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Como se hizo habitual en los últimos años, en cada enero las tarifas de los servicios públicos serán incrementadas. Con cada ajuste vino, invariablemente, una discusión política y no faltaron quejas del sector empresarial.
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La polémica actual se está dando tras un 2017 que cerrará —si no hay sopresas este mes— con un aumento promedio del costo de los principales servicios públicos mayor que la inflación (suba en términos reales), según cálculos de Búsqueda. Es la primera vez que pasa desde 2006.
Para 2018, los aumentos nominales de tarifas —anunciados la semana pasada y con vigencia del próximo 1º de enero— serán inferiores a los aplicados a comienzos de 2017. Si la inflación se mantiene el próximo año en torno a los guarismos actuales o sube muy ligeramente —como se espera—, las tarifas públicas prácticamente se mantendrían en términos reales.
Sin embargo, la discusión parece ser exactamente igual que un año atrás: los Directorios de los entes plantean —en general— al Ministerio de Economía y Finanzas su expectativa de poder bajar las tarifas, pero las necesidades fiscales llevan al Poder Ejecutivo a ordenar un aumento que permita recaudar más. Desde la oposición y el empresariado se vuelve a escuchar: “Tarifazo”.
Como 20 años atrás.
Los precios de las tarifas públicas no siempre se revisaron solo a comienzos de cada año y en otros períodos los ajustes se hacían de forma bimestral, trimestralmente o semestral, con niveles de inflación mayores a los actuales.
En diciembre de 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, Búsqueda informaba: “El gobierno evalúa disponer un aumento superior a la inflación prevista para las tarifas de UTE, OSE y Ancap el año próximo” (Nº 873). Ese titular podría aplicarse hoy para algunos de esos entes. El artículo reseñaba la disyuntiva de si pasar a subir los combustibles cada dos meses para el año siguiente, en vez de seguir haciéndolo de forma trimestral.
Según un índice elaborado por Búsqueda, las tarifas bajaron en términos reales en el primer período de Sanguinetti (1985-1990): –7,6% comparando 1989 con 1984. Distinto fue el resultado al finalizar su segundo mandato, ya que en 1999 el índice subió 3,9% con relación a 1994.
En el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) la inflación anual llegó a un máximo de 81,5% en 1991. En esos años el aumento de las tarifas no acompañó el ritmo de incremento general de los precios al consumo y, por lo tanto, al final de 1995 los servicios públicos —en promedio— se abarataron 10,2% real respecto a 1989.
A lo largo de la administración de Jorge Batlle (2000-2005) el promedio de las tarifas aumentó en todos los años por sobre la inflación, tendencia que se cortó recién en 2007, ya con Tabaré Vázquez como presidente. A partir de entonces y por los siguientes 10 años, las tarifas públicas subieron menos que la inflación, siempre en promedio. Dentro de ese decenio; por entonces el enfoque de la discusión llegó a ser exactamente el inverso al actual. En 2012, por ejemplo, se planteaba la encrucijada entre seguir abaratando el costo real de los servicios públicos o atender un déficit fiscal que iba en aumento.
En 2017, si se asume que este mes habrá deflación (como en años anteriores, por efecto de la rebaja que hace UTE a buenos clientes), dicha tendencia se cortará: las tarifas habrán aumentado en torno a 2,7% real al comparar con 2016.
Para ese cálculo, Búsqueda utilizó los índices de tarifas de agua corriente (OSE), de electricidad (UTE), del servicio de telefonía fija (Antel) y de la provisión de gas incluidos en el Índice de Precios al Consumo oficial. Para los combustibles se tomaron datos que informa Ancap.
Al estimar la variación real para 2018 —descenso de apenas 0,1%— se tuvieron en cuenta, por un lado, los ajustes anunciados para cada uno de estos servicios y, por otro, la inflación proyectada por analistas económicos en la encuesta del Banco Central (6,94%).
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