También en Uruguay, los arbitrajes se consolidan como “método regular” para resolver disputas en torno a negocios e inversiones

Después de haber sido miembro alterno en representación de Uruguay desde 2018, el 1º de julio pasado González asumió una de las vicepresidencias, junto con otros dos latinoamericanos, un chileno y un brasileño. En su caso, educada en la enseñanza pública, lo ve como una prueba de que la formación de los profesionales es “competitiva en cualquier nivel”.

Lo habitual es que, al pactar un determinado negocio, las empresas establezcan en los contratos cláusulas para resolver eventuales diferencias con su contraparte, sea otro privado o un actor público. Otra vertiente del arbitraje es la que se ampara en los tratados de protección de inversiones firmados entre Estados y en los que interviene, por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el ámbito donde Philip Morris litigó contra Uruguay por las políticas antitabaco impulsadas por Tabaré Vázquez. “Las dos ramas han estado en ascenso de manera sostenida durante los últimos años”, también en América Latina y en Uruguay, añadió. Actualmente, algo más del 20% de los casos que llegan a la Corte de la CCI provienen de diferendos en la región, lo que la abogada atribuye al mayor flujo de inversiones extranjeras captado en las últimas décadas.

Estimó que es probable que Argentina ahora esté teniendo más disputas. “Normalmente, la cantidad de casos relacionados con un determinado lugar aumenta si hay algún evento particular, como una crisis económica, porque las partes empiezan a discutir quién debe pagar ciertas demoras, sobrecostos o los costos de una devaluación. Pero cuando hay inestabilidad persistente no llegan a crecer mucho los arbitrajes porque el flujo de inversión y de contratos se corta antes”.

Más en general, señaló que ahora se está viendo un “efecto pospandemia”. Si bien las empresas fueron “bastante conservadoras a la hora de plantearse disputas porque fue algo que afectó a todos por igual”, se están registrando casos donde surge la cuestión de “qué fue la pandemia: ¿fue una situación de fuerza mayor?, ¿fue una regulación estatal que no dejaba mover a la gente?, ¿quién se hace cargo?”.

“Método” instalado

En 2020 y 2021 Japón, Dinamarca, Suiza y Países Bajos, con mercados muy estables política y económicamente, tuvieron sus primeros casos de arbitraje por la vía de tratados. “Es reflejo de que esto es una cuestión instalada, de que los inversores” tienen los arbitrajes como “método regular” porque “ha probado ser un mecanismo ágil para resolver disputas de negocios. Cualquier empresario privado o estatal dice: ‘yo quiero sacarme esto de arriba rápido para seguir haciendo lo mío’. No es que las partes de un caso se quieren pelear para siempre, sino que quieren despejar un problema y de repente seguir adelante con su relación comercial. Estar trancados durante años en un conflicto es muy complicado”, señaló González. Agregó que el arbitraje tiene como ventaja su “flexibilidad” como instrumento dependiendo del caso y permite darles intervención a árbitros especializados en industrias muy específicas, como la construcción, patentes, energía o el sector farmacéutico. “Si se tiene que ir a un tribunal estatal, es a suerte y verdad. Además, los jueces en todo el mundo concentran mucho trabajo y es mucho más difícil que puedan tener disponibilidad para atender el caso como un árbitro”.

“Es muy raro que una disputa en torno a un proyecto con alguna internacionalidad —que hoy, para países como Uruguay, son casi todos— no se resuelva con un arbitraje en lugar de ir a los tribunales nacionales”, afirmó. Incluso, dijo, cada vez está habiendo más arbitrajes entre partes uruguayas, no necesariamente actores extranjeros.

“En los Estados donde hay regímenes democráticos el gobierno cambia cada cuatro o cinco años, y es frecuente que se modifiquen ciertas condiciones regulatorias. Eso puede generar algún tipo de ola o sagas de arbitrajes de inversión por ciertas reformas que se hacen. España tiene desde hace algunos años una cantidad importante de arbitrajes de inversión por cuestiones en el sector energético y los cambios regulatorios”, explicó.

¿Y con el gobierno de Luis Lacalle Pou y las reformas que ha planteado, por ejemplo, en el sector de los combustibles? “Uruguay no tiene una saga de casos relativos a inversión porque no tiene reformas regulatorias de retiro, es decir, un cambio en sentido contrario a políticas de incentivos. Los casos que hay en Uruguay son de industrias muy diferentes y no responden a un movimiento regulatorio específico”, analizó la socia de Ferrere.

Por otro lado, consideró que “Uruguay tiene muchas condiciones —y esto es algo en lo que la comunidad arbitral pone mucho foco—, como por ejemplo lo es Singapur en Asia, para ser sede del control jurisdiccional de los laudos. El país tiene muy buenos servicios, una Justicia con muy buena reputación, cuenta con un mercado de profesionales relativamente sofisticado y es neutral en la región, por ejemplo, frente a una disputa entre partes argentinas y brasileñas”, opinó. De hecho, dijo, ya “hay una jurisprudencia interesante” de tribunales de apelaciones uruguayos.