Sobre insumos y realpolitik

escribe Fernando Santullo

6 minutos

Nº 2144 - 14 al 20 de Octubre de 2021

Hace unos días y por razones laborales, leí el documento de trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), el grupo consultor creado para pensar la indispensable reforma de la seguridad social. Aclaro que lo hice por razones laborales porque esa es la única forma en que yo podría leer un informe de estas características: jamás me habría metido en el baile de intentar comprender un texto que, asumí, iba a ser tan árido como el desierto de Atacama. Dicho esto, la verdad es que si bien tiene largos tramos en los que es un auténtico salar (los anexos, por ejemplo), es un documento bien redactado, amplio, que se preocupa por los múltiples aspectos de una eventual reforma del sistema previsional, considerándola en sus muy diversas y amplias dimensiones.

El informe, que fue realizado y firmado por nueve de los 15 miembros que tiene el grupo, aquellos que pertenecen a la coalición de gobierno, se interesa por el contexto de la seguridad social, por el progresivo decrecimiento demográfico del país, por el conflicto que esto genera con unas herramientas previsionales concebidas en un contexto de crecimiento de la población. También señala el poco peso que sigue teniendo la inmigración a pesar de sus eventuales virtudes para el sistema previsional y la necesidad de encarar el problema como un todo que se conecta de manera íntima con una multitud de otros aspectos sociales que sobrepasan el marco de acción del informe y del grupo. En definitiva, un insumo sólido que sobrepasa ampliamente las capacidades técnicas o analíticas del ciudadano medio, en caso de que eso exista. De hecho, y a pesar de ser un informe concebido por miembros de un gobierno que se considera liberal, sus recomendaciones las podría firmar cualquier socialdemócrata escandinavo sin necesidad de acomodarse ni siquiera el pelo.

Ahora, el informe es apenas un documento de trabajo. Para empezar, no cuenta con el aval ni con el acuerdo de los 15 miembros del grupo. Es apenas el resumen de lo planteado por el oficialismo dentro de ese grupo de expertos. Según declaró a la prensa Jimena Pardo, representante del Frente Amplio en la CESS, “si bien nosotros dijimos que íbamos a esperar a que desde el gobierno nos hicieran las propuestas y con base en eso decidir, es distinto eso a que nos digan ‘tenemos un borrador cerrado entre los integrantes del gobierno y vemos si podemos llegar a un acuerdo con ustedes”. Por su parte, el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, señaló que “con los integrantes de la oposición durante este tiempo hemos tenido otro tipo de actividades porque no hubo iniciativas ni propuestas de su parte”. Da toda la impresión de que la comunicación interna no es el fuerte de los expertos en seguridad social.

Por otro lado, y más allá de los eventuales roces entre representantes del gobierno y el resto (Frente Amplio, PIT-CNT, cámaras empresariales y jubilados), existe una diferencia fundamental entre lo técnico y lo político. Esto fue claro en la pandemia: una cosa son las recomendaciones que haga un grupo de expertos en temas sanitarios y otra las acciones que el gobierno finalmente decide. No es posible fundir política en ciencia porque, entre otras cosas, el científico carece de legitimidad democrática, no tiene el aval de la voluntad popular, respaldo que sí tiene quien ejerce el gobierno. Se dirá que hay cuestiones que son eminentemente técnicas y que por tanto el gobierno debería “acatar” lo que digan los expertos. Eso es bastante discutible no solo por la señalada cuestión de legitimidad, también porque gobernar implica ir más allá del expertise específico de un grupo de técnicos. De hecho, el documento de la CESS es muy claro a la hora de señalar que sin reformar un puñado de cuestiones que están más allá de su área de trabajo, la reforma de la seguridad social es imposible. Quizá para poder aplicar las medidas que plantea la CESS haga falta crear respectivas comisiones de expertos en esas otras áreas, ese puede ser un camino. Pero no existe la menor garantía de que las recomendaciones técnicas, una vez atravesada la necesaria maraña de la negociación política (incluso si esta solo se produjera dentro del gobierno), se terminen aplicando tal como fueron concebidas por los expertos.

Una de las claves que aporta el informe de los oficialistas de la CESS es que solo se puede cambiar el sistema si se lo reforma de manera estructural. La tradicional política de parches que se ha seguido (gobiernos de todos los colores la han practicado y practican), llegado al punto presente resulta por completo insuficiente. Por eso también es necesario “hacer política” en el sentido de construir las bases materiales que sustenten el costo de esa reforma estructural de la seguridad social. En ese sentido, el economista Sebastián Fleitas apuntaba que de la calidad de las reformas orientadas al aumento de la productividad, de “su sostenibilidad política, base social amplia y la compensación de sus efectos sobre la desigualdad probablemente dependa gran parte del porvenir de Uruguay en el futuro”. Y concluía: “Uruguay no va a poder sostener un Estado de bienestar o una red de protección social adecuada si no aumenta sosteniblemente en el largo plazo sus niveles de productividad”. Esta es, justamente, una de las reformas conexas e indispensables que están fuera del alcance de la CESS pero que afectan directamente su diagnóstico.

Dos cosas entonces: primero, la seguridad social no puede ser reformada a fondo si no es en conexión con otros aspectos clave, siendo la productividad que reclama Fleitas uno de ellos. Otro, y que por cierto es una de las bases de esa productividad, es reformar la educación, en donde seguimos de capa caída: en 1975, plena dictadura, Uruguay se encontraba entre los países de la región con mejor egreso de Secundaria entre los jóvenes de 25 a 29 años. Hoy y desde hace más de dos décadas, estamos entre los peores. Segundo: la política debería ser entendida como una negociación en donde mucho más relevante que “marcar paquete” es la búsqueda de zonas en común, de acuerdos. ¿Por qué? Porque cualquier reforma estructural, sea esta la educación, la búsqueda de la productividad o la seguridad social, no es tarea para un solo período de gobierno. Y dada la natural alternancia en el poder de nuestras democracias liberales, es esperable que el gobierno cambie de signo cada tanto. Por eso, sin un compromiso de todos aquellos que puedan llegar a gobernar, ninguna de esas reformas ocurrirá, no importa cuán buenos sean los materiales con los que se cuente para pensarlas. Quizá sea hora de que la realpolitik saque la mirada que tiene clavada en el poder y se concentre de manera nítida en las necesidades urgentes de la ciudadanía. Insumos para hacerlo no le faltan ni le van a faltar.