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Cada persona que participa del programa de acogimiento familiar debe firmar un contrato en el que acepta que el convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no genera una relación funcional o laboral con el Estado. De esta manera, el INAU busca evitarse juicios como los que ya ocurrieron con familias que recibían a niños de manera temporal.
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Pero a veces surgen otro tipo de problemas en este tipo de programas. A comienzos de este año Cecilia Acevedo, una mujer que tenía a su cargo a una niña menor de tres años en el marco del programa Familia Amiga (una de las modalidades de acogimiento), denunció públicamente al INAU en Colonia por la forma en que procedieron en su caso. Dijo que “de un día para el otro” le quitaron la niña a su cargo y que la justicia le impuso una orden de restricción por la que no se podía acercar más a la familia de origen.
Acevedo dijo a Búsqueda que está “preocupada” por la situación y cuestionó que se la trate como si fuera una “persona peligrosa”. Acevedo explicó que mientras tuvo a su cargo a la niña promovió el contacto con su familia de origen, en especial con su madre.
Desde el Directorio del INAU se pidió información sobre la situación. Entienden que una vez que actuó la Justicia no tienen más margen de acción. Además, de la información recabada, el INAU respaldó la medida adoptada por la Justicia y el trabajo realizado. Se cuestionó que la persona haya “expuesto” a la institución y a la familia de origen.