Sobre emprendimientos autogestionados

Por ser de interés conceptual e informativo, transcribo entrecomilladas todas las partes del referido artículo.

“Es natural ilusionarse cuando se escucha a Mario Bunge decir que ‘la autogestión no es ni más ni menos que la democracia en el lugar de trabajo’, o a la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores decir que la autogestión es una ‘forma superior de participación de los trabajadores’”.

(Insisto: cuando el agente productivo asume un rol distinto al de “trabajador” simplemente no lo es o deja de serlo y deviene algo diferente por el nuevo papel que desempeña. Orientar la gestión global de una empresa es tarea privativa de operadores denominados “empresarios” —actúen aisladamente o en sociedad con sus pares integrando compañías o directorios...— y no de “trabajadores”, reciban salarios o comisiones por su tarea o devenguen cierto porcentaje variable o fijo sobre las utilidades obtenidas en función de lo que hagan…).

“Pero la realidad es otra. Más allá de que la mayor parte de los emprendimientos autogestionarios en Uruguay son empresas recuperadas y más allá de que hoy toda la industria está en retroceso, la autogestión tiene en su esencia problemas de fondo muy difíciles de resolver. Empecemos por ver qué caracteriza a las empresas gestionadas por los trabajadores. La Facultad de Ciencias Económicas recientemente realizó un estudio en donde compara los emprendimientos autogestionarios con las empresas convencionales. Los datos muestran que los primeros presentan un menor dinamismo en materia de contratación de personal”.

(Cabría preguntarse primero… si al erigirse como propietarios de un emprendimiento autogestionario gracias al capital aportado por la ciudadanía estos “ex trabajadores” devenidos empresarios capitalistas pueden arrogarse facultades para quedarse además con la plusvalía generada ya no por su labor sino por la de asalariados que ulteriormente contraten ellos. Para el caso de necesitar más obreros, ¿no deberían permitirles preceptivamente incorporarse también a estos en esa unidad productiva como “autogestionarios…”. ¿Por qué negar a otros el beneficio que les fue concedido a ellos…? ¿Y qué hay de “la explotación del hombre por el hombre…?).

“También muestran una distribución de remuneraciones más plana, como resultado de que no solo tienen menos gerentes, sino que también estos ganan en promedio la mitad de lo que perciben trabajadores de similar ocupación en empresas convencionales. A su vez, los emprendimientos autogestionarios presentan menores niveles de inversión, lo que tiene una explicación lógica. Una empresa convencional en funcionamiento usualmente financia una parte de sus inversiones con fondos propios que provienen de retener utilidades generadas. En la medida en que los trabajadores se benefician de las inversiones solamente mientras trabajan en la empresa, es natural que haya menos interés en inversiones cuyo período de repago excede el horizonte de permanencia en la empresa”.

(O sea: los “autogestionarios” dan a la plusvalía un uso diferente al que normalmente correspondería que tuviera en una estructura productiva racional; simplemente se lo embolsan ellos como ganancia complementaria…; pero el buen desempeño de toda empresa correctamente administrada resulta justamente de que sus propietarios reinviertan utilidades para optimizar la capacidad productiva de la misma, por ser este —y ningún otro…— el destino lógico y natural del sobreprecio que posibilita o impone una oferta de bienes o servicios que no colma su demanda en el mercado…).

“Este problema se podría minimizar con la creación de fondos específicos asignados para inversión, tal como se proyecta hacer en algunos casos conocidos”.

(Con esto, de manera indirecta y forzada… los “autogestionarios” deberán actuar en forma compulsiva— y a menudo sin aptitudes ni capacitación para ello… —como lo haría espontáneamente y con solvencia cualquier empresario sensato: destinando los ingresos generados por la plusvalía gradualmente o con perentoriedad a inversión…; y ello porque de otro modo —a menos que recurriesen a fuentes de inversión externas…— los trabajadores “autogestionarios” y más probablemente los empleados contratados por ellos… deberían renunciar a parte de la justa retribución que les correspondiese por su aporte al proceso productivo…).

“Además de estos datos de la realidad, ¿hay algo más que explique la dificultad que tienen los emprendimientos autogestionarios para ser económicamente viables? Una posible respuesta data de principios de los 70, cuando los profesores de UCLA Alchian y Demsetz plantearon una línea de razonamiento general sobre la organización empresarial. El argumento se basa en la premisa de que una empresa es un grupo de personas que trabajando conjuntamente obtienen un resultado superior a la suma de lo que obtendrían trabajando cada uno por separado. Como en este trabajo grupal no es posible identificar con claridad la contribución de cada individuo, se abre la puerta para que algún miembro del grupo no contribuya con su mayor esfuerzo al resultado colectivo. En este marco, la sola duda de que alguien no transpire la camiseta desmotiva al resto a dejar todo en la cancha. El trabajo grupal para ser eficiente necesita de incentivos correctamente alineados. Es obvio decirlo, nada obvio cómo instrumentarlo. Muchos emprendimientos autogestionarios cuentan con gerentes profesionales que controlan que todos transpiren la camiseta. Pero, ¿quién controla a estos gerentes? ¿La asamblea de trabajadores? El punto crítico del argumento de Alchian y Demsetz es que mientras no exista alguien con la potestad de apropiarse de los resultados residuales —aquello que queda sobrante o faltante una vez que se ha pagado a todos los demás miembros del equipo— no existirá un responsable de última instancia. Y esta potestad debe incluir también la responsabilidad sobre los resultados futuros, lo que se logra con el derecho a vender la empresa. He ahí el nudo gordiano de los emprendimientos autogestionarios”.

(Esta muy atinada e importante observación permite concluir que para el correcto funcionamiento de las unidades productivas los “resultados residuales” deben asignarse indefectiblemente a la comunidad globalmente considerada. Ella debe ser también receptora de la plusvalía por ser quien aporta el capital indispensable para la constitución y para la puesta en funcionamiento de la empresa y es obvio que las autoridades públicas no tienen derecho ni justificación alguna para negarle una ventajosa condición de “propietaria” que sin duda puede asumir en la práctica. Por tanto, estando a la vez directamente interesada en el buen desempeño de la unidad productiva que la provee de los bienes y servicios que por añadidura desea o necesita, deberían reservarse únicamente a la ciudadanía toda y para que las ejerciese a través de representantes comisionados elegidos apropiadamente y evaluados en forma sistemática… facultades para controlarla y orientarla e incluso para ejercer en forma directa el derecho de venderla o de transferir su dirección a otros con el fin de que ciñéndose a metas y a programas plausibles cumpla de modo satisfactorio su cometido social…).

“En definitiva, esto sugiere cuestionarnos la utilidad de facilitar el acceso al crédito y de esa forma ‘prender una vela en torno a la autogestión’ —como decía el primer presidente del Fondes— para esperar buenos resultados que no van a llegar. Si de todas formas pensamos que hay una ganancia social, más allá de los resultados económicos: ¿no sería mejor plantearlo como un subsidio explícito y que el debate vaya por esos carriles? A pesar de lo anterior, se podría argumentar que a nivel internacional existen experiencias exitosas de autogestión. Sin embargo, es bueno notar que estas experiencias encontraron formas alternativas para suplir la falta de responsabilidad de última instancia. En el paradigmático caso de Mondragón Corporación Cooperativa del País Vasco es un holding el que ejerce la propiedad —por más que no la detente— y cumple ese papel. De hecho, su consejo directivo ejerce una ejecución coordinada de planeamiento con una única administración financiera y de decisiones de inversión para las 160 cooperativas que aglutina. Mujica durante su administración definió la autogestión como “la más hermosa de las utopías”. En esta columna buscamos fundamentar la última parte de la definición del expresidente. De la primera parte no existen dudas”.

(En síntesis, a través del Fondes y otorgándoles créditos en condiciones preferenciales el gobierno pretende que actúen como “empresarios capitalistas” compatriotas a ojos vistas no idóneos para desempeñarse como tales (y acaso ni siquiera predispuestos anímicamente a ello) en lugar de limitarse a respaldar criteriosamente a individuos que sí pueden hacerlo en forma entusiasta y con solvencia. Para convertir en realidad la más anhelada quimera en el mundillo académico de la política y de la economía las autoridades públicas deberían garantizar simplemente a todo emprendedor con ideas claras y consistentes un generoso porcentaje de utilidades que lo motivase a un desempeño meritorio y suministrarle bajo su responsabilidad personal y directa con cargo al erario y en régimen de competencia… los medios que demandase para cumplir el compromiso de gestión voluntariamente asumido…; así cada uruguayo aun sin recursos financieros propios… estaría en condiciones de contribuir a satisfacer con su talento industrioso las exigencias del mercado nacional e internacional a través de unidades productivas autónomas, eficientes, vigorosas y pujantes…; con ello se favorecería la generación de bienes y de servicios requeridos por usuarios y por consumidores en cualquier lugar del mundo y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y de cualquier otra índole disponibles en el país…; pero mejor aún… se promovería constructiva y eficazmente y solo allí donde fuese oportuno, viable y ventajoso… una propiedad auténticamente social de los medios productivos…).

Sergio Hebert Canero Dávila

CI 1.066.601 8