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La compañía Uber se caracteriza por tener una política empresarial agresiva, como si fuera un conductor que aprieta el acelerador a fondo para llegar a la meta, sin tener en cuenta los límites de velocidad, los carteles de pare y el resto de las normas que regulan el tránsito. Esa, al menos, es la visión que tienen las autoridades de varias de las ciudades donde se ha instalado, que consideran que la actividad de la empresa es, simplemente, ilegal.
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“Se está riendo de las reglas de juego que tienen muchísimo años”, dijo el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ayer miércoles en una entrevista con el “El País TV”. De todas maneras, para el jerarca, la cantidad de usuarios que usa la aplicación de Uber — que permite a particulares brindar un servicio de transporte— es “ínfima”.
Esa valoración se confirma en los datos que surgen de una encuesta de Equipos Consultores a los que accedió Búsqueda: solo 3% de la población usó Uber, y 9% tiene un familiar o conocido que lo hizo.
Los taximetristas también piensan que la empresa estadounidense, que tiene su sede principal en San Francisco, no tuvo demasiado éxito hasta ahora. Aseguran que, desde que empezó a operar en Montevideo a mediados de noviembre, su nivel de trabajo se mantuvo. “No se puede valorar que Uber haya afectado en algo al servicio”, dijo a Búsqueda el secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Antonio Diez.
El dirigente dijo que si bien en diciembre y enero suele bajar el número de clientes, debido a las vacaciones, la cantidad de viajes realizados por los taximetristas fue “normal”. Según Diez, el servicio de Uber “no es redituable” porque la demanda ya está satisfecha con el servicio que ellos ofrecen.
La encuesta de Equipos Mori también reveló que el 37% de los montevideanos opina que el servicio ofrecido por la empresa es mejor o mucho mejor que el de los taxis; el 11% que es igual y el 5% que es peor, según divulgó “Subrayado” el pasado miércoles 3.
A su vez, el 79% dijo que está de acuerdo con que la compañía debería tener la autorización de la Intendencia para funcionar mientras que el 8% piensa que es correcto que la empresa funcione sin autorización. El 48% está a favor de la instalación de Uber en la capital, el 21% está en contra y el 31% no tiene opinión al respecto. El 45% de las personas, en tanto, dijeron haber escuchado hablar sobre Uber, mientras que el 55% declaró que no tenían una idea clara de lo que era.
“Ilegal”.
En Montevideo hay cerca de 3.000 taxímetros. Aunque sostiene que no afectó la demanda, Diez espera que las autoridades “solucionen el problema” y terminen por “anular” la aplicación para que la empresa “deje de existir”. En el futuro, argumenta, si se confirman los “rumores”, Uber sí “incidirá” en el trabajo “directamente”.
Pese al riesgo que identifican, la gremial transmitió a sus afiliados que si ven a un chofer que brinda el servicio de transporte a través de la aplicación, no tomen represalias ni lo agredan. La idea del Suatt, explicó Diez, es dejar que las autoridades departamentales y nacionales manejen el tema. Con esta actitud buscan diferenciarse de la estrategia que adoptó hasta ahora la Gremial Única del Taxi, dijo, porque entienden que perjudica la imagen de quienes trabajan en el sector. “Ellos dicen que son taxistas y en realidad son la patronal. Hay una diferencia. Ellos defienden el valor de su empresa”, apuntó.
La Gremial Única del Taxi, dirigida por Óscar Dourado, ha realizado varias manifestaciones para boicotear a Uber. En noviembre, decenas de taximetristas cortaron la calle Colonia y entraron al hotel Holiday Inn, donde la compañía realizaba una capacitación. El 7 de enero, unos 40 taxistas rodearon una camioneta de la empresa que circulaba por Parque Rodó y llamaron a la Policía, al Ministerio de Trabajo y a la Intendencia de Montevideo. El 19 de enero la gremial se movilizó en la calle 25 de Mayo y Ciudadela, donde la empresa tiene su sede. Casi una semana después, un taxista golpeó en la cara a un funcionario administrativo de la empresa.
La IMM consideró, desde el momento que la empresa desembarcó en Montevideo, que el servicio que ofrecen es “ilegal” (Búsqueda Nº 1.840). Por eso, el viernes 5, durante el Desfile de Llamadas, inspectores de la comuna retiraron a varias comparsas banderas con su nombre estampado. Esa decisión fue cuestionada por dirigentes del Partido Nacional. El edil blanco Diego Rodríguez hará un pedido de informes para que la comuna argumente por qué tomó esa decisión, informó el lunes el matutino “La Diaria”.
El coordinador del Partido de la Concertación, Marcos Laens, también cuestionó la decisión. “Evidentemente el Carnaval dejó de ser una fiesta popular para ser un desfile de intereses comerciales y/o políticos”, escribió en un comunicado. Luego de que la Intendencia retirara las banderas se generó una polémica en las redes sociales y los portales informativos. Uber, en tanto, difundió un comunicado en el que indicó: “Lamentamos si los incidentes empañaron la celebración”. Fuentes de la empresa dijeron a Búsqueda que igual pagarán el dinero acordado a las comparsas que iban a ondear las banderas de la empresa.
Hoy jueves el Congreso de Intendentes evaluará pedir el bloqueo de Uber en Montevideo. “No podemos dialogar y tenemos que tomar medidas”, dijo el jefe comunal de Cerro Largo y presidente del Congreso, Sergio Botana, según una nota que publicó el domingo “El Observador”.
Martínez también reconoció que la posibilidad de bloquear la aplicación está en agenda. El organismo encargado de tomar cartas en el asunto es la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec). Esa dependencia del Estado está estudiando el tema, al igual que una comisión interministerial creada por el presidente Tabaré Vázquez, y que está integrada por representantes de las carteras de Trabajo, Industria, Transporte, Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
