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La relación comenzó de la peor manera posible. Cuando Uber desembarcó en la capital uruguaya a fines del 2015 sin autorización, las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) consideraron que su actividad era “ilegal” y que la empresa estaba pasando por arriba del gobierno departamental, que es el encargado de regular el servicio de transporte público.
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En esa oportunidad, el intendente Daniel Martínez calificó a la compañía que ofrece conectar a choferes que poseen autos particulares con clientes de “poco seria”.
Hace unos meses, luego de un largo proceso, se terminó por aprobar una reglamentación que plantea ciertas exigencias y que permite a Uber y a empresas similares —tales como Cabify e EasyGo— operar bajo un marco legal. La compañía, sin embargo, sigue sin cumplir con los requisitos planteados, por lo que las autoridades volverán a fiscalizar a los choferes y a aplicar las multas correspondientes, dijeron a Búsqueda fuentes de la IMM.
El edil presidente de la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental, Martín Nessi, fue claro al respecto. “Uber veía que no había una norma laboral que contemplara su forma de trabajo. Ahora hay una norma y les toca cumplir con su parte. Y en el caso de que no cumplan se van a aplicar las sanciones correspondientes. Si trabajan ilegalmente hay que aplicar la normativa”, dijo el representante departamental del Frente Amplio en diálogo con Búsqueda.
Es que las autoridades opinan que Uber está manteniendo la misma postura que mostró en un principio, cuando comenzó a operar en la capital sin autorización y con una actitud no demasiado colaborativa. El único momento en el que la empresa realizó un cambio fue cuando el gobierno decidió que, en lugar de combatirla mediante multas —una tarea en la que no tuvo demasiado éxito—, iba a regular su actividad. En ese entonces los representantes de Uber se mostraron abiertos a dialogar sobre el alcance y el contenido de la nueva regulación que las autoridades se disponían a diseñar.
Uno de los objetivos de Uber era el de conseguir que la normativa se adaptara al tipo de servicio que ofrecían para legitimarlos como una opción más dentro de la oferta de servicio de transporte capitalino.
Finalmente, aunque con algunos elementos que en su momento fueron cuestionados por la empresa, a fines de 2016 la Junta Departamental aprobó el nuevo decreto para regular las nuevas plataformas. Entre varios aspectos, el texto incluyó que las empresas deben pagar un canon de 0,45 unidades indexadas por cada kilómetro recorrido desde que se inicia hasta que finaliza el viaje.
A comienzos del 2017 la comuna dio sus primeros pasos en reglamentar el nuevo decreto y creó un registro para que las empresas se anotaran y empezaran a pagar el canon correspondiente. Cabify e EasyGo, las otras dos compañías del rubro que operan en Uruguay, ya realizaron los trámites correspondientes. Solo resta Uber. Sin embargo, todavía no se ha anotado, lo que genera “malestar” dentro de la IMM, dijeron a Búsqueda varias fuentes del gobierno departamental.
Las autoridades cuestionan el hecho de que la compañía haya exigido una reglamentación para regular sus actividades y que, luego de que se aprobara, continuaran operando por fuera de la normativa. Si no cumplen con lo exigido, comentaron fuentes del ejecutivo de la IMM, comenzará nuevamente la aplicación de multas.
El artículo 12 establece que, ante el “incumplimiento a las disposiciones”, para el caso de los permisarios o conductores, se prevén multas e incluso la “suspensión y/o baja definitiva” del Registro que los habilita a brindar ese servicio. En caso de que el incumplimiento provenga del titular u operador de la plataforma electrónica, que es la que pagará el canon, se podrá suspender la plataforma por “hasta dos años” o incluso de forma “definitiva”.
Aunque no establecieron una fecha en la que comenzarían a multar y a aplicar sanciones a Uber, si esta sigue sin anotarse al registro, las fuentes comentaron que el mes de febrero es una fecha “clave”. De hecho, esta semana los jerarcas hicieron una modificación a la nueva reglamentación que puede ser leído como un llamado de atención. El cambio indica que el depósito del canon exigido deberá realizarse “antes del día veinte de cada mes” y que “las cantidades declaradas y depositadas serán controladas por esta Intendencia y el certificado no será cancelatorio de eventuales adeudos”.
Hay otros aspectos que establece la reglamentación que todavía quedarán en suspenso. El artículo que exige que los vehículos no puedan tener una antigüedad mayor a seis años, por ejemplo, todavía no va a ser fiscalizado por parte de las autoridades.
Negociación.
Uber, que tiene sede en San Francisco y el año pasado fue valuada en U$S 62.500 millones, también suele cambiar sus cargos jerárquicos con bastante frecuencia.
El gerente general de la compañía en Uruguay, Iván French, se desvinculó de la empresa hace pocas semanas y será sustituido por el argentino Martín Mazza, que trabaja hace un año para la compañía en Argentina, donde ejerció el cargo de gerente de expansión de la plataforma.
Fuentes de Uber, en tanto, dijeron a Búsqueda que están en el “proceso” de registrarse y ajustar su actividad a las exigencias de la normativa.
Por otro lado, Uber también mantiene una relación algo tensa con los choferes que usan la aplicación y ha cortado el diálogo con la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA). La gremial, que nuclea a los trabajadores del rubro, quiere negociar algunos aspectos con la empresa, pero en las últimas semanas no tuvo respuestas por parte de sus representantes.
Lo que busca ACUA es tener un ámbito de negociación colectivo y firmar un acuerdo por el cual se protejan los intereses de los conductores y que, a su vez, la empresa obtenga ciertas certezas jurídicas. Dentro de los objetivos de los choferes está el de establecer con mayor claridad las condiciones de prestación de los servicios y que la compañía otorgue más información sobre las reglas de juego (Búsqueda Nº 1.902).
Los gastos en que tienen que incurrir los choferes, tales como el pago de los seguros del auto, es otro de los temas de preocupación que quieren discutir.
Mientras tanto, representantes de la empresa están negociando con el Ministerio de Economía aspectos vinculados a su actividad. Fuentes cercanas al tema explicaron a Búsqueda que Uber discrepa con algunas de las exigencias que quiere imponer el Poder Ejecutivo, como, por ejemplo, la cantidad de información que deberá brindar sobre sus choferes o el tipo de tributo que deberá pagar.
