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Un compás de espera de un año o año y medio. Ese es el plazo que dieron las tres principales calificadoras de riesgo al gobierno para que encauce los problemas macroeconómicos —en particular el fiscal— antes de rever si se justifica o no mantener la nota asignada a la deuda pública uruguaya dentro de un rango que se considera libre de peligro de impago o investment grade.
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Las autoridades económicas tienen claro que la nota está en la cuerda floja y que será necesario mostrar mejoras concretas en los números fiscales en los próximos meses para poder conservar el investment grade, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Retenerlo permitiría diferenciarse de países vecinos —que enfrentan mayores dificultades económicas y políticas y son considerados más riesgosos— y seguir accediendo a financiamiento relativamente abundante y a bajo costo.
El miércoles 22, Moody’s Investors Service ratificó en “Baa2” las calificaciones de bonos en moneda local y extranjera del gobierno uruguayo —dentro de la categoría investment grade— pero le bajó la perspectiva de “estable” a “negativa”. Ese concepto sugiere la tendencia que puede seguir la nota a mediano plazo.
La agencia explicó que el deterioro de la perspectiva obedece a dos factores. Primero, a que las medidas de “consolidación fiscal” anunciadas que tienen como objetivo bajar el déficit fiscal en 1% del Producto Bruto Interno (PBI) —principalmente a través de aumento en los ingresos— “serán puestas a prueba ante el contexto de debilidad macroeconómica”. Segundo, debido a “los riesgos a la baja derivados de efectos regionales mayores a los esperados y la rigidez estructural del gasto”.
El déficit anual en las cuentas públicas se ubicó en los últimos meses en torno a los U$S 2.000 millones, es decir aproximadamente 4% del PBI. Las cifras a mayo serán informadas hoy jueves 30 por el Ministerio de Economía.
Moody’s mencionó como “fortalezas” de Uruguay las “moderadas necesidades de financiamiento del gobierno y un favorable perfil de madurez de la deuda, amplios colchones financieros, sólido marco institucional y firme compromiso en mejorar el deterioro de los indicadores” de su endeudamiento. Las debilidades son la proporción relativamente alta de la deuda en moneda extranjera, el elevado grado de dolarización financiera en el sistema bancario y la persistente alta inflación “que resta valor a la credibilidad política”, señaló la agencia en su comunicado.
La calificadora evaluará en los próximos 12 a 18 meses los “progresos realizados en materia de consolidación fiscal ante los riesgos de implementación que la misma conlleva dadas las débiles perspectivas de crecimiento económico”.
En línea con la nueva perspectiva asignada a la nota soberana, Moody’s puso también en “negativa” la calificación en escala internacional de los bancos públicos República, Hipotecario, de Seguros del Estado, así como de Citibank.
A comienzos de junio también Standard & Poor’s le había mantenido la nota a la deuda soberana uruguaya (en “BBB”) pero le puso una perspectiva “negativa”.
Antes, en marzo, Fitch Ratings ratificó la calificación “BBB–”, la única de las tres principales agencias evaluadoras de riesgo crediticio que le dejó la perspectiva “estable”. De no lograrse estabilizar la trayectoria creciente de la deuda pública, Fitch podía tomar una “acción negativa”, ya que su nivel es elevado en comparación con otros países con similar evaluación, dijo a Búsqueda una fuente de la agencia.
Las autoridades económicas confían en que el gobierno podrá mostrar ya en 2017 algunos números algo más positivos, tanto fiscales como de inflación, señaló un jerarca. Parte de la apuesta es que se logren mejoras en la gestión de las empresas públicas, y que, por otro lado, den resultado los ahorros de gastos junto con los cambios tributarios. Algunas de esas medidas están contenidas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el martes 28 defendió el equipo económico en la comisión parlamentaria que inició su estudio (ver nota aparte). De aplicarse las medidas de ajuste, el desequilibrio se reducirá a 2,5% en 2019, pero ya antes, desde 2018, se estabilizará la relación entre la deuda pública neta y el Producto.
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