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    Tribunal dijo que Ancap actuó con “desviación y abuso de poder” para beneficiar con contratos a una empresa privada

    Mientras la Justicia especializada en Crimen Organizado investiga si hubo irregularidades en los contratos que hizo Ancap con la Armada y con una empresa privada para transportar combustible, un Tribunal de Apelaciones civil emitió una dura sentencia en contra de la petrolera por su actuación en esos hechos.

    De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones de 7º turno, que confirmó por unanimidad una condena de primera instancia del juez Gabriel Ohanián, Ancap actuó con “desviación y abuso de poder” para beneficiar a una empresa. Además, los ministros decidieron cargar a la petrolera con los “costos y costas” de la segunda instancia del juicio por su “actuar malicioso”, ya que apeló la condena “a sabiendas de su sinrazón”.

    La sentencia, firmada en junio por los ministros Edgardo Ettlin, Beatriz Tommasino y Cristina Cabrera, confirmó que Ancap deberá indemnizar con US$ 320.000 a la empresa Kios por “daños y perjuicios”.

    El 7 de agosto, Telenoche publicó un artículo sobre la investigación que está en curso en la sede de Crimen Organizado y mencionó que un tribunal había considerado que Ancap actuó con “abuso de poder”.

    Los hechos denunciados comenzaron cuando en abril de 2010 Ancap hizo un llamado para contratar un remolcador para empujar barcazas de transporte de combustible. Las contrataciones se harían hasta que estuviera operativo el remolcador Ky Chororo que construyó la Armada en convenio con Ancap. A los llamados se presentaron dos empresas: Kios y Nautimill. Todos fueron ganados por Nautimill. En tres ocasiones la razón fue que presentó el precio más bajo. En el cuarto llamado, pese a que la oferta más económica fue de Kios, volvió a ganar Nautimill, porque Ancap modificó el pliego y otorgó puntos extras a la empresa que tuviera más experiencia.

    A raíz de eso, Kios presentó dos acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Ancap quiso evitar el litigio y ofreció una transacción a Kios: la contrataría en forma directa para transportar combustibles por US$ 500.000 si desistía de los juicios. Pero luego de acordar esa solución, Ancap no cumplió el contrato con Kios y volvió a adquirir los servicios de Nautimill. La empresa entonces decidió presentar una demanda contra Ancap en la Justicia civil y exigió una indemnización de US$ 320.000 por “daños y perjuicios”.

    En octubre del año pasado, Ohanián falló a favor del reclamo, porque consideró que Ancap no actuó de “buena fe” (Búsqueda Nº 1.889).

    Los ministros del tribunal coincidieron con el juez. Según expresaron en la sentencia, de acuerdo con el artículo 1.291 del Código Civil los contratos deben cumplirse respetando el principio de la “buena fe”, y la administración pública no escapa a esa obligación.

    Ancap, no obstante, “a través de sus funcionarios dependientes, que tuvieron directa injerencia en los hechos, actuó con desviación y abuso de poder, utilizando subterfugios para eliminar la contratación que le unía a Kios S.A. y en su lugar otorgarla a una firma competidora, con premura injustificada de acuerdo con la prueba aportada, incurriendo en incumplimiento contractual y en responsabilidad patrimonial”, sostuvieron.

    El principal punto de discordia se dio en torno a la medición del calado del barco de Kios, ya que los funcionarios de Ancap argumentaron que dicha medida sobrepasaba el máximo aceptado (2,50), y usaron ese argumento para incumplir lo acordado y contratar a Nautimill. Kios, en cambio, sostenía que el buque tenía un calado de 2,492.

    La medición solicitada por los ingenieros de Ancap, Eduardo Goldsztejn­ y Ricardo Lemez, al Grupo de Buceo de la Armada, tuvo varios problemas, entre ellos, que no se hizo en presencia de Kios, y que las condiciones climáticas no permitían tomar las medidas de manera adecuada, según les advirtió el propio jefe de la Unidad de Buceo, el capitán de Navío Alfredo Arijón (hoy retirado).

    Arijón declaró en la Justicia que la medida realizada fue un “mamarracho”.

    La medición del calado “constituye un verdadero hito en la ocurrencia de los hechos debatidos”, afirmaron los ministros. “En estricto rigor, esta medición aparece como un acto descolgado, cumplido subrepticiamente, fuera de los cánones de la buena fe que debe imperar en el cumplimiento de los contratos, y que la Administración Pública debe respetar al igual que los particulares”, escribieron.

    Según el fallo, “Ancap estaba obligada, al menos, a notificar a Kios el día y hora de su realización, a fin de que pudiera comparecer y controlar dicha operación. Máxime cuando de este acto se derivaron luego las graves consecuencias anotadas”.

    Además, el mismo día que se realizó la medición que supuestamente arrojó un calado mayor al permitido, e incluso antes de que se notificara formalmente a los representantes de Kios, se presentó Nautimill en Ancap solicitando que se le otorgaran los traslados que se le habían negado a su competidora.

    La semana pasada, el fiscal que investiga el caso en Crimen Organizado, Luis Pacheco, le preguntó a Lemez, que fue citado a declarar como indagado, sobre ese punto: “¿Sabe de qué forma se enteró Nautimill de la medición del 7 de enero, ya que se presentó el mismo día ante Ancap reclamando que se le adjudique a ella el transporte?”.

    “No sé”, respondió Lemez, quien a continuación negó tener algún vínculo con Nautimill.

    En la sentencia del tribunal, los ministros decidieron “imponer a la apelante Ancap la condena en las costas y costos de esta instancia, por actuar malicioso a sabiendas de su sinrazón, consistente en la acendrada defensa de una conducta que resulta reñida con las reglas de la buena fe que deben presidir el accionar de la Administración”.

    Diferencias acústicas.

    La contratación de Nautimill es uno de los hechos que denunciaron los partidos de la oposición en Crimen Organizado. Las denuncias también incluyen el contrato que en 2009 firmaron Ancap y la Armada para la construcción de dos barcazas y un remolcador, que generó gastos millonarios y atrasos de años en su puesta en marcha debido a diferencias entre ambos organismos estatales.

    La semana pasada concurrieron a declarar a la sede de Crimen Organizado el comandante en jefe de la Armada, el almirante Leonardo Alonso, en calidad de testigo, y en calidad de indagados el gerente de Logística de Ancap, Eduardo Lurner, el jefe de Operaciones Marítimas, Lemez, el jefe de Mantenimiento Naval de Ancap, Goldsztejn­, Ruben Varela, de la firma Nautimill, y el director de Kios, Fernando Capurro.

    De acuerdo con las actas de los interrogatorios, a las que accedió Búsqueda, una de las principales discrepancias que ocasionaron problemas en el cumplimiento del contrato entre la Armada y Ancap fueron los niveles de ruido del buque Ky Chororó.

    Según declaró Alonso, en diciembre de 2013 el buque estaba pronto para operar, pero para Ancap no cumplía con varias exigencias, entre ellas, el nivel de insonorización solicitado.

    Para Alonso, lo que pedía la petrolera se basaba en una norma que “no era aplicable a los buques de esas características”. De todas formas, la Armada hizo reformas para bajar el nivel de ruido del buque, pero no consiguió colmar las expectativas del ente: “Manifestaron que debían bajarse aún más, ajustados a una norma que no existía”.

    Ante el diferendo, se pidió asesoramiento a la Dirección Registral de la Marina Mercante que depende de la Prefectura Naval “a fin de que se expidiera en cuanto a cuál era su visión técnica”, relató Alonso. “Y esta resultó ser que la norma que se pedía que se aplicara era para buques de 1.600 toneladas cuando este era de 390, por lo cual no era de aplicación lo que se estaba planteando”, explicó el almirante.

    “Pese a eso se continuó con la insistencia de mejorar el nivel de ruidos, por lo cual se debió encarar la compra de panelería importada de Corea y se contrató a RN Consultores para que asesoraran y dirigieran las modificaciones planteadas”.

    La contratación de la consultora argentina RN también levantó sospechas en los partidos de la oposición, que incluyeron ese hecho entre las denuncias.

    Mientras el buque no daba la talla respecto a los niveles de ruido que exigía Ancap, la petrolera contrató los servicios de Nautimill. No obstante, según Alonso, el buque arrendado tampoco cumplía con los estándares de ruido exigidos por Ancap. “No debe haber ningún buque en el país que cumpla con esa norma”, afirmó al ser consultado por el tema.

    La versión que dieron los funcionarios de Ancap en la Justicia fue diferente. Lurner sostuvo que “la insonorización era clave para el buen funcionamiento del barco”.

    Según Lemez, el buque tenía “faltantes y defectos de construcción, llamativos y alarmantes”, entre los cuales el “más importante era que el barco no tenía aislación térmica y acústica, cosa exigida a nivel internacional”.

    El ingeniero fue interrogado sobre si los barcos que Ancap alquiló a Nautimill cumplían con los niveles de ruido exigidos al buque de la Armada. “No se especificaba”, respondió. “La construcción del Ky Chororo era un barco nuevo y se pensaba en la normativa internacional, que a la corta o larga, se iba a imponer en Uruguay”, explicó.

    “¿El diferendo por el tema acústico entre Ancap y la Armada, cuánto demoró para que se solucionara?”, le interrogaron. Lemez respondió que en enero de 2015 aún no estaba solucionado.

    Según el acuerdo de 2009, los barcos serían entregados en un plazo de 15 meses, a un costo de unos US$ 12 millones. Sin embargo, la primera de las barcazas se entregó a fines de 2010, la segunda a mediados de 2011, y el buque, debido a las discrepancias sobre la obra, comenzó a funcionar recién a fines de 2015, según se informó en la Justicia.

    Información Nacional
    2017-08-17T00:00:00