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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá¡Concesión sí, enajenación no!. Es materia polémica la reciente iniciativa del Poder Ejecutivo de enajenar los padrones 6.177 y 7.751 de la rambla Sur de Montevideo. Su objetivo es la construcción de una terminal marítima sobre dichos predios. En buen romance, se busca transformar las instalaciones de la vieja Compañía del Gas y el Dique Seco estableciendo un servicio diferente, cuyo principal o único interesado es el empresario Juan Carlos López Mena.
Tal iniciativa obliga a una reflexión profunda, capaz de evitar los argumentos hasta ahora esgrimidos en su contra. Se trata, entonces, de pensar desde otro lugar, evitando el común denominador de reacciones que —en la mayoría de los casos— esconden fundamentos ideológicos más que apreciaciones objetivas en torno a la propuesta y al patrimonio en juego.
La verdadera dimensión del proyecto, escasamente difundido aún, implicaría obras de infraestructura portuaria, una terminal de pasajeros, un complejo hotelero y de estacionamiento, así como el mantenimiento —bajo un formato más reducido— del llamado Museo del Tiempo, concebido hace varios años atrás para este mismo lugar. En este sentido, el programa no parece incompatible con el sitio, aportando una actividad de escala razonable que daría otra dinámica a esta parte de Montevideo. Una parte escasamente utilizada hoy y bastante degradada, por cierto, en su dimensión física y patrimonial.
Sin embargo, se han dejado oír recientemente diferentes voces que argumentan lo contrario y que parecen expresiones más políticas que técnicas, cargadas de prejuicios y consideraciones generalistas de escaso valor: “una terminal que no usaremos los montevideanos y las montevideanas”, “la eliminación definitiva de la cancha de baby fútbol, la plaza y la playa del gas”, “el gimnasio al aire libre, el horizonte, la tranquilidad…”. En definitiva, un conjunto de inconsistencias que resultan ser una suerte de lugares comunes, de slogans reiterados en que se confunden la escala de los problemas y de las necesidades.
Todo esto resulta preocupante porque pone en un lugar peligroso la necesaria defensa del patrimonio, que exige siempre un sólido cuerpo de argumentos, independientes de posiciones políticas, capaces de acompañar y apoyar los cambios necesarios de la ciudad y el país. En este sentido debe entenderse que el patrimonio cultural no es un factor retardatario de los cambios —el “palo en la rueda”, como tantas veces repiten algunos, ridiculizando a quienes lo defendemos—, sino un soporte fundamental para que estos cambios se produzcan de la mejor manera, en forma consistente y sustentable, enriqueciendo al colectivo social.
En relación directa con estas apreciaciones, parecería que la discusión en torno a la terminal marítima se ha centrado en cuestiones exclusivas como el dominio de la tierra y la pérdida de los “usos” actuales, como argumentos fundamentales para negarla y demolerla. Los riesgos más importantes acerca de cómo está planteada esta iniciativa, en cambio, no se tratan ni se cuestionan aun cuando se entienda que el programa pueda ser conveniente para la ciudad.
¿Cuáles son esos riesgos? Expresada la importancia y el carácter positivo del programa a desarrollar, parece necesario considerar el tipo de negociación planteada por el empresario y las respuestas hasta ahora dadas por el Estado, incluyendo en este al Poder Ejecutivo, una parte mayoritaria del Parlamento y al propio gobierno departamental. Tres aspectos merecen ser estudiados de manera previa a cualquier decisión que implique la concesión final del predio y del edificio: la viabilidad técnica y ambiental de desarrollar dicha terminal, con sus correspondientes efectos en la dinámica costera, la identificación de normas específicas de edificabilidad y ocupación para este predio —la intendencia no tiene hoy un cuerpo de disposiciones concretas al respecto— y, finalmente, la garantía de lograr un proyecto arquitectónico de excelencia, que constituya un verdadero aporte a la ciudad, en función de la importancia del lugar. Estas exigencias no implican un rechazo a la iniciativa de construir una terminal marítima o ponerle una barrera concreta a su materialización. Se trata de profundizar en el estudio y asegurar que los efectos de la construcción e intervención en el contexto costero cuenten con sus correspondientes correctivos, en caso de producir afectaciones. Antes y no después de la licitación.
Estos temas no han formado parte de la polémica y tampoco de la preocupación de la mayoría de los legisladores que han integrado las comisiones afines en el Parlamento y que, de manera ágil pero no meditada, han dado el sí a la iniciativa de enajenación. Este último aspecto es muy importante no por aquel axioma genérico de que toda propiedad pública deba ser eternamente pública, sino porque en este caso se trata de un bien ubicado sobre el borde costero, que tiene fuertes implicancias ambientales y de uso, además de formar parte de una larga cinta territorial que está protegida como bien patrimonial —Monumento Histórico Nacional, de carácter cultural y natural—, que exige el constante velar del Estado sobre ella.
En este sentido, el Estado debe madurar sus estrategias de negociación —hasta ahora bastante malas— planteando alternativas de concesión a 30 o 50 años en lugar de vender y entrar en futuros conflictos con un particular que estará, con seguridad, en una posición mucho más sólida para litigar, en caso de ser propietario del predio.
Es probable también, que el empresario interesado condicione la viabilidad del proyecto económico a que tal enajenación le sea asegurada. Argumentará que es un factor fundamental para el éxito de su empresa, a lo que habría que responderle —de forma enfática— que si su negocio requiere más de 30 o 50 años para madurar, sencillamente es un mal negocio, o bien tiene entre manos un objetivo alternativo al planteado y que aún no ha expresado. Ambas posibilidades resultarían más que inconvenientes para el país y para el Estado, que bastante conoce de malos negocios. Quizá también, alcanzaría con preguntarle al empresario López Mena cuánto tiempo le ha llevado materializar su éxito actual, el que con seguridad contó con menos de cinco décadas.
Por todas estas razones expresamos la aceptación de la idea de desarrollo de una nueva terminal marítima —que materialice todos los programas complementarios anunciados y en la medida en que tal iniciativa cumpla con las normativas, estudios y disposiciones previas exigidas—, sin enajenar el predio. Decimos entonces: ¡Concesión sí, enajenación no!
William Rey Ashfield
CI 1.284.134-7