En su nota a Rippe, la presidenta de la CND argumentó que el estudio del TCR sobre los préstamos a MyS “debe ser realizado guardando las mayores garantías para todos los involucrados”.
“Nos permitimos sugerirles que el trabajo de referencia sea realizado por el Departamento que por su cometido debe ser el que cuente con la mayor especialización y experiencia en el manejo de temas de alto impacto y trascendencia pública”, escribió Rodríguez.
Agregó otro dato sorpresivo: dijo que “asesores directos de directores de la firma Metzen y Sena SA son funcionarios de carrera” del TCR, y por eso insistió con que “la consideración del proceso por expertos en el manejo de tema de alta trascendencia pública brindará mayores seguridades a todos los involucrados, incluyendo los propios funcionarios del Tribunal”.
Rodríguez finalizó su carta señalando que con ella no pretendía “en forma alguna tener la menor injerencia en temas de manejo interno” del TCR, pero repitió nuevamente su deseo de que “se tome en cuenta la solicitud realizada en la presente, encargando la realización del trabajo de referencia al Departamento 6 del Tribunal”.
“Improcedente”.
La aclaración de Rodríguez en cuanto a que no buscaba entrometerse en “temas de manejo interno” del TCR no fue suficiente para sus siete ministros, que con los votos de todos, le respondieron rechazando de plano su planteo.
El 4 de mayo, en una carta firmada por el presidente Rippe y dirigida a la titular de la CND, el TCR contestó que “la unanimidad” de los ministros “se pronunciaron por la desestimación liminar” de la solicitud de Rodríguez.
Según el TCR, el planteo de la presidenta de la CND “se introduce de manera que se considera improcedente en una cuestión de competencia propia y exclusiva del Tribunal, que es el único que en el marco de su total y completa independencia institucional, administrativa, funcional y técnica está habilitado a determinar por sí la forma, modo y oportunidad de realización de sus cometidos y funciones constitucionales y legales, sin que corresponda ninguna injerencia extraña al mismo”.
“No resulta pertinente y por ende resulta rechazable que el organismo auditado pretenda establecer condiciones al organismo auditor respecto del desarrollo de las tareas propias de este”, dice la respuesta del TCR.
Rippe advirtió a Rodríguez, asimismo, que una solicitud como la formulada por ella “no registra antecedentes en este Tribunal”.
Incluso, el TCR aclaró a la presidenta de la CND que el Departamento 6 —pedido por ella para auditar los negocios con MyS— “no tiene actualmente la misión que usted le asigna en su nota de referencia”.
En cambio, agregó, “el Departamento 4, que es el que realiza las tareas de auditoría y evaluación de la institución que usted preside, es el que tiene justamente los cometidos específicos y la experiencia profesional necesarias para realizar esas tareas en organismos de las características de la Corporación”.
El presidente del TCR dijo, además, que “ningún funcionario del Tribunal, hasta donde le consta a este, que pueda estar de alguna manera vinculado directa o indirectamente en su actividad privada con alguna persona, entidad o asunto que resulten relacionados con el objeto y alcance de los trabajos que realiza aquel, tiene injerencia alguna en el desempeño de los mismos, como tampoco sucede en el caso”.
La carta de Rippe finaliza de modo contundente: “Este Tribunal entiende que no corresponde acceder a su solicitud o sugerencia y que, por el contrario, corresponde desestimar la misma en todos sus términos, tanto formales como sustantivos”.
“Rebotan contra la pared”.
El intercambio de notas entre los presidentes de la CND y del TCR se produjo meses después de que el organismo de contralor del Estado resolviera, en la primera semana de noviembre de 2011, auditar los créditos que la Corporación concedió a MyS durante el segundo semestre de 2009.
Fuentes políticas dijeron a Búsqueda que desde entonces y hasta ahora, casi todos los intentos de los inspectores del Tribunal por acceder a información sobre ese tema “rebotan contra la pared” en la CND, y prácticamente no han conseguido que esta institución acceda a reiteradas solicitudes de documentación. “Luego de fracasar una y otra vez, llega este extraño planteo de la presidenta. Parecería que se trata de ocultar algo”, expresaron.
La decisión del TCR se produjo luego de que Búsqueda publicara el 27 de octubre un resumen de la auditoría que al respecto llevó adelante la propia CND. Los funcionarios de la CND constataron un conjunto de irregularidades en el proceso de concesión de créditos a MyS.
De acuerdo con las propias reglas internas de la CND, para contratar con un particular esta institución está obligada a hacer una carpeta y pedir a los potenciales clientes información sobre los proyectos de inversión, estados contables, estado de responsabilidad de los representantes legales, referencias comerciales y bancarias, detalle sobre las garantías que ofrecen, exhibición de libros de la empresa, posición financiera del involucrado en el sistema bancario y documentación que acredite que está al día ante los organismos fiscales.
“Los elementos antes detallados no se encuentran en la institución (la CND) y se nos explica por los diferentes departamentos involucrados que no se llevaron a cabo los controles correspondientes por haber recibido instrucciones precisas del Directorio en el sentido de acceder al otorgamiento del crédito”, informó la auditoría de la CND.
El documento agregó que en julio de 2009, cuando comenzaron los 26 pagos a MyS que totalizarían U$S 4.497.870, los dos directores de la empresa beneficiada y la propia compañía como tal se encontraban embargados. Uno de los directores de la empresa, Alejandro Barreto, ya tenía sobre sus espaldas un embargo genérico “solicitado e inscripto por la propia CND en el año 2001 y reinscripto en el año 2006 por no pago de adeudos a la institución, como consecuencia de otros créditos oportunamente entregados por la CND”.
Además, los auditores de la CND pudieron saber que “en varias actas de Directorio de la CND se hace referencia a haber recibido instrucciones del Poder Ejecutivo para el otorgamiento de un crédito por U$S 4.000.000 a MyS”.
Cuando se concretó la operación, los directores de la CND eran Martín Dibarboure (presidente), Juan Arturo Echevarría y Tomás Alonzo. Dibarboure se fue en agosto de 2009 y Echevarría asumió la Presidencia hasta mayo de 2010.
El 27 de setiembre de 2009, cuando los desembolsos para MyS estaban en pleno desarrollo, el abogado Alejandro Hernández Maestroni, contratado por la CND para seguir el caso, advirtió a Echevarría, al gerente general de la CND, Alejandro García Otegui, y a la abogada María Laura Sotelo, respecto a los embargos que pesaban sobre Barreto y sugirió “no seguir avanzando en operaciones con personas mal reputadas por la Corporación”.
Pese a esa y otras advertencias, la CND continuó enviando dinero a MyS. La contadora Beatriz Moratorio, gerente financiera de la CND, relató a los auditores que su Departamento “no realizó ningún análisis ni seguimiento de la empresa por recibir órdenes del Directorio en cuanto a dar trámite a los desembolsos”.
“Estaba complicada”.
Luego de haberse difundido esta información, además de la decisión del TCR de ocuparse del asunto, también lo hizo la Justicia, que pidió a la CND el documento reseñado en el artículo periodístico. El informe ya fue agregado al expediente, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
El 31 de octubre de 2011, Dibarboure —ex presidente de la CND— declaró en el diario “El País” que “de ilegal este préstamo no tiene nada”.
“A partir de una instrucción del Poder Ejecutivo se hizo un préstamo para la asistencia a una unidad productiva que estaba complicada”, precisó.
A su vez, en radio Sarandí, Echevarría había dicho cuatro días antes (el mismo día que Búsqueda publicó la noticia) que en los préstamos a MyS “puede ser que exista alguna cosa que no estuvo 100% ajustada a Derecho”.
“Lo que yo puedo afirmar —agregó— es que buscamos de todas maneras tratar de salvar una fuente de trabajo, que lo hicimos muy pensadamente, que actuamos con absoluta diligencia para tratar de hacer lo mejor”.
El 2 de noviembre, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que la CND concretó “sucesivos aportes a la empresa en un período que se corresponde completamente con la campaña electoral” de 2009. “Lo más curioso es que la conducta impropia de la CND se mantiene hasta fines de noviembre (de 2009) y, apenas tres días después de la realización de la segunda vuelta presidencial, el Estado da el paso judicial necesario para terminar con la situación insostenible de la empresa. Una sorprendente casualidad”, señaló (Búsqueda, N° 1.635).
A mediados de diciembre pasado, la fiscal Mónica Ferrero solicitó el procesamiento con prisión del accionista mayoritario de MyS, Alejandro Barreto, por los delitos de “defraudación tributaria”, “libramiento de cheques sin fondo” y “estafa”.
La fiscal Ferrero consideró, asimismo, que la CND no puede alegar que fue estafada —como lo denunció— porque no actuó con la diligencia debida a la hora de otorgar los préstamos.
