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El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) elaboró un proyecto de decreto con modificaciones del mercado mayorista de electricidad, para que haya una mayor competencia y que lleguen nuevos inversores. La cartera había enviado a los actores implicados el documento, que tenían plazo para dar sus opiniones hasta el lunes 5. Ese día llegó la respuesta de UTE, con cuestionamientos a la propuesta.
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En el decreto, el MIEM crea un mecanismo para reconocer un porcentaje de firmeza de las energías renovables. Esto permitiría eliminar una “barrera de entrada” para las inversiones, explicó el ministro de Energía, Omar Paganini, en una charla con periodistas semanas atrás.
A UTE la redacción relativa al “aporte de las centrales hidráulicas” le genera “dudas”, explicó en la respuesta que le envió a la Dirección Nacional de Energía, y a la que accedió Búsqueda.
También solicitó un “estudio económico de escenarios” con los impactos de estos cambios para todos los involucrados, y en especial para la propia empresa pública.
Además, pidió que se incluya en el decreto un “cargo de transición”. Si la propuesta no tiene este cambio, se reducirían “los ingresos de UTE sin una contrapartida en la disminución de sus egresos”, señaló. “Esto presiona su programa económico financiero y se verá reflejado en un aumento de las tarifas de los clientes regulados”, advirtió en el texto que está firmado por el gerente general, Javier San Cristóbal.
Habrá una “transferencia económica” desde los clientes regulados de UTE a los libres, un modelo de contrato que les permite a los grandes clientes negociar un menor precio de la energía. Estos últimos son los actores que “tienen las tarifas más competitivas”.
“De confirmarse ese incremento en las tarifas reguladas, la señal económica para pasar a ser clientes libres será cada vez de mayor importancia, lo cual implicaría un espiral de efectos negativos”, añadió UTE.
Para la directora del ente por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, los “perjudicados” con este decreto son la empresa pública y “toda la ciudadanía”, declaró a Búsqueda. Consideró que se otorga un “beneficio a un sector de la sociedad en directo detrimento de la mayoría”.
La jerarca cuestionó la fundamentación técnica de la propuesta, que juzgó como “alarmante”. Según ella, el único fin que tiene al decreto es el de “bajar el precio” que pagan los grandes consumidores e interpreta que se hace una “aprobación de los impactos positivos” generados con el cambio de la matriz eléctrica.