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La estabilidad institucional de Uruguay es uno de los puntos que los ejecutivos bancarios de la plaza local suelen recordar ante sus casas matrices. Ese fue, por ejemplo, el puntal de lanza durante la crisis de 2002 para lograr convencer a sus superiores de mantener el negocio en el país. Ese argumento se ha mantenido con el Frente Amplio en el poder. Hoy, de hecho, las elecciones de este año no están en el centro de su preocupación, aunque igual se mantienen informados sobre lo que piensan y proponen los precandidatos.
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A mediados de marzo, José Antonio Álvarez, el actual vicepresidente del grupo español Santander y presidente ejecutivo del banco en España, hizo una parada de un día en Montevideo, antes de seguir con la visita que tenía pautada en Argentina. Hasta mediados de 2018, ese economista se desempeñaba como consejero delegado del grupo (presidido desde 2014 por Ana Botín) y en ese cargo ya había visitado Uruguay. Este año aprovechó para volver en lo que fue una escala rápida: llegó a las ocho de la mañana y partió a las siete de la tarde.
En esas horas tuvo reuniones con los empleados de la filial local (que este año cambió de gerente general) y con autoridades del Banco Central. Además, se entrevistó con dos precandidatos: el frenteamplista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou, confirmaron a Búsqueda varias fuentes. Los encuentros fueron pautados bajo el entendido de que estos dos políticos lideran las encuestas de intención de voto.
Según señalaron los informantes, Álvarez se quedó con una sensación “muy positiva” de las reuniones, en las que los políticos expusieron sus propuestas para el país; la charla no se centró solo en temas económicos. Una de las fuentes indicó que advirtió diferencias entre ambos candidatos —que consideró “natural” que existan— y reforzó su opinión con respecto a la “estabilidad” política de Uruguay.
Las fuentes consultadas por Búsqueda insistieron en que las reuniones que sostuvo Álvarez no fueron motivadas por una inquietud con respecto al resultado electoral. Más bien, explicaron, se le ofreció la oportunidad de conocer de primera mano las propuestas que podrían guiar al país.
Además de dos bancos públicos, el sistema uruguayo está compuesto por nueve privados, la mayoría vinculados a grupos financieros internacionales. En general, se manejan con informes económicos y del contexto político propios –que usualmente se realizan por economistas situados fuera del país—. Diálogos directos con dirigentes políticos, sin embargo, son más raros.