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Bajo el argumento de que viola el derecho a la intimidad y privacidad, y de que Uruguay cede a presiones internacionales, expertos en temas tributarios cuestionaron la decisión del gobierno de comprometerse a levantar automáticamente el secreto bancario a partir de 2017 para que oficinas recaudadoras de otros países puedan perseguir a supuestos evasores.
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En un evento convocado por la Cámara de Zonas Francas, el director del estudio Posadas, Posadas & Vecino, Ignacio De Posadas, Juan Bonet, de Guyer & Regules, y el catedrático de la Universidad ORT Alberto Varela, coincidieron en que el acuerdo tiene vetas de “anticonstitucionalidad”.
“Vayan preparando las cañas porque va a ser una fishing expedition” (expedición de pesca), dijo De Posadas, refiriéndose a la posibilidad de que se pida información sin tener una sospecha concreta sobre actividades ilícitas de las personas. “Nos estamos malacostumbrando a que un representante del Ejecutivo diga que ahora hay que adaptar normas. El Parlamento no fue ni consultado, ni siquiera informado”, agregó ese abogado y ex ministro de Economía del último gobierno blanco.
A mediados de año, en Berlín, Uruguay se comprometió ante la OCDE a adherir a protocolos para la cesión automática de información tributaria. Para esto se deberá aprobar un proyecto de ley que habilite a que la información fluya con los países que también tienen firmados este tipo de convenios. El acuerdo, sin embargo, no afecta a argentinos ni brasileños, ya que para esos casos el intercambio de datos está enmarcado en tratados bilaterales.
“Uno puede pensar que el secreto bancario es una suerte de privilegio a favor de los bancos. Pero lo que está en juego es una concreción práctica de un derecho consagrado por la Constitución: el derecho a la intimidad. No se trata de un privilegio, ni de opacidad”, opinó De Posadas.
Y aludiendo a la Dirección General Impositiva, advirtió: “Y paremos la oreja porque el paso siguiente es el crecimiento todavía mayor del Gran Hermano local”.
“Ola ineludible”.
“Uruguay puede aplicar sus matices partiendo de un presupuesto fundamental que es: no demonicemos a la OCDE pero tampoco la idolatremos. Uruguay puede aplicar una política conveniente y en la medida de sus posibilidades. Yo quiero decir que se adopta el intercambio automático por las razones correctas”, estimó, por su parte, Bonet.
Señaló que “nada garantiza” que la información solicitada tenga fines fiscales.
“Si un cliente me pregunta si el intercambio automático de información propende a la protección de derechos, voy a contestar que no. No digo que no sea la intención del gobierno, pero no vemos cómo puede proteger en la totalidad esos derechos. En un intercambio con previo requerimiento (de un juez), el administrado puede controlar la pertinencia del intercambio” de datos, alegó.
Al igual que Bonet, Varela coincidió en que las normas tendientes a permitir un mayor intercambio de información fiscal entre los países “es una ola que se viene, ineludible”. Pero señaló que “hay que acompañar sin entusiasmo y sin fanatismo”. Y graficó: “Esto es como la Vuelta Ciclista: uno no tiene que querer estar en el pelotón de los rezagados ni en el que va adelante. Tiene que estar en el medio, observando. Lo que propongo es imitar a los mejores de la clase: Suiza, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Ecuador”.
“El banco va a ser un detective privado, que debe investigar a sus propios clientes al servicio de fiscos extranjeros. Esto no está destinado a confirmar que no se obtuvo el dinero por actividades ilícitas, sino que está dirigido a averiguar cuál sería su residencia tributaria”, dijo el catedrático de la ORT.
Leonardo Costa, profesor de la Universidad Católica que actuó como moderador, afirmó al cierre del evento que “es ineludible” que Uruguay participe del intercambio de información. Pero planteó: “Si todos estos embates tributarios internacionales no van acompañados de mínimas garantías en los códigos tributarios, que el nuestro no las da, estamos en el peor de los mundos”.
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