Tesoros hundidos

Se había remontado bien un tema que había estado del lado de unos tal falsos “winners” dilapiladores del patrimonio cultural y se logró pasar al lugar de la ciudadanía, centrada, sana, equilibrada.

Razones por las cuales oponerse:

- Jurídicamente, Collado no tenía derecho vigente adquirido alguno.

- Tiene un antecedente muy polémico que fue “Nuestra Señora de la Loreto”. Cuando nadie sabía nada en la segunda mitad de la década del ‘80, “el buscador de tesoros en cuestión” dijo encontrar la mencionada embarcación. La Comisión de Patrimonio de aquel entonces, presidida por Arana e integrada por Marta Canesa, entre otros, en un acto de romanticismo cultural, con vaga fundamentación documental, lo declaró Monumento Nacional, es decir bien protegido.

- Como el contrato de Collado era con Prefectura, el extractor y mutilador de bienes culturales quiso realizar unas acciones que si bien prefectura se las autorizaba no sucedía así con Patrimonio.

- Por tanto, técnicamente se produjo la violación de un contrato y de esta forma y sin mucho trabajo de campo, se pasó a los tribunales y con algún buen abogado Collado se enfundó una suma superior a un millón de dólares de esa época por lucro cesante.

- Pero como muchas veces todo tiene una vuelta, llegados al 2006 y la necesidad de la empresa Terminal Cuenca del Plata de expandir la playa de contenedores, la Comisión de Patrimonio le exigió a la empresa un relevamiento con tecnología de primera, como sonar de barro y otras.

- Sucedió que los resultados dieron que donde debía estar la Loreto no había nada y tampoco a varios centenas de metros alrededor que hoy están tapados por el cemento.

- La Comisión debería —asumo mi parte de responsabilidad, pues la presidía en ese entonces— haber desafectado como Monumento Nacional a “La Loreto”. No se hizo y debe hacerse porque la documentación que existe dice que no está donde se dijo y nadie ha aportado información sobre dónde se encontraría, si es que existe aún.

- Todos estos embrollos anti culturales se suceden porque existe una ley, llamada de “Cascos Hundidos”. Dicha ley se creó en 1975 con la pretensión de limpiar la costa de chatarra. Se establecía que del valor de la chatarra recogida por el autorizado, la mitad correspondía a él, la otra al Estado. Nunca nadie la utilizó porque el negocio era rentable.

- Cuando aparecieron los “buscadores-piratas de tesoros” había que regular su actividad de alguna manera. Allá en la segunda mitad de los ‘80, el Poder Ejecutivo sacó un Decreto Reglamentario de la Ley de Cascos Hundidos para atender esta situación. O sea, a los bienes culturales se los trataba con una ley para la chatarra y los contratos se establecían con Prefectura, que no tiene idoneidad alguna para abordar esos asuntos.

- La Comisión de Patrimonio cometió una grave omisión: no seguir el juicio de Collado contra Prefectura, pues podría haber presentado escritos manifestando lo absurdo de la situación, aunque esto tal vez no hubiese cambiado el dictamen final, pero habría hecho involucrar al organismo cultural dentro de un “mundo más real”.

Epitafios:

1. Ahora vendrá una mediática bondad de Collado, tal vez acompañado por Fernández Huidobro. Y tras eso todos los que están agazapados para realizar una actividad extractiva de expoliación del patrimonio cultural y de dudosa rentabilidad económica a no ser por elementos exógenos.

2. ¿Cuántos son los costos de realizar el trabajo de expoliación sobre el Lord Clive? ¿Quiénes lo financian? Y más preguntas económicas hay que hacerse. La autoridad debería controlar todo esto.

3. Gracias a Fernández Huidobro y ese decreto, Alfredo Etchegaray y su pésimo y mentiroso manejo de El Águila quedan legitimados.

Manuel Esmoris