Sobre el Tribunal de Cuentas

En ella se informa sobre seis resoluciones adoptadas por el órgano de control, entre el 16 de agosto y el 6 de diciembre últimos, en las que cuatro ministros las aprobaron y tres votaron discordes.

Tampoco se informa que las resoluciones adoptadas se basaban en los proyectos de resolución que, en cada caso, propusieron los servicios profesionales del organismo.

O sea que no se nos brindó a los lectores toda la información sobre el tema.

Es del caso señalar cuál es el proceso que se sigue con los asuntos sometidos a consideración del Tribunal.

Lo primero que se hace es asignarlo para que lo estudie un profesional informante, abogado o contador, según la materia.

Ese informante redacta un proyecto de resolución y lo eleva a sus superiores, director o subdirector de departamento, quienes a su vez lo estudian y lo elevan con su propuesta –que puede o no coincidir con la del informante– a la dirección de la división. Los jerarcas de esta, coincidiendo o no con los proyectos que les fueron presentados los elevan al cuerpo de ministros expresando su propia opinión. Todas las propuestas presentadas en ese proceso permanecen en el expediente.

Por lo tanto, hay situaciones en las que los servicios profesionales someten a consideración del cuerpo de ministros proyectos de resolución con opiniones diversas, y este último decide mediante votación.

A la garantía que brinda este procedimiento de trabajo debe sumársele la capacidad técnica de los profesionales que ha sido reconocida internacionalmente, tanto cuando el Tribunal fue designado sede de capacitación en auditoría gubernamental para los países de América Latina y el Caribe, como así también cuando sus profesionales fueron requeridos desde esos mismos países para que concurrieran a dictar cursos.

Esa designación emanó de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, que es la sigla en inglés) compuesta por los tribunales de cuentas y contralorías de los países que integran las Naciones Unidas.

Otro aspecto que se trata en la referida columna es la actual integración del Tribunal. Sobre ello se señala que “desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio siguen la situación con atención; hay legisladores que interpretan que hay ´mano de yeso` y que el oficialismo impone su mayoría para hacer la vista gorda en muchos de los casos que pasan por el contralor del tribunal”. Se trata de una afirmación temeraria, infundada e improcedente.

Quizá los legisladores que así interpretan la situación puedan tomar conocimiento sobre cuál es el límite de sus competencias mediante la siguiente anécdota.

Era presidente del Tribunal de Cuentas el Cr. Rinaldo Smeraldi cuando se recibió una invitación de la comisión de presupuesto de la Cámara de Representantes para que una delegación del organismo concurriera a informar sobre las observaciones realizadas a gastos estatales.

Nos llamó la atención el motivo de la invitación ya que, por mandato constitucional, todas las observaciones reiteradas por los ordenadores de gastos se remitían a la Asamblea General. O sea que lo que se nos pedía ya lo tenían disponible los legisladores.

Cuando recién comenzaba la reunión y mientras hablaba el entonces diputado León Lev, ingresó en la sala el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, vicepresidente de la República, presidente del Senado y destacado constitucionalista, quien pidió hacer uso de la palabra.

Su exposición fue breve y contundente al extremo, tanto que, cuando terminó de hablar y se retiró de la sala, la reunión también terminó y los presentes nos retiramos.

Basándose en las enseñanzas del maestro Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, consagradas en su obra La Constitución Nacional, Aguirre explicó que el control establecido sobre el Tribunal de Cuentas refería exclusivamente a la conducta de sus miembros. No a los actos emanados del organismo, sobre los cuales el poder legislativo no tiene competencias.

Por lo tanto, agregó, ni las comisiones parlamentarias, ni ambas cámaras, como tampoco la Asamblea General podían entender en las resoluciones adoptadas por el Tribunal.

Por último, viene al caso tener presente la columna que, en la misma edición, en la página dos, bajo el título “Sin más” escribió Andrés Danza. En ella se refirió a lo que llama “esa muy antigua y siempre conflictiva relación entre política y periodismo”.

Sobre las distintas formas que hay para ejercer esta última profesión sostuvo la necesidad que existe de actuar con profesionalismo, libertad, pasión e independencia para alcanzar el objetivo de “informar todo lo posible para acercarse a la verdad”. Que así sea.

Gral. Cr. Guillermo Ramírez