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La mayor parte de los proyectos de ley que tuvo a estudio el Parlamento en esta legislatura fueron presentados por legisladores. Son más de dos tercios del total las iniciativas que nacieron de esa manera. El porcentaje restante, 32,5% de los proyectos, llegó al Palacio Legislativo a impulso del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a la hora de analizar las aprobaciones la estadística se invierte: el 76,6% de las propuestas que se convirtieron en ley fueron presentadas por el Ejecutivo y apenas el 23,4% tuvo como impulsores a uno o varios legisladores.
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Estos y otros datos surgen del Monitor Legislativo de la 49º Legislatura, que lleva adelante el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. La información considerada va del 15 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
El monitor tiene un indicador llamado “tasa de efectividad del Poder Ejecutivo”, que estudia cuántos de los proyectos enviados por este poder del Estado se convirtieron en ley. Ese valor registra en este período su nivel más alto de las últimas cuatro legislaturas. Además del gobierno de Luis Lacalle Pou, se incluye la comparación con las tres administraciones frenteamplistas en sus primeros dos años.
La tasa de efectividad se ubica hoy en 61,11%, superior al valor que tuvieron en el mismo período el gobierno de José Mujica (58.94%), el segundo de Tabaré Vázquez (53,09%) y el primero (53%).
Daniel Chasquetti, coordinador del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, resaltó que el alto nivel de efectividad del actual Ejecutivo muestra que en los hechos la coalición “está funcionando como si fuera un único partido y es un relojito, salvo por el evento de la ley forestal”.
Para el investigador, un factor que explica la alta efectividad es que el Poder Ejecutivo está mandando al Parlamento menos iniciativas que en legislaturas anteriores. El monitor refleja que la actual legislatura es la que menos proyectos del Poder Ejecutivo recibió. Fueron 198 proyectos mientras que la que le sigue, la correspondiente al segundo gobierno de Vázquez, en el mismo período había dado entrada a 242.
Para Chasquetti la explicación detrás de las cifras es que la coalición de gobierno tiene un programa “mínimo” que es “distinto de un programa partidario, que suele tener más prosa y enfoque ideológico”. Eso hace, según su lectura, que “todo lo que caiga afuera del programa” se retrase. Además, recordó que una parte importante del programa acordado está contenida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), mientras que otra parte es “bastante genérica y abstracta” por lo que “ponerla en marcha no es tan simple”.
De los datos del monitor también se desprende la baja cantidad de proyectos aprobados que fueron presentados por legisladores: apenas 37. De ellos, 10 lo fueron a iniciativa de legisladores de todos los partidos y nueve ingresaron firmados por senadores o diputados de varios partidos de la coalición. A su vez, siete fueron presentados por legisladores blancos, siete por colorados y cuatro por frenteamplistas.
Para Chasquetti, la coalición tarde o temprano tendrá que atender alguna de las iniciativas de Cabildo Abierto, porque de lo contrario, “la insatisfacción e incomodidad” de este partido crecerá. “Al comienzo se estaban nombrando los cargos, y luego [Guido] Manini precisó de los votos de la coalición para salvarse de la Justicia y ampararse en sus fueros, pero llega un punto en el cual las monedas se le van terminando al presidente”, dijo el analista.
Legisladores de Cabildo Abierto. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
En alza y en baja
En el segundo año de gobierno, la actual legislatura es la que menos proyectos de ley a estudio tiene de las últimas cuatro (609, y la que le sigue tuvo 696), la de menor cantidad de interpelaciones (siete), y la de menor cantidad de sesiones celebradas, tanto a nivel de los plenarios de las cámaras como de sus comisiones.
Según Chasquetti, esto último se explica por dos factores coyunturales: primero, la pandemia, que generó una reducción de movimiento en todas las áreas y a la vez limitó la agenda política. Además, a su juicio, el tratamiento de la LUC también redujo la actividad parlamentaria.
“Si se hubiese dividido en 10 leyes hubiera habido un nivel de actividad mayor”, argumentó. Para el analista, esto se enmarca en una estrategia del gobierno para “reducir al máximo los costos de transacción” en el envío de las leyes: “Cuando mandás algo empaquetado y con un mecanismo de tiempo, reducís las posibilidades de que se tranquen esas leyes”, analizó.
A diferencia de lo que ocurre con los proyectos, esta es la legislatura con más pedidos de informes de las últimas cuatro (1.820) y también la de mayor tasa de respuesta a estos recursos. La cifra alcanza a 68,13%, un valor superior en casi diez puntos porcentuales a la legislatura que le sigue, la de 2015-2020.
Chasquetti explica que con el correr de las legislaturas ha habido una evolución positiva en la tasa de respuestas, fruto de que algunos ministerios fueron creando organismos “especializados en responder”. A su vez, recordó que el Partido Nacional había criticado mucho al Frente Amplio por la falta de respuestas durante la legislatura anterior, lo que posiblemente haya influido en que ahora existan presiones desde el gobierno para un mayor porcentaje de respuestas.
La contestación a estos pedidos de informes varía según el partido del legislador que elaboró el pedido. La tasa de respuestas a legisladores colorados es la más alta y asciende a 77,08%. Entre los nacionalistas, desciende a 70,6%, y en los legisladores cabildantes baja aún más, a 66,4%. En la oposición la tasa es todavía menor: el Frente Amplio, el partido que por lejos realizó más pedidos de informes, recibió respuesta en el 65,8% de los recursos cursados. El ministerio más solicitado fue el de Salud Pública, y los que menor tasa de respuesta tuvieron fueron las carteras de Interior (30%) y Ambiente (33,8%).