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Hace dos años la Intendencia de Montevideo (IMM) decidió obligar a comercios, locales e instituciones a contratar un servicio especial de recolección de residuos y reservar el uso de los contenedores solo para los hogares. Con esto buscaban descongestionar la recolección —más exigida por el aumento del consumo— y empezar a incorporar en las empresas la “responsabilidad” sobre sus propios residuos.
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Hasta el momento solo el 20% de los locales —unos 6.000 comercios e instituciones— acataron la nueva normativa y presentaron ante la Intendencia un plan de gestión para sus residuos.
Las autoridades municipales comenzaron este mes un monitoreo para comprobar si los locales que presentaron planes cumplen con lo declarado. También se incorporará la posibilidad de presentar la información por vía electrónica, a través de la página web de la Intendencia, con el objetivo de facilitar el trámite. Además se elaborará un manual para los empresarios sobre el manejo de residuos y las ventajas que se pueden obtener a partir de su tratamiento adecuado, como la venta del material reciclable.
“Sabíamos que este proceso no se va a resolver en este período de gobierno. Es un proceso más largo. Tenemos casi 50 años de un manejo de residuos en el que no había condiciones. La norma anterior es de 1967 y habla de tachos de basura”, dijo a Búsqueda el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canessa.
Residuos no domiciliarios.
A partir de un decreto aprobado por la Junta Departamental en junio de 2012, el uso de los contenedores pasó a estar restringido solo a los residuos domiciliarios, definidos como aquellos “generados en actividades domésticas y cotidianas”. Todo el resto de la basura pasó a considerarse no domiciliaria y debe contratar un servicio especial de recolección, según estableció la norma aprobada entonces, que modificó algunos artículos de la normativa de 1967. En consecuencia, comercios y locales de todo tipo —desde pequeños kioscos hasta cadenas de supermercados— tienen que presentar un plan de gestión ante la Intendencia, informando cómo se deshacen de sus residuos. Si son comercios muy pequeños, que producen unas pocas bolsas de basura a diario, los funcionarios municipales pueden autorizarlos a continuar utilizando el contenedor. De todas formas, deben presentar por escrito la cantidad de residuos que producen y obtener la autorización de la Intendencia.
“Pueden presentar un plan de gestión de residuos completo, o una declaración jurada en la que el comercio informa a qué se dedica, cuántos empleados son, qué generan y cómo lo tratan. La IMM les dice si está bien o está mal”, señaló Canessa. “Por ejemplo —explicó— a un kiosquito que dice que produce una bolsa por día y lo tira en el contenedor, la Intendencia le va a decir que está bien”. En los casos en que la cantidad de residuos es mayor, las empresas tienen tres opciones: llevar la basura hasta el sitio de disposición final Felipe Cardozo por sus propios medios, contratar a una empresa privada o contratar el servicio de la Intendencia. No pueden —como es habitual ahora— entregar los residuos a los carritos de clasificadores ni tirarlos en los contenedores.
Declaraciones.
De acuerdo a los registros de la Intendencia, al 31 de mayo son aproximadamente 6.000 los comercios y locales que presentaron información sobre el manejo de sus residuos, de un universo de unos 30.000 locales que hay en Montevideo (representan el 20% del total). Hay unas 5.200 declaraciones de comercios, unos 300 planes de gestión presentados por grandes generadores, y otras 300 declaraciones de instituciones públicas.
En el municipio B (Cordón, Parque Rodó, Ciudad Vieja, Centro), donde está la mayor concentración de comercios, el 23% presentó la información.
Ahora, más allá de que los comercios cumplan con explicar qué hacen con sus residuos, la Intendencia quiere controlar si “efectivamente están cumpliendo lo que declararon”, explicó Canessa. Para eso iniciaron este mes un monitoreo en determinados locales para comprobar “el grado de cumplimiento”. La inspección comenzó en el municipio B y luego seguirá en los municipios CH (Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Pocitos y Punta Carretas) y C (Aguada, Bella Vista, Capurro, Prado).
Las sanciones por incumplimiento varían entre 5 y 10 Unidades Reajustables ($ 729,47) y luego de varias reincidencias pueden llegar hasta la clausura del comercio. Además, la presentación del plan de gestión es un requisito para obtener la habilitación del local. Por eso la administración apuesta a que a medida que los locales deban renovar sus habilitaciones —cada cinco años— se verán obligados a declarar la situación de sus residuos. “Hoy es una exigencia para todos los comercios, pero para funcionar lo necesitan los nuevos y los que están renovando las habilitaciones”, explicó Canessa. Por eso consideró que “seguramente los mayores frutos se van a ver en el mediano plazo en la medida en que esto se vaya haciendo costumbre en la gente”.
“Desconocimiento”.
“Partimos de un universo casi desconocido”, afirmó. Tanto para las empresas, “que desconocían sus responsabilidades”, como para la Intendencia, que desconocía “cuál era el manejo que tenían las empresas de sus residuos”, agregó. En su opinión “no siempre es falta de voluntad, a veces es desconocimiento” de los empresarios. Por eso difundirán un manual con información sobre el manejo responsable de residuos. El jerarca insistió en que las empresas pueden beneficiarse de un tratamiento adecuado e incluso obtener un ahorro. Es que los materiales como el cartón, el papel y el plástico son reciclables y se pueden vender. De este modo “pueden encontrar nuevas vías de ingreso” a partir de la basura que producen, dijo Canessa.
“Siempre nos gustaría que fuera más rápido y más efectivo”, reconoció el director. “Pero es de las cuestiones en las cuales estamos todos aprendiendo y empezando a transitar un camino que nunca se transitó. Montevideo está sembrando para el futuro”.
