Sr. Juez: puede y debe rendir más

Se han realizado cursos que no eran obligatorios. Pero, paradójicamente, “quienes asisten suelen ser los mejor preparados y no los menos calificados; por eso pretendemos que sean obligatorios”, me confió el ministro de la Corte, Jorge Chediak. La desidia o el desinterés de los menos calificados debería sorprender. Pero no, porque es la misma desidia o desinterés del universo de un país en el que la cultura, la preparación universitaria y la educación en general están en caída libre.

La propuesta prevé la evaluación de una prueba final consistente en la resolución de un caso, sin perjuicio de considerar las intervenciones orales. Esa evaluación la realizarían los docentes y, en caso de disconformidad del alumno, se podrá recurrir y esa decisión será definitiva. El mínimo para aprobar será de 6 en una escala de 0 a 12 y el resultado se anotará en el legajo del magistrado. Un generoso mínimo de media tabla, como en el liceo.

Las actividades de capacitación ajenas al Poder Judicial solo serán tenidas en cuenta como méritos. También solo como mérito se considerará la pertenencia a grupos académicos dentro o fuera del CEJU.

Los destinatarios serán: magistrados que figuren en las listas de ascensos y la temática se fijará en atención al cargo al que aspiren ascender; los jueces que hayan sido trasladados a distinta materia de la que eran titulares y para quienes no sean egresados del CEJU.

En su asamblea los jueces consideraron que “están sometidos a una evaluación diaria por parte de los superiores procesales; puede darse el absurdo de que un juez de Paz califique a un ministro de Tribunal porque es docente universitario en una materia”, reflexionó otro juez en declaraciones a Búsqueda de la semana pasada.

“Un curso sin evaluación final es como un velero sin velas, un carro sin ruedas o un tirador sin arma y muchos no tienen velas, ruedas ni armas”, me comentó, ironizando, un docente universitario con décadas de ejercicio y profesor de muchos de los actuales magistrados.

Y agregó: “Si no hay evaluación carecen de sentido las intervenciones orales y las pruebas escritas del curso. Bastaría con la presencia, aunque en el aula los alumnos estuvieran pensando en el partido del domingo, en una película o en sus amantes.

Tiene razón: ¿qué sentido tendría asistir a un curso sin poder saber si fue aprovechado o no, si el alumno entendió o no, o si lo que hizo no fue más que calentar la silla?

Hay palabras que aterrorizan a los inseguros o sin preparación. Para el caso, “evaluación”, “prueba” o “examen”. Llamémosle entonces a esa experiencia final “aprovechamiento”. Ese es, en definitiva, el gran objetivo: saber si el curso fue o no provechoso, no solo para el alumno, sino también, lo más importante, para los ciudadanos destinarios de ese aprovechamiento a través de los fallos de los jueces.

Las palabras tienen el sentido que tienen. Basta con leer el diccionario de la Real Academia. Al vocablo “evaluar” le caben tres acepciones: “1) Señalar el valor de algo; 2) Estimar, apreciar, calcular el valor de algo; 3) Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”. Aunque la tercera es la más precisa, la otras dos no son ajenas. El mejoramiento de la calidad jurídica de los jueces tiene un “valor” y este solo puede estimarse mediante una evaluación. Esta permitirá determinar la calidad del aprendizaje y comparar y elegir al mejor para ascender cuando llegue el momento de la competencia para un mismo cargo.

Y eso que solo hablamos de evaluaciones académicas. ¿Qué dirían los jueces si cada diez años fueran obligados a someterse a una pericia psicológica similar a la que se les realiza hoy a quienes aspiran a ingresar a los cursos para ser jueces, la mitad de los cuales la pierde? Esta posibilidad fue manejada tiempo atrás, en reserva.

Quienes nos desenvolvemos en ese ambiente conocemos casos de magistrados que, debido a problemas personales, familiares o económicos, como cualquier otra persona, pierden el umbral de la ira, el equilibrio o actúan con vanidad despótica. Luego nos someten a penurias innombrables, horrorosas sintaxis o arbitrariedades, y rara vez son sancionados como corresponde. Se arregla cambiándolos de materia.

En algún momento llegará esa evaluación, no tanto por la salud de los magistrados, sino por la de centenares de justiciables. Pero seguramente no estaremos aquí para verlo.