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Un buen negocio para pocos, un problema para muchos. La Intendencia Municipal de Montevideo licitaría 52 licencias de taxímetro que se adicionarían a las ya existentes en la ciudad de Montevideo. Una gran noticia sin dudas para todos, salvo para la patronal del taxi, quien se opuso públicamente a ello argumentando que “otorgar nuevos permisos genera menos salarios y peores condiciones de trabajo” (sic) (entrevista a Oscar Dourado, diario “El País”), incluso presentando una acción de amparo ante la Justicia. Sin embargo, está claro que la razón del enojo de la patronal no es exactamente la que argumentó públicamente, sino que habrá más competidores en las calles, por lo que se verán afectados los márgenes de ganancias de quienes ya operan.
En tal sentido, cabe preguntarse con qué facilidad uno puede encontrar un taxi en la ciudad de Montevideo en situaciones normales y especialmente en días de lluvia. Difícil encontrar taxis, ¿verdad? Como ciudadanos debemos preguntarnos la razón por la cual, si el negocio es tan rentable (¿quién pagaría mas de U$S 75.000 por un permiso si no lo fuera?), ¿por qué faltan taxis en la capital? ¿Acaso no hay emprendedores dispuestos a agregar taxis al stock existente? La respuesta es sí; empero, la regulación existente los inhibe. Entonces, también cabe preguntarse, ¿por qué es la Intendencia Municipal de Montevideo quien decide cuántos taxis pueden circular por la capital? Y, ¿para qué es así? Es difícil responder esta pregunta basándonos en el interés general, ¿verdad? Bueno, entonces apuntemos a los intereses particulares.
Así, son las propias gremiales empresariales las que ejercen presión (como lo detallábamos anteriormente) sobre la Intendencia para que ésta limite la cantidad de competidores que estos pueden tener. ¡Qué bueno! Si existe más demanda que oferta y es un burócrata quien decide qué oferta habrá en el mercado, los márgenes de los empresarios del taxímetro serán excelentes. Ojalá todas las actividades tuvieran limitaciones de competidores que aseguren ganancias a las empresas para evitar “menos salarios y peores condiciones de trabajo” (sic). Así, para los ingenieros, arquitectos, abogados, fabricantes de insumos, hoteleros, etc., el gobierno debería decidir un número “razonable” de prestadores de servicios o suministradores de productos, de modo que todos tengamos mejores ganancias y proteger a nuestros empleados. Qué bueno sería, ¿no? Seríamos todos más felices.
Obviamente, alguien tiene que pagar por todo ello y éste es el consumidor. Es el cliente que cuando llega al Aeropuerto Internacional de Carrasco y se dirige hacia el centro, le cobran U$S 150 (más que cuando uno llega a Londres en Heatrow y se dirige al centro de la capital británica), ya que existen limitaciones de los taxímetros que pueden salir del aeropuerto. U otro cliente, que en un día de lluvia pretende tomarse un taxi para ir a trabajar y debe estar 45 minutos llamando por teléfono o buscando en la calle para ello. Este tipo de regulaciones, entre muchas, son las que nos hacen un país extremadamente caro para vivir y, en consecuencia, menos competitivo internacionalmente. No solo ello: a falta de un mercado competitivo, también el servicio se deteriora (los reto a viajar en los asientos de atrás de un taxi cuando uno mide más de 1,80, por ejemplo).
Pero si son pocos los que se benefician de este tipo de medidas y quien las paga somos todos, ¿por qué se mantienen? A simple vista parecería que la democracia serviría para evitar este tipo de situaciones. La respuesta es simple: en tanto ciertas políticas públicas les otorgan beneficios sustanciales a unos pocos (los propietarios de taxímetros) mientras le imponen pequeños costos a muchos (los consumidores, por ejemplo), son mantenidas por presiones de los primeros. Si el sistema cambiara —y sin perjuicio de que los propietarios de taxis en Montevideo son pocos— harían bastante ruido fuera de la Junta Departamental de Montevideo con caravanas de taxis tocando bocina por 18 de Julio, etcétera. ¡Qué caos!
Mientras tanto, la gente que se beneficiaría con una eventual liberalización del sistema serían los potenciales taxistas que eventualmente manejarían los nuevos taxis —es decir, o bien gente que hoy tiene un empleo con menos salario o gente que simplemente está desempleada— y los clientes —que tendrían más alternativas— no harían un lobby a favor de la medida. Pero, ¿por qué? Simplemente porque los primeros nunca sabrán que eventualmente están perdiendo la chance de tener trabajo de taxista y para los segundos no les cambiará sustancialmente su situación. Entonces, como los que presionan y se quejan son los propietarios de taxis, la Intendencia cedería ante sus reclamos.
Son exactamente los mismos motivos los que llevaron a establecer el fideicomiso de la nafta a favor de los taxímetros mediante el cual los contribuyentes les pagamos $ 10 por litro de nafta que consuman, sin que ello haya tenido repercusión alguna a la baja en las tarifas de los taxis, o en un mejor servicio. En otras palabras, la medida mejoró los ya abultados márgenes del sector. ¡Qué generosos son los gobernantes con nuestra plata! (saludar con sombrero ajeno es fácil en Uruguay).
Ahora bien: aplaudo la medida de otorgar nuevas licencias de taxímetros y creo que es un gran paso aunque no quiero dejar de advertir cómo nuestros gobernantes (ya sean nacionales o municipales) ceden ante las presiones de unos pocos en perjuicio de muchos y de la libertad de todos.
