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La Administración Nacional de Puertos (ANP) revocó el permiso que le había dado a la empresa Montecon para construir pasarelas en elevación en los muelles públicos y pidió a la empresa que suspenda las obras. Las reformas habían generado molestia en la compañía belga Katoen Natie, su principal competidora en el mercado de los contenedores, que le había reclamado al organismo su “detención sin más trámite” (Búsqueda Nº 1.846).
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Katoen Natie es propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La multinacional belga resultó adjudicataria de ese proyecto tras presentarse a una licitación pública en el 2001. El Estado uruguayo es su socio en la terminal, ya que el restante 20% de las acciones pertenecen a la ANP.
Montecon, en tanto, es el principal operador de contenedores de los muelles públicos del puerto de Montevideo que administra la ANP. La empresa es propiedad del Grupo Schandy de Uruguay y del Grupo Ultramar de Chile.
Las dos empresas —que se reparten casi a medias el mercado de contenedores— protagonizan desde hace años frecuentes enfrentamientos, cruces de declaraciones y denuncias ante la ANP. Esas históricas tensiones se intensificaron este mes cuando Katoen Natie tomó conocimiento de que Montecon estaba construyendo “pasarelas en elevación para la instalación de tomas eléctricas para contenedores refrigerados” en las áreas públicas.
Al considerar que las pasarelas en elevación son “instalaciones fijas”, Katoen Natie presentó el 4 de diciembre un reclamo a la ANP. Además, la empresa envió copias del documento al ministro de Transporte, Víctor Rossi, al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y al embajador belga en Uruguay, Patrick Renault.
“La situación absolutamente irregular por la cual una empresa es de hecho usufructuaria de modo permanente de bienes portuarios públicos sin que se haya efectuado ningún procedimiento competitivo (…) es de extrema gravedad”, sostiene en el texto.
La compañía belga considera que la situación de Montecon, avalada por la ANP, “viola flagrantemente” la ley de puertos, sus decretos reglamentarios y otras disposiciones generales sobre administración de bienes públicos. “Nos reservamos el derecho de emprender las acciones correspondientes para que se cumplan y se hagan cumplir las leyes y decretos vigentes, cuya violación viene realizándose de modo flagrante”, finaliza el documento.
En declaraciones a Búsqueda, el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie Fernando Correa había asegurado que la carta era apenas el primer paso y que los abogados de la empresa ya estaban trabajando en las acciones siguientes.
“Va a haber acciones en el marco de la ley uruguaya, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones y alguna cosa más que se está analizando. El vaso se desbordó”, afirmó.
Resolución.
El 17 de diciembre, el mismo día en que Búsqueda dio a conocer la molestia de Katoen Natie con las obras que llevaba adelante Montecon, el presidente de la ANP, Alberto Díaz, decidió revocar el permiso que la Gerencia General del organismo había otorgado.
En la resolución, a la que accedió Búsqueda, el jerarca maneja básicamente dos argumentos. En primer lugar, afirma que el Directorio, al que “le compete” la política de gestión del organismo, está analizando la convivencia de los dos operadores de contenedores con sus “distintas modalidades” (concesión y régimen público), con el objetivo de “resolver los aspectos medulares de la relación” de las dos empresas y “brindar el debido asesoramiento al Poder Ejecutivo”.
En segundo lugar, sostiene que los informes técnicos presentados por Montecon para la obra “no son suficientes” y deben ser “ampliados” y estudiados por la ANP en el “contexto general de desarrollo” del puerto de Montevideo.
El director del Partido Nacional en la ANP, Andrés Chahnazaroff, contó a Búsqueda que el tema fue tratado en Directorio el pasado miércoles 23. Chanhazaroff coincide con la suspensión de las obras, pero por un tema de forma y no de fondo.
En su opinión, la Gerencia General “no tiene potestad” para tomar la decisión de permitir esas obras porque esa es una competencia del Directorio. Por eso, considera que la resolución “estaba viciada de nulidad”.
Chanhazaroff dijo que está estudiando el tema en profundidad y que aún no tiene una opinión formada sobre el fondo del asunto. El jerarca sostuvo también que se abren temas para analizar, como la responsabilidad de la Gerencia General y la forma de compensar a Montecon, que ya hizo inversiones importantes en las obras que se le habían autorizado.
El recurso presentado por Montecon contra la revocación de la autorización será analizado por el Departamento Jurídico, que luego informará al Directorio para que resuelva.
Depósito 20.
El permiso para las pasarelas en elevación no fue la única irregularidad denunciada por Katoen Natie. La compañía belga también apuntó semanas atrás contra la modalidad en la que hasta entonces Montecon hacía uso de un depósito.
Se trata del depósito 20, ubicado cerca del muelle C, recientemente inaugurado por el gobierno. En mayo de 2014, Montecon ganó un llamado competitivo abierto por la ANP con una oferta de U$S 52.800 mensuales.
Según Katoen Natie, como el Poder Ejecutivo aún no había aprobado la concesión, Montecon solicitó a la ANP en octubre de 2014 usar el depósito pagando la tarifa normal de almacenaje que se aplica en las áreas públicas. De esa manera pagaba cerca de U$S 30.000 menos por mes por su uso.
El pasado 22 de diciembre, el Poder Ejecutivo finalmente aprobó la adjudicación del depósito 20 a Montecon mediante una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez.
