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La tregua terminó. “Agradezco la cátedra que nos da el señor senador Bonomi, pero recuerdo que fue 10 años ministro del Interior y nosotros llevamos sesenta días”, dijo el ministro de Defensa, Javier García, durante una sesión de la comisión especial que analiza el proyecto de ley de urgente consideración que envío el Poder Ejecutivo al Parlamento. Ese no fue el único mensaje áspero del día.
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Después de meses de cooperación entre oficialismo y oposición para aprobar leyes que permitieran enfrentar las consecuencias de la pandemia, el Parlamento se encamina otra vez a ser una de las arenas de la confrontación política.
Los dos primeros meses de la actual legislatura fueron más productivos que los primeros 60 días del Parlamento que comenzó a funcionar durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Entre el 1° de marzo y el 30 de abril de este año, el Poder Legislativo aprobó 15 proyectos, 14 más que en el mismo período del 2015. “La actual (legislatura) muestra a un Parlamento dando respuesta a la crisis sanitaria, la anterior estaba condicionada por el impacto de la competencia hacia las elecciones departamentales de mayo”, dice un informe publicado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.
El documento, que forma parte del Programa de Estudios Parlamentarios que se realiza en convenio con el Poder Legislativo, analiza el funcionamiento del Poder Legislativo desde que se instaló el 15 de febrero.
La aparición en Uruguay de los primeros casos de Covid-19, el 13 de marzo, cambiaron la dinámica política por completo. Los partidos priorizaron el acuerdo antes que el disenso. En uno de los parlamentos más fraccionalizados de la historia uruguaya —cuatro partidos en el Senado y siete en Diputados—, los legisladores buscaron acordar reglas básicas de discusión que permitieran aprobar de manera rápida los proyectos de ley, varios de ellos para enfrentar la pandemia.
Por esa razón, en la mayoría de las sesiones no hubo grandes debates, sino que las reuniones fueron cortas y se apuntó a sancionar normas. Los largos debates fueron pocos: en Diputados cuando se votó la creación del Fondo para enfrentar el Covid-19 y en el Senado cuando se dio ingreso al proyecto de ley de urgente consideración. Además, se acordó votar de manera urgente las venias para los presidentes de los entes autónomos y servicios públicos a fin de procesar cuanto antes el cambio de autoridades.
Fueron 15 los proyectos aprobados en este tiempo, 11 de ellos ingresaron luego del 13 de marzo. Todos los proyectos de ley fueron aprobados por unanimidad. Si se compara con el mismo período de tiempo al comienzo de la anterior legislatura, se observa que la actual gestión fue “más productiva”, se dice en el informe.
El Parlamento ingresó ahora en la discusión de iniciativas más polémicas que enfrentan a oficialismo y oposición. Esto hará que cambie la dinámica, evaluó el politólogo Daniel Chasquetti, uno de los responsables del trabajo. “Estos 75 días fueron de consenso. Ahora volvemos a lo que debería haber sido el escenario si no hubiese llegado el coronavirus”, afirmó.
Además del proyecto de ley de urgente consideración, a estudio en el Senado, el Poder Legislativo deberá analizar a partir de junio la Ley Rendición de Cuentas y luego, a fines de agosto, ingresará el proyecto de presupuesto quinquenal. Estas son “tres leyes fuertes” a las que se suman algunas que también provocan división, señaló Chasquetti. “Funcionaremos como en los viejos tiempos, con mayoría del gobierno (de coalición) y minoría de oposición”, sostuvo.
Proyectos aprobados
Según detalla el informe, entre el 15 de febrero y el 30 de abril de este año se presentaron 82 proyectos de ley, 54 menos que en el período pasado. De esos 82 proyectos, 37 (el 45%) fueron retirados del archivo y 45 (55%) son nuevas iniciativas.
El 60% de los proyectos fue redactado por el Poder Ejecutivo. El 40% restante se distribuye en 19 iniciativas del Frente Amplio, 11 del Partido Nacional y 11 del Partido Colorado.
De los 15 proyectos aprobados, 11 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo dos fueron presentados por legisladores del Partido Nacional y dos por todos los partidos.
Las leyes fueron sancionadas, en promedio, en 8 días, lo que muestra el nivel de consenso al que llegaron los partidos.
El documento indica que el número de sesiones del plenario de las cámaras fue mayor en la presente legislatura, lo que “reafirma la idea de que el Parlamento respondió a la pandemia”, pero indica que el número de reuniones de las comisiones fue “absolutamente inferior”. Es que las disposiciones sanitarias basadas en la distancia social afectaron en especial a las comisiones permanentes. En Diputados se realizaron reuniones de comisiones vía Internet. Hasta el 30 de abril hubo 25 sesiones de las cámaras (14 del Senado y 11 de Diputados).
Respecto a las comisiones, se instalaron solo 6 de las 16 en el Senado, y en la cámara baja se instalaron casi todas pero debieron suspender reuniones. Las comisiones permanentes que más sesionaron fueron la de Hacienda de la Cámara de Representantes y las de Asuntos Internos y Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.
Debido a la pandemia y a que quienes tienen más de 65 años son población de riesgo, aumentó el número de pedidos de licencia. En el Senado ingresaron 19 legisladores suplentes y en la cámara baja, 21.
Cabildo Abierto, que tiene 14 legisladores (tres de ellos en el Senado) prácticamente no convocó a suplentes. Solo uno en el Senado. Quienes más suplentes utilizaron fueron el Frente Amplio y el Partido Nacional: ambos con 16, sumadas las dos cámaras.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, planteó a los demás partidos limitar el pago de las suplencias a un solo jornal, informó la semana pasada El País. Cuando el titular de la banca pide licencia pueden llegar a ingresar en el transcurso de una sesión más de un suplente y la norma establece que a cada uno se le paga el jornal. Así, por ejemplo, si ingresan tres suplentes, se pagan tres jornales.
