Reconoció que “todavía no está clara cuál es la reconversión” del negocio, pero imaginó que en una década las estaciones deberían ser un puesto de venta de energéticos para la movilidad ofreciendo nafta, gasoil, GLP, electricidad y eventualmente gas natural vehicular e hidrógeno. Y a eso, agregarle todos los servicios conexos al vehículo y la tienda de alimentos y bebidas.
Pero consideró que la transición energética que procesa el país, que definió como una “imposición de un energético sobre el otro”, es “tremendamente injusta”.
Presagió que si no se toman medidas ahora, la electromovilidad “se va a llevar miles de puestos de trabajo y algunas centenas de estaciones, muchas van a cerrar”. “Hoy está impactando en los balances, en la rentabilidad del empresario. Después, lo que sigue es que esos comercios necesariamente van a tener que pasar al autodespacho, van a tener que ajustar los costos. Y el costo operativo más importante en una estación es salarios y leyes sociales. O sea que eso va a acelerar el autoservicio en Uruguay. (...) En uno o dos años, va a haber algunos cientos, capaz que miles de personas, que no van a trabajar más” en una estación, lamentó.
Actualmente, dijo, las 480 estaciones emplean a unos 8.000 trabajadores.
“Asusta” la falta de planificación del gobierno
“En algún momento hay que decir ¡basta! No estoy en contra de que se beneficie al que tiene un Tesla, pero hay que dejar de castigar al que tiene un auto de combustión tradicional”, planteó De Castro.
Apuntó que cuando se resuelve beneficiar a un sector, a los que son afectados en consecuencia, generalmente, se les da algún trato para que “el golpe sea más suave”. Sin embargo, De Castro alegó que de parte de las autoridades “hay cero reacción”. “Lamentablemente, en el gobierno hoy hay una falta de planificación que asusta. Hablamos con todos, con el Ministerio de Trabajo, con el de Industria, pero estamos esperando respuestas”.
Alegó que si bien es una situación que a esta administración “le vino dada, porque hace un año y poco que está, y tiene que analizar, así como explotó para nosotros (los estacioneros), explotó para todos. No hay que dejar pasar más tiempo, y ahora hay que tomar decisiones y comunicarlas”.
La medida que la Unvenu reclama es que se reduzca el Impuesto Específico Interno (Imesi) a la nafta. Dijo que tiene expectativa de que el Poder Ejecutivo haga las cuentas de lo que lleva resignado por no cobrar la Tasa Global Arancelaria (TGA), Imesi, patente, descuentos en seguros de los vehículos eléctricos, y los menores ingresos por la caída en la venta de combustibles fósiles. Esa “renuncia fiscal” estimada por la Unvenu es de unos US$ 300 millones este año y en todo el quinquenio que abarca el período de gobierno ascendería a US$ 1.468 millones.
La gremial entiende que los beneficios fiscales deberían repartirse en la rebaja de Imesi a la nafta y los incentivos a la electromovilidad. De esa manera, se “beneficia a todos, no solo al que tiene dinero para comprarse el Tesla”, ilustró De Castro en alusión a que el Imesi a la importación de vehículos eléctricos, si bien va a estar gravada desde enero en franjas de 5% y 9% según el valor de Aduana, establece que ese tipo de coches seguirá teniendo un tratamiento preferencial respecto a los de motores a combustión.
“Si el gobierno ahora no toma medidas, no baja el Imesi (a las naftas), el mercado, la población va a ajustar y va a dejar de pagarlo igual. ¡Es lo que está pasando! La gente está cansada de pagar más de $ 40 por litro de nafta de impuestos y subsidios. Los que tienen dinero van a comprar el auto eléctrico, y el gobierno dejará de recaudar el Imesi en la gasolina”, razonó.
Cargador eléctrico de autos.
UTE
Y prosiguió: “El que se quiere comprar un auto de combustión paga TGA, Imesi de 30%, 40%, 50%, mientras que otro no paga nada y ahora (desde enero) va a pagar 5% o 9%. Pero siguen siendo beneficiados, subsidiados”.
Consideró que se sigue “castigando” al que usa combustible fósil con impuestos “que son un espanto” promoviendo el cuidado medioambiental, cuando “la decisión que está detrás de cualquier persona que se compra un eléctrico es pura y exclusivamente económica”, ya sea por ahorro del costo del combustible y evitar pagar impuestos y tasas.
Además, De Castro señaló que el gobierno asume esa situación en la zona fronteriza, donde rige la rebaja de Imesi en los combustibles e incluso se amplió el área geográfica de 20 a 60 kilómetros. Sin embargo, opinó que debería aplicarse “al resto” del país.
Consultado sobre la decisión del Ejecutivo de “amortiguar” el impacto en las tarifas de los combustibles del incremento que registró en los últimos meses el precio internacional del petróleo —debido al conflicto bélico en Medio Oriente—, el gerente de la Unvenu reconoció que “en el gasoil, se nota que hay un esfuerzo por abaratarlo”. Tanto, dijo, que está $ 13 por debajo de la referencia del precio de paridad de importación (PPI). Sin embargo, afirmó que “es falso” que también esté amortiguando el valor de la nafta en el surtidor, porque es prácticamente el mismo que la referencia del PPI.
Concluyó que la Unvenu pide que se baje el Imesi a la nafta y, “así como se premia al dueño del Tesla, que se premie a los más de 700.000 uruguayos que tienen un auto común y corriente, que lo usan para ir a trabajar, estudiar o para pasear. No más un uruguayo de primera y un uruguayo de segunda”.
“Todo un mamarracho”
De Castro también se refirió a la “competencia desleal” que enfrentan los estacioneros de parte de UTE y a la que el presidente de la gremial, Daniel Sanguinetti, aludió entrevistado el lunes 2 en Radio Montecarlo.
El gerente de la Unvenu dijo que hace más de un año que están intercambiando con el ente energético y con la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre las condiciones necesarias para poder instalar puestos de carga para los vehículos enchufables en las estaciones. Sin embargo, afirmó que no han tenido respuesta. Después del domicilio, “el lugar natural de carga debería ser la estación, pero UTE sigue avanzando, plantando cargadores en vía pública, sin pagar nada, entonces: ¿cómo competís? Es una competencia desleal”, indicó.
Explicó que se busca con la UTE y la DNE conocer cuáles son los costos de llevar potencia a una estación, pero no se logran las respuestas necesarias para “cerrar un proyecto de inversión”. “Es todo un mamarracho, no se sostiene. A la UTE le están robando los cables, los cargadores están vandalizados todas las semanas, tirados en la vía pública… Un día UTE lleva potencia para un lado, otro día para otro. Hay falta total de planificación. ¿Por qué? Porque lo pagamos todos con la tarifa de la luz, está camuflado, nadie sabe cuánto se gasta en eso”, disparó.
De Castro dijo que hace más de un año que la Unvenu procura llegar a un convenio con UTE “sin ninguna prebenda”, pero el ente “pasa un año para mover una carpeta. Así no se puede, y por eso pasa que hoy la red de carga no acompaña el crecimiento del parque eléctrico. Es un desastre, falta planificación, el gobierno está omiso”.
En ese contexto, en referencia a las perspectivas del negocio, el ejecutivo insistió en que con la tasa de crecimiento de los autos eléctricos en el país, que es la mayor de América Latina, las estaciones no llegan a tiempo a reconvertirse. Alertó que “por inacción, se está destrozando toda la estructura que hay” de puestos de venta de combustible. Agregó: “Esto de sentarse a esperar, cuando siete de cada 10 autos que se venden son eléctricos o enchufables, es el parte de defunción. Tenés que esperar a que siga avanzando la enfermedad hasta que te mueras. Si las cosas siguen como están ahora, este sector no tiene futuro. A no ser que se tomen medidas”.
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