo funciona su empresa?”, se quejó el presidente de Aprom, Miguel Fierro.

Esa posición de las autoridades, dicen, forma parte de una actitud de “discriminación” que existió en los tres gobiernos del Frente Amplio, pero que se incrementó durante el período anterior, liderado por el ex presidente y actual senador José Mujica.

“Estamos infestados de economistas, escribanos y abogados”, dijo en 2013 Mujica, sobre los funcionarios públicos y la reforma del Estado. En 2009, en su espacio radial de M24, dijo que en las gerencias y en los cuadros intermedios es donde “suelen estar las mayores deformaciones, el mayor anquilosamiento y el mayor símbolo de deformación política, politiquera y parasitaria”. Para Mujica “es allí donde está el problema y no en la generalización de los males de los trabajadores del Estado”.

Su ex compañero de armas en la guerrilla, el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, piensa de una manera similar. “Han llegado a constituirse dinastías y hasta cargos hereditarios, una nobleza sui generis, ad hoc, que tal vez sea, sin que nos demos cuenta, la clase dominante”, dijo en 2006, cuando era senador, en una columna de opinión publicada por el diario “La República”. Constituyen una “burocracia científica, sin riesgo ni capital, no deja crecer nada a su sombra”, añadió en la revista “Caras y Caretas”.

“Pelear” en conjunto.

“Discriminar”, “desprestigiar”, “subestimar”, “atacar”, “agredir” son las palabras que repiten los dirigentes de Aprom y del CIPA cuando hablan de la actitud que este gobierno, y también los sindicatos, tienen respecto a los profesionales. Pese a que en muchos de los casos los directores de las empresas públicas poseen títulos universitarios —el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, es ingeniero, al igual que Andrés Tolosa, el presidente de Antel— les achacan que no son representativos, algo con lo que los dirigentes de esos gremios discrepan.

Antel tiene unos 7.000 funcionarios, de los cuales alrededor de 4.000 están afiliados al Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel). El CIPA, en tanto, tiene 300 miembros, pero el universo total de profesionales y cargos medios es de aproximadamente 1.200. Por eso, argumentan, esa clase de funcionarios está bien representada en el gremio. Algo similar sucede con Aprom, que nuclea a cerca de 300 personas y representa el 25% del total de profesionales y cargos medios que trabajan en UTE.

La idea de esos sindicatos es coordinar acciones en conjunto para “pelear” por sus derechos. Apuestan a sumar a la iniciativa a otros gremios similares en empresas públicas, con los que ya mantienen contacto. “Hay que unirnos y tomar la experiencia uno del otro”, sostuvo Piana.

Rosengurtt da un paso más allá en las aspiraciones sindicales. Aunque reconoce que están “lejos”, porque “todavía” no hay suficientes sindicatos de profesionales y cargos medios constituidos en los organismos del Estado, dijo que tienen la intención de crear una organización que nuclee a todos esos gremios, similar a como funciona el Pit-Cnt.