Solo la liturgia del aniversario

Muchas cosas han cambiado desde entonces, en el mundo y en nuestro país en estos doce años de gobiernos frenteamplistas. Salvo las ondeantes banderas tricolores, poco queda en sus filas del entusiasmo, de la ilusión, del idealismo, de los sueños forjados en aquellos tiempos fundacionales.

Los dichos de Kechichian y Miranda —por sus cargos y responsabilidades los principales oradores del acto— no pueden sorprender. Refieren a una realidad tangible, ni siquiera nueva, aunque sí cada vez más profunda.

Para muestra, un par de perlas de estos días.

El Poder Ejecutivo suscribió con otros trece países americanos una declaración en la que se reclama al gobierno de Venezuela la liberación de presos políticos y el reconocimiento efectivo de la independencia de poderes del Estado (supone reconocer las decisiones de la Asamblea Nacional elegida a fines de 2015, y la existencia de autoridades judiciales y electorales autónomas, no subordinadas al gobierno).

La declaración se limita a reclamar las exigencias mínimas a un gobierno que se dice democrático. Sin embargo, generó fuertes críticas en el MPP (¿ponen en riesgo los negocios de intermediación comercial de Aire Fresco?), del Partido Comunista (PCU) y de la dirección del PIT-CNT. El PCU advierte, con razón, que la declaración que suscribió la Cancillería contradice las declaraciones que hace solo una pocas semanas hizo el presidente Tabaré Vázquez a la Deutsche Welle (“Venezuela es una democracia”).

Los comunistas consideran que la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores “suma objetivamente” a los intereses de “Estados Unidos y a la derecha”, por lo cual se proponen generar un debate en el FA “para definir claramente quién dirige la política exterior y con qué criterios”.

El gobierno emite un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer medidas pertinentes para “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”. Para ello, el Ministerio podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con estos objetivos. La resolución gubernamental procura garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad.

¿Era necesario aprobar un decreto? ¿No es esa una de las funciones que debe cumplir la fuerza pública?

Fuentes oficiales negaron que la decisión se relacione con ningún hecho concreto, que es el resultado de un estudio que llevó un año. Sin embargo, no deja de llamar la atención que precedió al anunciado paro de camioneros que en el inicio de la zafra arrocera reclaman un aumento de su tarifa. Y que siguió a la instalación de un piquete en los accesos de la planta de celulosa de Montes del Plata por personas que pedían trabajo allí (“El País”, 22/3/2017).

Coincidencia o no, el decreto se conoció luego que por dos días consecutivos manifestantes bloquearan durante varias horas el tráfico en la Ruta Interbalnearia retrasando el regreso a Montevideo de miles de turistas al final de la Semana de Carnaval.

Una acción tolerada por la Policía, que se limitó a desviar en Salinas el tráfico hacia la Ruta 8, causando la molestia y el fastidio de miles de automovilistas.

El decreto, cuya lógica y pertinencia está en todo caso fuera de toda duda, despertó severos cuestionamientos en legisladores y sectores del FA (Casa Grande, PCU) porque consideran habilita procedimientos  arbitrarios y contrarios a los intereses del movimiento popular. “Advertimos que la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra de la izquierda y que legitimar la represión como forma de solución de conflictos en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras”, declaró Casa Grande.

El diputado comunista Gerardo Núñez coincidió: “Es inapropiado e innecesario y otorga un conjunto de potestades a las fuerzas represivas  que no corresponden”, “genera un panorama de incertidumbre en el campo popular sin que haya explicaciones concretas”.

Resulta innecesario señalar los opuestos puntos de vista e intereses ya manifestados en el incipiente debate presupuestal entre quienes quieren aumentar la presión impositiva para “satisfacer las demandas populares” y quienes reclaman una actitud responsable y prudente cuando el país ya tiene un déficit fiscal de 3,7% del PBI —parte del cual hay que financiar aumentando la deuda pública— y advierten sobre el riesgo de perder el grado inversor.

Es cierto que las diferencias son naturales en la vida política, pero el punto es que hay diferencias y diferencias. Ocurre que se trata de controversias que no son menores, ni sobre temas menores. Eso es lo que muchos ciudadanos aprecian cada vez más nítidamente.

Hace unos meses, el diputado Gonzalo Mujica se despegó de la coalición porque considera que los sectores más militantes se están distanciando de las preocupaciones e intereses de los ciudadanos. “Muchos en el Frente creen que se debe ir hacia la izquierda y yo creo que tiene que correrse a la derecha. En realidad, el FA en muchos aspectos está yendo a la derecha, pero yo voy 200 metros adelante y les da bronca porque lo digo”.

Como otros militantes del FA, Esteban Valenti se ha vuelto una voz crítica.

Ha dicho que miles de frenteamplistas sienten que tienen “un problema de identidad” porque consideran “que se ha cambiado la esencia misma” de la coalición.

Por más que a 45 años de su fundación sigue siendo unánime la invocación a preservar la unidad, tras su tercera victoria electoral, el Frente Amplio enfrenta su hora más compleja y problemática.

Ante la crisis que vive el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), esta semana el diario “El País” de Madrid publicó un artículo (“¿Y si los militantes se divorcian de los votantes?”) que afirma que “el mayor riesgo del PSOE y de otros socialismos (cita expresamente al laborismo inglés y al socialismo francés) no es la ruptura entre líderes y militantes, sino entre el partido y los votantes”.

¿Explica esto lo que estamos viviendo aquí?